Hoy los trabajadores y trabajadoras de Trafos, Trafodis, Magnéticos Bedia, Bobinados Bidekoetxe y Calderería Arratia, todas ellas empresas del grupo empresarial Incoesa, cumplen 122 días de huelga indefinida. En rueda de prensa han solicitado compromisos a las instituciones para que la empresa no se deslocalice.

Lectura de los y las trabajadoras de INCOESA

El 27 de mayo tomábamos esa decisión porque entendíamos que era la única forma de poder defender nuestros puestos de trabajo, el tejido industrial y el futuro de Arratia.

Las y los trabajadores de Incoesa dijimos desde un primer momento que nos encontrábamos ante un intento de deslocalizar la actividad productiva de esta empresa, es decir, trasladar la actividad de Bedia a Soria y Extremadura. El traslado que nos ofrecieron era una farsa. No nos querían ni en un sitio ni en el otro. Solo se trata de la forma más barata de deshacerse de nosotros y nosotras, es decir, de despedirnos debiendo pagar lo menos posible. El concurso de acreedores pretende ser la forma de liquidar la empresa, de acabar con ella definitivamente.

Hemos denunciado esta deslocalización con la movilización. Durante todo este tiempo hemos tocado todas las puertas de juzgados e instituciones habidas y por haber: Ayuntamiento de Bedia, Mancomunidad de Arratia, Diputación de Bizkaia, Parlamento de Gasteiz.

Nos hemos plantado ante la empresa y hemos afrontado situaciones tan difíciles como de la semana pasada. A nuestro entender, el martes pasado a las puertas de Incoesa se produjo un grave ataque al derecho de huelga de las y los trabajadores. El derecho a pelear por nuestros puestos de trabajo quedó pisoteado ante los intereses de la dirección.

Hemos tenido que ser golpeados y humillados para que por fin la Diputación de Bizkaia anunciase que va a estudiar la aplicación de una norma foral que aprobó en el 2007 contra la deslocalización empresarial y que nos informe sobre algunas de las cantidades que le han sido otorgadas a la empresa en forma de ayudas y subvenciones. La norma, además de la devolución de las ayudas otorgadas, prevé que en el futuro aquellas empresas y personas que hayan adoptado una medida deslocalizadora vean limitada su acceso a otras ayudas. Han tenido que pasar literalmente por encima de nosotros y nosotras para que por fin se haya sabido que la Diputación ha estado financiando durante los últimos años con casi 200.000 euros a estos premiados empresarios.

No queremos una multa, exigimos a la Diputación de Bizkaia que tome posición ante la empresa para evitar esta la deslocalización y que Incoesa Bedia siga con la actividad productiva.

Esto mismo le pedimos al Parlamento de Gasteiz, es decir, voluntad política para evitar la destrucción de nuestro tejido productivo. Según las informaciones publicadas en diferentes medios, las ayudas destinadas por el Gobierno de Gasteiz a Incoesa se acercan a los 600.000 euros. Queremos que ambas instituciones activen todas las herramientas que estuvieran en sus manos para hacer que la empresa deponga su actitud.

Dejar de ser mero espectador para pasar a ser clave en la resolución de este conflicto es una cuestión de voluntad y de responsabilidad política. Y esta responsabilidad esperamos de la Diputación de Bizkaia y del Gobierno de Gasteiz. Sabemos que la presión que se ejerce a la empresa en caso de tener que devolver esas ayudas puede ser determinante para que la empresa se replantee el cierre de Incoesa Bedia.

Llamamiento a la colaboración

Estamos ante el último capítulo de una deslocalización de libro, planificada y con el agravante de que se está instrumentalizando un concurso de acreedores para que salga gratis. Es todo fruto de una ingeniería empresarial para cerrar una empresa aquí y llevársela a otro sitio de la manera más barata posible.

La empresa pretende ejecutar un despido colectivo disfrazándolo de un traslado colectivo inasumible para los y las trabajadoras de INCOESA.

La dirección de la empresa plantea el traslado a una empresa —una en Extremadura y otra en Soria— que curiosamente no se reconoce como parte del grupo de empresas. Se tendrá que determinar si es o no un grupo de empresas, ya que si no, la figura empleada de traslado de puesto de trabajo carecería de soporte jurídico. Nos encontramos ante una auténtica aberración laboral, jurídica y económica.

La apuesta firme que los y las trabajadoras de Incoesa han hecho por la defensa del empleo y del tejido productivo en Bedia ha propiciado el actual escenario. Por medio de la movilización y la interpelación a las instituciones públicas se consiguió que por unanimidad los plenos de las Juntas Generales y del Parlamento de Gasteiz adquirieran unos compromisos con estas y estos trabajadores. Estos compromisos recogen la revisión de las ayudas y subvenciones otorgadas a INCOESA, ante el peligro de deslocalización y destrucción de empleo.

Las instituciones tienen en su mano condicionar en lo económico y de manera efectiva la postura de la empresa. Nosotros y nosotras, por nuestra parte, anunciamos que vamos a iniciar contactos para que los y las trabajadoras participen con las instituciones en la presión a la empresa por la obtención de ayudas de, por ahora, cerca de 780.000 euros. Queremos que la empresa siga en Bedia y que la cuantía por la que deban responder sirva para que Higinio Arteta, sus hijos y socios entiendan que no les va a salir rentable llevar a cabo la deslocalización.

Si las instituciones —Diputación y Gobierno Vasco— quieren abrir ese escenario, van a encontrar toda la colaboración posible por parte del colectivo de trabajadores y trabajadoras de Incoesa. Si están dispuestos a disputar el cierre junto con las y los trabajadores, la empresa se quedará aquí.

Por último, anunciar también que los y las trabajadoras se concentrarán el día 30 de septiembre ante las oficinas centrales de Iberdrola en denuncia al cierre de Incoesa. Iberdrola es a día de hoy el cliente principal de Incoesa. Si Iberdrola no quiere, Incoesa no se cierra.   

   

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