La sentencia contra la convocatoria de seis puestos de policía municipal de Eibar ha puesto de manifiesto que, salvo que en la administración se otorgue al euskera el mismo nivel que el castellano, es imposible normalizar su uso y garantizar los derechos lingüísticos.
Un juzgado de Gipuzkoa ha fallado en contra de la exigencia de euskera establecida en la convocatoria laboral para cubrir seis puestos de policía municipal en el Ayuntamiento de Eibar. Esta sentencia, una vez más, pone de manifiesto la necesidad de dotar al euskera del mismo nivel que el castellano en la administración. Sin igualdad no es posible normalizar el uso del euskera en la administración y garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía.
En los últimos cinco años se han producido alrededor de cien sentencias similares. Esta cifra indica que estamos ante una ofensiva sistemática e injusta cuyo objetivo es ralentizar al máximo la euskaldunización de la administración. Esta intencionalidad quedó aún más patente hace unas semanas, cuando se hicieron públicos los mensajes y audios de los impulsores de la citada ofensiva. No son casos aislados ni espontáneos; detrás de todo hay una red de agentes sindicales y políticos.
Salvo que se detenga de raíz esta acción que atenta contra el euskera y contra los derechos lingüísticos de los euskaldunes, las consecuencias en la euskaldunización de la administración y, en general, en la recuperación del euskera, serán gravísimas. De hecho, ya estamos viendo ejemplos de ello: varias instituciones están decidiendo aplicar rebajas en los perfiles lingüísticos de diferentes convocatorias de trabajo, adoptando una actitud preventiva antes de que el perjuicio venga de los juzgados, aunque, finalmente, el perjuicio se produzca de todos modos.
A través de innumerables iniciativas y movilizaciones de la mayoría social, sindical y política de este país — la última el 9 de mayo, convocada por la mayoría sindical vasca, en Bilbao, y que contó con la participación de miles de ciudadanos y ciudadanas — se ha logrado que sea mayoritaria en la opinión pública la necesidad de una adecuada protección legal para el euskera. Ahora es el momento de que esa exigencia se materialice en cambios legislativos concretos, algo que debe producirse en el proceso de modificación de la Ley de Empleo Público abierto en el Parlamento Vasco. Pero no debe ser un cambio legal cualquiera. Lo que propone el PNV, eliminar el índice general de obligatoriedad, no traerá ninguna solución; al contrario, aumentará la incertidumbre jurídica y la indefensión de los derechos lingüísticos. Ante la grieta del entramado jurídico vigente durante décadas y la dimensión de la ofensiva judicial, la solución vendrá de reformular al completo el sistema de perfiles lingüísticos, establecer la exigencia de los dos idiomas en todos los puestos de trabajo y otorgar a ambos el mismo rango jurídico, tal y como ha propuesto EH Bildu.
Por último, esta sentencia no hace sino reforzar la necesidad de la plena oficialidad del euskera, de dar un salto en las políticas lingüísticas y de activar a los y las euskaltzales a todos los niveles. Desde LAB hacemos un llamamiento a todas las trabajadoras y todos los trabajadores a participar en la «Euskaltzaleon Martxa» que se celebrará el sábado en Iruñea, organizada por Euskalgintzaren Kontseilua, para reivindicar todo lo necesario para trabajar y vivir en euskera.
