La consejera de Salud Santos Indurain compareció en sede parlamentaria el pasado miércoles para presentar el nuevo Programa de Integración de la prevención y la Mejora de la gestión preventiva en las empresas. El sindicato LAB le exige que garantice su cumplimiento real y efectivo ante la mala práctica y falta de voluntad de los empresarios en materia preventiva.
El programa se basa en la sensibilización e impulso de la cultura preventiva y la participación activa de la plantilla, ofreciendo asesoramiento y apoyo técnico a las empresas que así lo deseen. Sin embargo, es una evidencia que hasta el momento no ha existido voluntad por parte del empresariado navarro para la integración, desarrollo y cumplimiento de las medidas preventivas. En consecuencia, es fundamental la interpelación del Gobierno de Navarra, que se dote de una estrategia para resolver la falta de voluntad de la patronal.
LAB entiende que junto con algunas de las medidas que se plantean, es necesaria una planificación entre el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) y la Inspección de Trabajo para el cumplimiento efectivo de la integración de la prevención en las empresas. Ese cumplimiento exige un control real, la implantación de otro tipo de visitas y objetivos como los planteados en el Programa, pero también la utilización de las herramientas sancionadoras que ofrece la actual normativa en prevención. Como lo demuestra la realidad, sin este esfuerzo sancionador los planes nunca serán reales ni efectivos.
En opinión del sindicato LAB es necesaria una Inspección de Trabajo propia, una importante inversión en recursos técnicosy el aumento adecuado del número de personas inspectoras. El actual limitado e insuficiente número de personal inspector hace imposible la realización de sus tareas: el control a los empresarios y su cumplimiento en materia de prevención.
El verdadero problema es que ningún Gobierno, por muy negativos que sean sus índices de accidentabilidad, se atreve a hacer cumplir la ley a la patronal y proceder al control de la mala práctica de los empresarios en materia preventiva. Sin embargo, esta es una decisión política con consecuencias muy dañinas cuando no fatales para la salud y la vida los trabajadores y trabajadoras.