Aunque en los próximos días analizará con mayor profundidad el anteproyecto de ley vasca de educación de la CAV, en una primera valoración, LAB mantiene que seguirá luchando por conseguir las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores de la educación y superar el actual sistema educativo. Asimismo, anuncia que hará propuestas de mejora de las enmiendas a la proposición de ley y señala lo siguiente.

Si bien un proyecto de ley requiere un desarrollo posterior, en una primera lectura llama la atención que, en este anteproyecto de Ley, ciertas cuestiones quedan meramente en intenciones, abiertas o sin excesivo grado de concreción, para su posterior regulación por decreto o reglamento. Son varios los puntos a aclarar y/o mejorar desde la perspectiva de LAB.

En cuanto a la perspectiva nacional, LAB considera que se trata de una proposición de ley que no recoge ningún tipo de pronunciamiento más allá del marco establecido por el estatuto de autonomía, renunciando a la tranasferencia de la totalidad de las competencias sobre educación. Da por bueno un marco jurídico político que obstaculiza la articulación de un sistema educativo vasco propio y carece de un planteamiento para dar pasos en un sistema educativo soberano para el pueblo vasco. En este sentido, echa de menos que en el anteproyecto no se recoja un Currículo Vasco que debiera ser un eje estructural hacia el sistema educativo, que el Gobierno podría completar, en el ejercicio de todas sus competencias, en colaboración con personas expertas y diversos agentes.

En cuanto a la lengua, aunque dice que se centrará en el euskera, denunciamos la falta de concreción. No muestra ninguna intención de superar el sistema de modelos lingüísticos para implantar un único modelo de aprendizaje basado en el sistema de inmersión y mantenimiento del euskera.

En cuanto a la organización del sistema educativo, han añadido el apellido de «Público» al Servicio Vasco de Educación, con el fin de perpetuar y mantener el actual sistema dual, tratando como públicos tanto a las escuelas de titularidad pública como a los centros de titularidad privada. LAB considera que hay ikastolas y centros con vocación pública y que, aunque ofrecen un servicio público, de momento no están en la red pública. El proyecto de ley incluye también centros concertados con ánimo de lucro o que incluyen en su programación el adoctrinamiento religioso.

LAB considera que la carencia más evidente se encuentra en los mecanismos de control para hacer cumplir los requisitos a los centros que conformarían el servicio educativo vasco, especialmente porque el anteproyecto no contempla las consecuencias que tendrán los centros que incumplan sus obligaciones; por ejemplo, en materia de gratuidad, euskaldunización, coeducación o inclusión. Es absolutamente preocupante el asunto del laicismo, se manifiesta de forma muy difusa y no garantiza que en los colegios que reciban dinero público no vayan a hacer adoctrinamiento religioso. En la misma línea, aunque contempla una serie de medidas para combatir la segregación por origen o nivel socio-económico, no concreta los instrumentos para hacer frente a las artimañas utilizadas hasta ahora para evitar tales situaciones (prohibición de cobro de cuotas, fraudes en los padrones…).

LAB considera que la ley de educación debería ser un instrumento de transición hacia una red pública única, organizada de forma descentralizada y compuesta por escuelas diversas, basadas en la participación y la autonomía. LAB reivindica que en ese camino la posibilidad y normativa de publificación -a negociar con la parte social- se aplique a todos los centros que así lo deseen, no sólo para los que decida el Departamento de Educación.

Para que la Escuela Pública sea el eje, solicitamos la presentación inmediata del Plan estratégico de la Escuela Pública, unplanquecontengamedidasycuantifiqueinversionesencuantoainfraestructuras,condicionesde trabajo, las áreas de apoyo e innovación, publificación o reversión de servicios subcontratados.

Finalmente, además de las exigencias anteriores, LAB se centrará directamente en las reivindicaciones que afectan a las condiciones laborales de cada colectivo de trabajadoras y trabajadores del sistema educativo: consolidación y estabilización de las y los empleados públicos, renovación de los convenios laborales, medidas para acabar con la brecha salarial, homologación de las condiciones de trabajo del personal de centros concertados y mecanismos de control de su contratación, negociación de la normativa de publificación, homologación del personal subcontratado y la reversión de estos servicios, euskaldunización de todas las trabajadoras y trabajadores, conciliación de empleo y rejuvenecimiento de las plantillas, etc.