Desde el sindicato hemos interpuesto un recurso especial frente a los pliegos del Departamento de Salud para los servicios de Soporte Vital Básico y Transporte Programado y Concertado. Denunciamos que el consejero Alberto Martínez ignora las directrices del Plan de Salud, desoye la demanda social y hace caso omiso de las experiencias exitosas de recuperación de la gestión pública en otras comunidades autónomas para seguir favoreciendo a empresas piratas con un historial de incumplimientos laborales.
Desde LAB queremos anunciar la interposición formal de un recurso especial frente a pliegos que componen la licitación de los servicios de ambulancias de soporte vital básico y de transporte programado y concertado impulsada por el Gobierno Vasco y el Departamento de Salud.
Esta macrolicitación supera en su conjunto los 1200 millones de euros en un contrato de 4 años y 3 de prorroga, una cantidad colosal que evidencia que el actual equipo del Departamento de Salud, liderado por Alberto Martínez, continúa apostando firmemente por la privatización de servicios esenciales como este, dando la espalda a las necesidades reales de la sanidad pública vasca y contradiciendo incluso los planteamientos del propio Plan de Salud, que invitaba a su publificación.
Una usurpación de lo público bajo el modelo neoliberal del PNV y el PSOE
Este tipo de macrocontratos no son más que la constatación y la ejecución práctica de un modelo neoliberal impulsado por el PNV y que cuenta con la total colaboración del PSOE. Esa colaboración da como resultado, una vez más, la usurpación de lo público en favor de intereses privados.
Lejos de gestionar los recursos para garantizar el bienestar general, el marco político que se ha establecido prioriza la mercantilización de los servicios esenciales, debilitando deliberadamente la red asistencial de Osakidetza para convertir un derecho fundamental en un nicho de negocio y actuación empresarial.
Incumplimientos sistemáticos e impunidad empresarial
Como consecuencia directa de este modelo, las empresas adjudicatarias que gestionan este servicio de manera externalizada han demostrado una absoluta falta de compromiso con los derechos laborales más básicos año tras año, llegando a retrasar o vulnerar el cobro puntual de las nóminas de las y los trabajadores. Asimismo, estas compañías acumulan una infinidad de incumplimientos de las cláusulas y obligaciones recogidas en los pliegos que regulan la relación con Osakidetza. Una dejación de funciones que se agrava al comprobar la impunidad con la que actúan.
Ejemplos ignorados y un modelo que debilita la sanidad pública
El Gobierno Vasco obvia de manera deliberada las experiencias puestas en marcha en otros lugares, donde la publificación y gestión directa de estos servicios de transporte sanitario ha arrojado resultados magníficos:
- Mayor eficiencia económica.
- Garantía estricta de los derechos laborales de las plantillas.
- Incremento sustancial en la calidad asistencial prestada a la ciudadanía.
- Aumento efectivo de las dotaciones de ambulancias disponibles.
Lejos de seguir este camino de sentido común, Alberto Martínez sigue apostando por la privatización. En LAB llevamos años combatiendo este modelo mediante la impugnación de pliegos contractuales lesivos para la plantilla y el interés público, y advertimos una vez más a la población vasca: el Gobierno Vasco no tiene ninguna intención de frenar la privatización en Osakidetza y su prioridad no es fortalecer los servicios públicos.
Más de 1.000 millones que deberían invertirse en lo público
Estos contratos suman más de 1.000 millones de euros. Esa cantidad de recursos representa una oportunidad perdida de dimensiones históricas. Con esa inmensa cantidad de recursos públicos no solo se podría prestar el servicio de ambulancias de forma directa, pública y eficiente, sino que aún quedarían recursos para implementar mejoras estructurales urgentes en el conjunto de la sanidad pública vasca y reforzarla en beneficio de toda la sociedad.
Sin embargo, el ejecutivo vasco demuestra que sus prioridades pasan por transferir miles de millones de euros a manos de empresas privadas que precarizan el empleo y no respetan ni a los usuarios ni a los profesionales.
Desde LAB advertimos de que no vamos a parar. Desde el sindicato y con la vista puesta en las movilizaciones que se pondrán en marcha para el próximo curso haremos nuestras las reivindicaciones sociales para fomentar y fortalecer el sistema público de salud, mejorar las condiciones de trabajo en un servicio público esencial y fundamental para hacer frente al futuro.
Asimismo, hacemos un llamamiento a la población para movilizarse junto a los y las trabajadoras para buscar ese fortalecimiento y esa mejora en la calidad del servicio y combatir la privatización que está arrebatando a la población un servicio público que es de todos y todas. Bada garaia!