«Los presupuestos deben de recuperar su función redistributiva, deben de tener como función mejorar la calidad de vida de las personas. Hay que cambiar las reglas de juego, poniendo las políticas públicas al servicio de las personas y no del capital». Son palabras de la secretaria general, Garbiñe Aranburu, en su comparecencia sobre el proyecto de presupuestos de la CAV. Concretamente, tanto ella como el secretario de Acción Social, Endika Pérez, han denunciado que en la CAV se renuncia a recaudar más y que, además, las necesidades de la gente no están en la primera línea de las prioridades presupuestarias. Nuestra valoración sobre los presupuestos de Nafarroa la hicimos la pasada semana.

Garbiñe Aranburu ha afirmado que no hay participación social y que no se quiere hablar de ingresos. Se renuncia a recaudar más dinero y la cuestión fiscal se excluye de la negociación presupuestaria. Asimismo, el papel del sector público en la economía se está debilitando cada vez más. «Con estas reglas de juego, concluimos que los presupuestos no cumplen con su función redistributiva. Concluimos que no hay voluntad política para poner en cuestión el actual sistema y poner las bases para transitar hacia otro modelo económico y social», ha explicado la secretaria general.

La inversión pública del presupuesto es del 80%, pero la mayor parte, el 62%, son subvenciones y transferencias al capital, es decir, dinero público para empresas privadas y sin control público ni social: «Lo llaman colaboración público-privada y esto es propaganda neoliberal para aplicar la política de la patronal. Así es como se debilita la función del sector público en la economía. Destinar tanto dinero a la empresa privada resta dinero para otras necesidades».

No se revierten los recortes producidos en los servicios públicos durante los últimos años y no se invierte lo suficiente en educación y sanidad: «Incomprensible teniendo en cuenta que estamos en una situación de pandemia».

Se da por bueno que las decisiones sobre los empleados públicos se tomen en Madrid y no se promueve un marco propio de negociación colectiva.

Ante los retos demográficos y el envejecimiento de la población, no se apuesta por la creación de un sistema público de cuidados. Los servicios sociales están privatizados y las trabajadoras, mayoritariamente mujeres, tienen salarios y condiciones laborales precarias: «Hay que impulsar  procesos de publificación y mejorar los ratios».

No garantizan un salario mínimo de 1.400 euros ni una pensión mínima de 1.080 euros. No hay medidas para acabar con la brecha salarial y de pensiones, y el sistema de protección social sigue sin cubrir las necesidas más básicas.

En palabras de Garbiñe Aranburu, «la fuerza de las y los trabajadores está en nuestra capacidad de movilización. En Euskal Herria, hay que abordar un nuevo ciclo de movilizaciones. No es el momento de esperar a las decisiones que vengan de los gobiernos, no es el momento de esperar a los acuerdos de Diálogo Social de Madrid. Tenemos que incidir en esas decisiones, interpelando a las instituciones y a la patronal, haciendo propuestas, impulsando la activación social en los centros de trabajo y en la calle, combatiendo los cambios en Euskal Herria».

La gravedad de la situación exige compromisos firmes y exige un cambio de dirección en la orientación de las políticas públicas. Hay que transitar hacia un nuevo modelo que ponga la vida en el centro. Necesitamos una transición ecosocialista y feminista.