El pasado 28 de diciembre, la Asociación para el Desarrollo Proyecto Intervención Social-BETA, que gestiona el Servicio Municipal de Urgencias Sociales de Gasteiz, despidió a dos trabajadoras de larga trayectoria laboral en este servicio público. LAB denuncia el carácter improcedente de estos despidos, ya que no hay razón alguna que los justifique, ni por parte del servicio en el que desempeñaban su labor, que no ha sufrido cambio económico ni organizativo que pudiera servir de base para esta drástica medida, ni mucho menos por parte de las dos trabajadoras afectadas, a quienes ni siquiera la empresa trata de achacar responsabilidad alguna que justifique ningún tipo de medida contra ellas.
Es más, estos dos servicios venían siendo prestados por dos equipos de trabajadoras claramente diferenciados. BETA sigue gestionando, en las mismas condiciones que hasta la actualidad, las Urgencias Sociales. Y no ha habido recortes en este servicio (ni de horas ni de personal). Sin embargo, las dos trabajadoras despedidas pertenecen a este servicio. ¿La razón? No nos cabe duda de que la razón principal es económica: BETA, sin tener en cuenta la trayectoria profesional de cada una, la experiencia adquirida por estas trabajadoras tras años en el Servicio de Urgencias Sociales, ha buscado los despidos “más baratos”. Y lo ha hecho además con total falta de tacto y sensibilidad hacia estas trabajadoras, a quienes ha presionado para que asumieran unos despidos baratos y sin garantías, queriendo hacerles responsables de la repercusión económica del coste de sus propios despidos.
LAB denuncia también el papel pasivo y los criterios economicistas de la Administración Pública cuando deja en manos privadas la gestión de servicios públicos. Porque si bien ha sido BETA la única responsable de la decisión de despedir a estas trabajadoras, también es cierto que el Ayuntamiento de Gasteiz ha propiciado esta medida, y no pone medio alguno para salvaguardar los derechos de las trabajadoras cuyos empleos dependen casi al 100% de las decisiones económicas de esta institución.
Reclamamos el carácter público y esencial de estos servicios, por las graves situaciones a las que atienden y por el carácter sensible de los colectivos sociales que se ven abocados a llamar a sus puertas. En nuestra opinión, estos servicios debieran gestionarse de forma directa por la administración, lo que posibilitaría un mayor control público del dinero invertido en ellos y del servicio que se da a la ciudadanía. En cualquier caso, el hecho de que el Ayuntamiento decida mantener la gestión de estos servicios en manos privadas no puede suponer que se desentienda de situaciones tan graves como es el despido arbitrario de dos trabajadoras.