La falta de información y transparencia es un síntoma más de que los fondos europeos no están diseñados para situar las prioridades que la clase trabajadora demanda y necesita en el centro de su actuación.

El Gobierno de España aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros el Plan de Recuperación Transformación y Resilencia, y hoy era el último día para remitirlo a la Comisión Europea. El plan se compone de 20 programas tractores y 110 ámbitos de inversión, pero no detalla todavía los proyectos concretos que se van a remitir a la Unión Europea. Este es tan solo un capítulo más del opaco proceso que está caracterizando la aprobación y tramitación del Next Generation EU.

En este sentido, cabe recordar que el Proyecto de Ley derivado del decreto 36/2020 sigue sin aprobarse y se ha alargado su tramitación en numerosas ocasiones; esto añade más incertidumbre si cabe en el procedimiento. La aprobación de los PERTEs entendido como las figuras societarias de tramitación de los proyectos estratégicos y la rebaja de condiciones en las garantías de contratación pública y privada son un ejemplo más de la opacidad antes mencionada.

Sin embargo, el estado español ya ha apuntado en el documento cuales son las reformas que va a acometer para poder recibir los fondos europeos. Entre las reformas que figuran en el plan presentado, están la de pensiones, la laboral y la fiscal. Más allá de los claros condicionantes que pone encima de la mesa Bruselas, tenemos que recordar la nula voluntad que ha mostrado el ejecutivo del estado para acometer la derogación de la reforma laboral.

Pero no solo eso, ya que hemos visto que las recomendaciones del Pacto de Toledo y la propuesta del ministro Escrivá para debilitar el sistema pública de pensiones ataca directamente a los derechos del conjunto de la clase trabajadora. Propuestas como subir el ampliar de 25 a 35 años el periodo de cómputo para calcular la cuantía de la pensión o apuntalar la reforma de pensiones del 2011 son claros indicios de la política regresiva del gobierno.

Al mismo tiempo, se evita abordar una reforma fiscal de calado. Una vez más reivindicamos la necesidad de reformas estructuralesparagravarmásalasrentasaltasyalosbeneficiosempresariales.Nohacerloesapostarpor másrecortes.

Por otro lado, ha sido muy significativa la presencia de las grandes consultoras y empresas transnacionales durante todo el proceso del diseño del plan, tanto en el desarrollo normativo del mismo como en la confección de las líneas estratégicas de actuación y los proyectos que se derivan de los mismos. La colaboración público-privada se resume en el clientelismo y en la estrategia que también funcionó en la crisis del 2008: privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.

Una vez más estamos viendo como el futuro de la clase trabajadora de Euskal Herria se decide en Madrid y en Bruselas. En cambio, las consecuencias de dichas decisiones y políticas impactan de manera clara en las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora vasca. Desde el Sindicato LAB tenemos claro que el nuevo giro del capital hacia un esquema de crecimiento verde y digital choca de manera frontal con los intereses de las trabajadoras.

Desde LAB reiteramos la necesidad de abordar un debate social sobre la transición que se debe operar para hacer frente a las crisis que la emergencia sanitaria ha profundizado. No nos pueden robar ese debate. El sistema actual es insostenible social y ambientalmente. Frente a la mercantilización de la vida, es necesaria una transición ecosicialista y feminista que ponga en el centro las necesidades de las personas trabajadoras, que luche por la defensa de lo público como eje de la

actividad económica, que visibilice y reparta la riqueza, el trabajo y el empleo, que sea sostenible e interdependiente, y que proteja un sistema de pensiones y unas condiciones laborales dignas para todas las personas trabajadoras.