El gasto total dedicado a protección social en la CAV alcanzó los 16.663,4 millones de euros en 2013, según un avance difundido hoy por Eustat. Este volumen de recursos representa el 25,2% del PIB.

Es importante relacionar la cantidad de recursos destinados a protección social con la riqueza generada, porque nos facilita un valioso indicador del esfuerzo dedicado a la protección social en proporción a la capacidad económica y los recursos disponibles en un territorio determinado. Además, el análisis comparativo de la protección social en los estados miembros de la Unión Europea demuestra que existe una estrecha relación entre el nivel de desarrollo económico alcanzado y el esfuerzo destinado a protección social.

En este sentido, con datos ya definitivos de 2012, comprobamos que en la CAV el esfuerzo en protección social todavía está muy por debajo del estándar medio europeo. Concretamente, el gasto social (SEEPROS) en la CAV representó un 24,5% del PIB en 2012; mientras que la media de la Unión Europea se situó en el 29,5%.

Gasto total en protección social, en porcentaje del PIB

 
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Araba-Bizkaia-Gipuzkoa
19,8
23,3
23,6
23,7
24,5
25,2
Nafarroa
17,9
20,1
20,2
19,4
:
:
Unión Europea
26,7
29,5
29,4
29,0
29,5
:
Fuente: EUSTAT, IEN y EUROSTAT

Por otro lado, estos últimos años nuestra economía ha tenido un comportamiento más negativo que la evolución del PIB en la Unión Europea. Esta circunstancia ha permitido que el indicador de esfuerzo en gasto social (medido en términos de PIB) haya reflejado cierta mejoría, acortando así el diferencial que nos separa de la media de la UE.

En cualquier caso, la comparativa internacional de los sistemas de protección social pone de manifiesto la debilidad de las políticas sociales implementadas en nuestro territorio. Por supuesto, este déficit social está directamente relacionado con el menor peso del gasto público en la economía y con una presión fiscal insuficiente, fruto de su escasa progresividad del sistema tributario y del injusto reparto de las cargas fiscales.

También debemos señalar que la intensidad protectora de algunos sistemas de protección se ha resentido como consecuencia de las medidas de “ajuste” impuestas con el pretexto de la crisis; y como consecuencia, los efectos de estos recortes se han trasladado a los colectivos más vulnerables de la sociedad.

Por último, reclamamos la rectificación de las políticas de recorte social y que aumente la acción protectora, no sólo como mecanismo de justicia social, sino también como instrumento para favorecer la recuperación económica.