Hoy el Gobierno Vasco tiene previsto aprobar una línea de avales para fomentar la compra de la vivienda, impulsada por el PNV. LAB ha solicitado, mediante el proceso de alegaciones, que se suspenda este decreto, dado que, en opinión del sindicato, incumple la Ley de Vivienda del 2015.
LAB se ha concentrado hoy frente a Sabin Etxea para realizar una valoración crítica sobre las últimas medidas en materia de vivienda adoptadas por el Gobierno Vasco. Ha sido el responsable de Acción Social Endika Perez quien ha tomado la palabra para subrayar tres ideas principales.
Primero, Perez a valorado las medidas urgentes presentadas por PNV y PSE la pasada semana en el pleno del parlamento. En sus palabras, el ejecutivo pretende hacerle frente a la crisis habitacional que vivimos iniciando un nuevo ciclo de construcción y esta decisión lejos de poner el problema en vías de solución, solo lo agravará: “La vivienda se ha convertido en un elemento central para el empobrecimiento de la clase trabajadora, el acceso a la misma cada vez es más complicado y el PNV y el PSE han preferido seguir alimentado el mercado proponiendo medidas que benefician a los intereses de las constructoras en vez de abordar la raíz del problema. Se deben adoptar medidas urgentes para la bajada de precios y también para aumentar el parque público, pero este no puede ser únicamente mediante vivienda nueva. Se ha de movilizar la vivienda que existe actualmente.
El responsable de Acción Social también se ha mostrado crítico con el uso que se le da al dinero público. “Aquí quien vive de paguitas y subvenciones son los bancos, empresas constructoras y la patronal inmobiliaria, y es hora de acabar con esto. Se ha de primar la función social de la vivienda y limitar el poder hacer negocio con la misma. Es en esta dirección donde hay que realizar el esfuerzo institucional y donde se deben adoptar medidas urgentes”. Perez ha manifestado que las ayudas para la emancipación juvenil acaban en manos de rentistas y que, del mismo modo, la línea de avales hoy aprobada es una decisión para transferir directamente dinero público a las entidades bancarias. “ Es echar más gasolina al fuego; así se impulsa al alza el precio de la vivienda, y las entidades bancarias seguirán aumentando sus beneficios a cuenta de hipotecar a la clase trabajadora”.
Así mismo, ha denunciado que el sindicato LAB ha realizado alegaciones al decreto, puesto que, en opinión del sindicato, incumple la Ley de Vivienda del 2015: “La Ley determina que el dinero público debe destinarse al alquiler social o rehabilitación de vivienda, y, ahora, mediante el Departamento de Juventud, se quieren destinar 140 millones a través del Instituto Vasco de Finanzas para la compra de vivienda”. La consecuencia de esta decisión será facilitar la compra a quien ya tiene capacidad para ello y seguir dejando desprotegido a los sectores sociales que más lo necesitan”, ha denunciado Perez. “Hemos solicitado que se retire el decreto y nos han contestado que esta línea de avales no es política de vivienda. Es un escandalo”.
Asimismo, Perez ha hecho hincapié en las propuestas realizadas por LAB en esta materia. Ha reivindicado la necesidad de ponerle freno al empobrecimiento y proceso de precarización que vive la clase trabajadora y ha situado como objetivo la bajada de precios. Para ello, ha solicitado que el conjunto de la CAV sea declarada Zona Tensionada y que se publique de manera inmediata el índice de precios. “No va a solucionar el problema, pero nos dota de más herramientas”, ha manifestado. Del mismo modo, ha denunciado que el 85% de las 100.000 personas en Etxebide solicitan una solución basada en el alquiler social y esto debería ser suficiente para cumplir lo que determina la Ley de Vivienda del 2015. Según
Perez, para garantizar el derecho ala vivienda y su acceso, se debe pasar de un modelo de ayudas para el pago del alquiler en el mercado privado a realizar una oferta de alquiler social, y para ello no se deben dar incentivos a rentistas, constructoras y grandes propietarios, sino aumentar la presión fiscal: “Las viviendas que han sido secuestradas para hacer negocio con ellas deben ponerse a disposición para poder construir vidas dignas y de manera permanente en ellas”. Ha añadido que son las personas a quienes se debe situar en el centro de las políticas públicas, “protegiendo los derechos de las y los inquilinos, y garantizando que nadie se quede en la calle. Conocemos casos como lo acontecido ayer en Bilbo practicante todas las semanas y no podemos ni normalizar ni aceptar esta situación.”
Para terminar, el responsable de Acción Social ha recalcado el compromiso de LAB para hacerle frente a la crisis de la vivienda. “El sindicato está interviniendo de forma directa en el conflicto de la vivienda, realizando acción sindical, luchando contra los impactos de la turistificación o haciéndole frente a los desahucios”. Perez ha subrayado que el sindicato seguirá trabajando para ser una herramienta eficaz también en el ámbito de la vivienda.