3.000 trabajadoras trabajan en el sector de la diversidad funcional de Bizkaia para empresas como Gorabide, Apnabi, Avifes, Gaude o Fekoor. Todas estas ofrecen servicio público a personas con diversidad funcional. Estos servicios están recogidos en la Ley de Servicios Sociales de la CAV y su responsable es la Diputación Foral de Bizkaia. En la actualidad, el servicio está gestionado por entidades privadas, a través de convenios y subvenciones con la Diputación de Bizkaia.
Para LAB, es innegable la necesidad de crear un paraguas para todas las asociaciones, la publificacion del sector, que se podría alcanzar con la equiparación al sector público dentro del marco de negociación sectorial de diversidad funcional en Bizkaia. Esto mejoraría el servicio que se ofrece a las personas usuarias y las condiciones laborales de todas las personas que trabajan en este sector feminizado y precarizado.
LAB quiere decir claramente que la publificación del sector es su principal objetivo, ya que los servicios que debería prestar la Diputación Foral de Bizkaia están gestionados por empresas subcontratadas, realizando un trabajo público en condiciones más precarias, y en LAB tenemos claro que los y las personas trabajadoras de diversidad funcional son trabajadoras públicas.
Conseguir el convenio sectorial de Bizkaia es ganar un espacio de confrontación a la Diputación y a las instituciones en el camino hacia la publifiación, un espacio de confrontación que permita mejorar las condiciones de todas las personas trabajadoras del sector y hacer frente a los problemas estructurales que sufren todas y todas de una u otra manera.
LAB es consciente de que la posibilidad de un convenio sectorial incomoda a las instituciones y a la Diputación Foral. Mientras LAB está dando los pasos necesarios como sector para luchar por la publificación del servicio y para negociar el convenio sectorial, la patronal, las entidades y la Diputación Foral de Bizkaia no quieren constituir la mesa, disfrazando su falta de voluntad bajo la excusa de no estar legitimadas para negociar este convenio. En este sentido, cabe señalar que LAB le solicitó una reunión a la responsable de Acción Social de la Diputación Amaia Antxustegi hace más de tres meses y a día de hoy sigue sin recibir respuesta.
En opinión de LAB, un convenio sectorial va en contra de los intereses de empresas y Diputación, ya que éstas quieren seguir precarizando el servicio y las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras, por eso LAB quiere poner en el centro de la lucha la publificación del sector, equiparando las condiciones laborales con las de las empleadas públicas, sabiendo que los servicios debería prestarlos la Diputación Foral de Bizkaia y no las juntas de familiares como servicios subcontratados.
En LAB tenemos claro que este espacio de confrontación permitiría mejorar las condiciones de todas las personas trabajadoras del sector y hacer frente a los problemas estructurales que de un modo u otro sufre todo el sector.
Tras pasar más de 40 años en manos de asociaciones de familiares, estos servicios deben ser asumidos por la Diputación, ya que le corresponden tanto titularidad como la responsabilidad y es ésta la que debe dar el servicio y no seguir privatizándolo aún más.
Por eso, LAB comenzará con una campaña que se llamará Aniztasun funtzionaleko langileak langile publikoak gara (“Las trabajadoras de diversidad funcional somos trabajadoras públicas”) y dentro de la misma realizará asambleas abiertas en sus sedes en diferentes comarcas: el 15 de febrero, a las 11:00, en Bilbo; el 18 de febrero a las 11.00 en Durango y el día 20 a las 18:30 en Barakaldo. Del mismo modo, realizará una movilización el sábado 15 de marzo, a las 11:00, en Bilbo, partiendo desde la Plaza Unamuno.