LAB apuesta por un fuerte sistema público de pensiones basado en el sistema de reparto como vía para garantizar una vida digna de todos y todas las pensionistas. En ese camino hemos reivindicado un sistema público de pensiones vasco propio y hecho una propuesta de ley propia para la Seguridad Social.

Sin embargo, la ley aprobada el 30 de junio en el congreso del Estado Español nos ha puesto en la dirección contraria: han abierto la puerta a un modelo privado basado en la capitalización y establecido los pilares para generalizarlo. Por lo tanto, lo aprobado no ha sido un pequeño cambio. Lo podemos entender como un primer paso en el cambio de rumbo de un sistema que a pesar de estar totalmente debilitado, se ha mantenido vigente y ha tenido visos de solidaridad, un cambio que ha venido para quedarse.

Creemos que la aprobación de la ley va en detrimento de los y las pensionistas y de toda la clase trabajadora en general. En efecto, han aprobado los siguientes cambios:

– Cambio de un sistema exclusivamente de reparto a uno de capitalización. De un sistema con mecanismos de solidaridad insuficientes, a un sistema de ahorro de cada persona.  Además, no se establece ningún mecanismo de redistribución, imponiendo a los que tienen pensiones más reducidas las mismas condiciones que a todos y todas las demás.

– Aumenta las brechas entre las y los trabajadores.

            • Las aportaciones tendrán deducciones fiscales y reducciones en las cotizaciones a la seguridad social. En consecuencia, se financiarán en gran medida con dinero público, con dinero de todos y todas las trabajadoras (el que tiene un plan de pensiones y la que no). Esto ayudará a profundizar en las brechas que existen entre las y los trabajadores. De hecho, serán los y las trabajadoras en situación más vulnerable las que tendrán menos posibilidades de tener un plan de pensiones, asumiendo también la financiación de los planes de pensiones del resto de personas.

            • Muchas personas estarán en la obligación de renunciar a dichos planes, ya que la ley lo permite, porque sus sueldos actuales tienen poco margen para aportar a sus hipotéticas pensiones futuras. Además, los y las trabajadoras que no tengan cobertura de ningún convenio, por ejemplo las trabajadoras del hogar quedarán excluidas de factode dichos planes de pensiones.


            • No se especifica cómo se repartirán las aportaciones entre empresa y trabajadores y trabajadoras, siendo posible que la aportación de la empresa sea menor. Además, también se podrá acordar que la aportación sea diferente según la categoría, facilitando aún más la intensificación de las brechas.

            • Además, la generación de trabajadores y trabajadoras que está perdiendo poder adquisitivo deberá financiar su futura pensión y la de los actuales pensionistas.

– Un paso más hacia la estatalización de las relaciones laborales. La Comunidad Foral de Navarra no tiene competencias para desarrollar sus propios planes de pensiones, por lo que a sus trabajadores y trabajadoras se les aplicará el modelo decidido a nivel estatal. A falta de ver cómo se desarrollará su aplicación en CAPV parece que se va a implantar un modelo que pueda convivir con el de las Sociedades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), ya que en la ley se abre la posibilidad de sustituir sus planes de empleo por el estatal.

– La gestión de los planes se encomendará a entidades privadas. No es posible que las entidades financieras se lucren con la pensión de la clase trabajadora.

– No se especifica la obligación de realizar el rescate vía renta,por lo que cabría la posibilidad de hacerlo en forma de capital, distorsionando totalmente el objetivo de los planes de pensiones. 

– Una de las medidas condicionadas por los Fondos Europeos es la desarticulación del sistema público y que el ahorro de las y los trabajadores avance hacia un modelo de capitalización privatizada. No es más que un nuevo ejemplo de cómo se están imponiendo tanto la dirección como las condiciones de dichos fondos dando la espalda a la clase trabajadora.

– Lo que se ha aprobado es una ley para impulsar de forma generalizada las pensiones privadas yel segundo paso será debilitar y dañar las pensiones públicas.Con este modelo ahondaremos en las brechas, quedando cada vez más lejos nuestra reivindicación de poder alcanzar una pensión mínima digna. Como venimos denunciando, la desarticulación del sistema público de pensiones se está materializando poco a poco. Los incrementos ligados al IPC pero sin garantizarlo y sin que haya habido cambios estructurales en la naturaleza del Factor de Sostenibilidad demuestran también cuál es el rumbo de esta proposición de ley: vaciar paso a paso el sistema público de pensiones y mantenerlo como sistema de mera supervivencia, en vez de dignificar las prestaciones.


LAB seguirá trabajando por un sistema público de pensiones propio, posicionándose y combatiendo, entre otras cosas, contra esta y otras propuestas de ley, mientras desarrollamos diferentes propuestas para la construcción de un sistema público de pensiones propio.