Los comités de empresa de las planta de Trápaga y Amurrio se han enterado de la propuesta de la dirección por los medios de comunicación. Éste es el respeto con el que la dirección del grupo ha tratado siempre a sus trabajadores y trabajadoras.

LAB, en febrero de este año, ante la solicitud por parte de la dirección de dinero público a la SEPI, manifestamos nuestra preocupación de que ese dinero fuera empleado para destruir empleo. Por este motivo, LAB y ESK solicitamos a la dirección la negociación de una cláusula de mantenimiento del empleo y de las condiciones de trabajo. La empresa se negó a negociar nada por el estilo.

En julio, la SEPI concedió una ayuda pública al grupo de 112,8 millones de euros. En el plan industrial presentado hoy nuestras sospechas y temores se han confirmado.

La empresa va a utilizar ese dinero público para destruir empleo. Habla de medidas no traumáticas pero la realidad es que va a utilizarse dinero público, de todos y todas, para destruir puestos de trabajo; habla de prejubilaciones (26 en el caso de Productos Tubulares) que van a ser subvencionadas con dinero público, habla de bajas incentivadas que van a ser subvencionadas con dinero público (es decir los y las trabajadoras pagarán sus indemnizaciones con su propio dinero y el del resto de ciudadanos y ciudadanas pagando sus indeminizaciones). Todos estos trabajadores y trabajadoras no van a ser sustituidos por nuevos trabajadores y trabajadoras, con lo que la destrucción de empleo va a ser enorme. La empresa, en su plan industrial, no habla de lo que va a suceder con los y las trabajadoras eventuales. Sospechamos que serán despedidos y despedidas. Son trabajadores y trabajadoras con contratos en fraude de ley.

En su plan industrial, la dirección habla del cierre de la acería de Trápaga y de Nafarroa para trasladarlas a Amurrio. En ambos casos eso supone el cierre total de las dos plantas. Queremos recordar que la dirección ya hizo el intento en el año 2018 de cerrar la planta de Trápaga y sólo la lucha de los y las trabajadoras consiguió paralizar el cierre. En esta ocasión, además, va a utilizar dinero público para cerrar dos plantas y en el caso de la de Trápaga, ahondar más en la desindustrialización de Ezkerraldea, una de las comarcas más castigadas de Euskal Herria. En el caso de Nafarroa habla de trasladar los y las trabajadoras a la planta de Amurrio, es decir, una manera indirecta de despedir.

Por lo tanto, nos parece un despróposito y una barbaridad el planteamiento e interpelamos directamente a las instituciones y volvemos a repetir que no puede permitirse el uso de dinero público para destruir empleo y seguir desindustrializando comarcas. En este plan industrial, ¿cuánto dinero pone el grupo Tubos Reunidos? Una vez más, queremos recordar que los malos números que la dirección se afana en presentar, son consecuencia de la situación creada por la propia dirección en la que la plantilla nunca hemos tenido ninguna responsabilidad, y ahora, se les premia con 112,8 millones de euros para que puedan seguir destruyendo empleo, generando pobreza mientras ellos engordan sus bolsillos.