El sindicato insiste en que las políticas destinadas a la mal llamada clase media solo lograrán seguir inflando el mercado de la vivienda y expulsar a cada vez más sectores de la población del acceso a la misma.
Tras una demora totalmente injustificada de más de dos años, mediante la publicación ayer en el BOE, Bizkaia y Araba cuentan ya con Índice de Precios de Referencia. LAB ha manifestado de manera reiterada que la ley de vivienda y el límite de precios de los alquileres son medidas insuficientes para abordar la crisis habitacional que vivimos, pero, del mismo modo, concluye que es inaceptable que las diputaciones forales hayan retrasado la publicación de dicho índice. De esta manera, se ha contribuido a consolidar la actual escalada de precios del alquiler, pues han subido más del 10 % durante estos dos años. Además, aunque se pone límite a las subidas, los precios pueden seguir aumentando.
Asimismo, LAB denuncia que las medidas adoptadas por el Gobierno Vasco siguen alimentando el negocio de la vivienda con dinero público. Adaptar ayudas como Gaztelagun al precio de mercado del alquiler, en un contexto actual en el que los precios siguen al alza y en el que, más allá de tratar de limitar las subidas, no hay medidas efectivas para bajar los precios, implica transferir cada vez más dinero público al bolsillo de los propietarios.
Lo mismo puede decirse de la decisión de aumentar el canon que perciben los propietarios en el programa Bizigune, adaptándolo al precio de mercado en las zonas tensionadas. Así, con estas medidas no estamos hablando de dar seguridad a los propietarios que destinen su vivienda a este programa, sino de un círculo vicioso que busca garantizar unas ganancias casi equivalentes a las del mercado privado —con precios elevadísimos— con dinero público.
Por lo tanto, se sigue primando beneficiar a los propietarios frente a las personas inquilinas, que son quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad. Intervenir tímidamente y en esta dirección el mercado tiene consecuencias inversas a lo que se pretende lograr; en lugar de redistribuir la riqueza, afianza las desigualdades. El sindicato LAB muestra así su rechazo a las medidas aprobadas por el Gobierno Vasco, al considerar que no atacan las causas estructurales del encarecimiento del alquiler en Euskal Herria y que son —una vez más, y como viene denunciando el sindicato LAB— medidas en favor de la patronal inmobiliaria.
LAB reclama políticas de vivienda en favor de la mayoría trabajadora: dejar de lado las políticas de subvención y apostar por bajar los precios, además de priorizar la ampliación del parque público y el alquiler social, y limitar el negocio de la patronal inmobiliaria. El sindicato reitera su compromiso de hacer frente al negocio de la vivienda a través de la acción socio-sindical.
Acompañado de 100 delegados y delegadas de la comarca de Pamplona-Iruñea y tras la exitosa jornada de Huelga General del pasado 17 de marzo, Imanol Karrera portavoz de LAB en Navarra, ha destacado que bajo el lema «Langileok eragin» (¡Trabajadores y trabajadoras, influyamos!) el sindicato reivindicará tres medidas concretas e imprescindibles para garantizar una vida digna en Navarra: el derecho a la vivienda; los servicios públicos de calidad, y los salarios y pensiones dignas. El sindicato LAB será el único sindicato que se movilizará a lo largo de todo el territorio navarro con seis manifestaciones en total: Iruñea, Tutera, Altsasu, Lizarra, Tafalla y Doneztebe.
El portavoz de LAB en Nafarroa ha comenzado su intervención haciendo referencia al contexto internacional de guerras y conflictos y a su impacto en la situación económica y social de Navarra y de la clase trabajadora. Karrera ha señalado que el Gobierno de Navarra transmitió a los sindicatos la adopción de medidas para paliar la incidencia de la guerra en Irán. En este sentido, ha apelado a la presidenta María Chivite a que practique una verdadera “escucha activa” y tenga en cuenta que los trabajadores y trabajadoras navarras no están dispuestas a asumir los costes derivados de la guerra en Oriente Medio mediante el encarecimiento de precios o el deterioro del empleo y las condiciones laborales, tal y como ocurrió en crisis anteriores como la financiera, la pandemia o la guerra de Ucrania.
Por ello, ha defendido que en este Primero de Mayo el sindicato exigirá a Chivite “políticas propias distintas a la de la mayoría de dirigentes europeos: soberanía, control público de la economía y un salario mínimo propio para asegurar condiciones de trabajo y vida dignas”, tal y como, según ha recordado, reivindicaron el pasado 17 de marzo más de 10.000 personas en las calles navarras.
Karrera ha criticado que es la tercera vez que la CEN y los sindicatos UGT y CCOO se niegan a sentarse en la mesa para abordar la negociación de un salario mínimo en Navarra, con lo que, en su opinión, “se están desprestigiando a sí mismos”. Según ha indicato, “boicotean el diálogo en nombre de España y en perjuicio de Navarra, llamando privilegiados a los trabajadores y trabajadoras que luchan en esta tierra”. En este sentido, ha defendido que nada impide sentarse a negociar para dar una respuesta razonable y posibilitar que los trabajadores y trabajadoras navarras hagan frente a la carestía de la vida de acuerdo a la realidad socioeconómica navarra. Asimismo, ha recordado que el sindicato ya advirtió hace un año que respondería mediante la lucha sindical, señalando que “aquí hay un sindicalismo que está a la altura de las circunstancias, con disposición y lucha”.
En relación con el papel institucional, el portavoz ha señalado que el Gobierno de Navarra debe velar por que el diálogo y la negociación se produzcan con todas las garantías y, sobre todo, con la participación de todos los agentes implicados sin exclusión y condiciones previas. También ha afirmado que la presidenta María Chivite “tiene la oportunidad de ser la presidenta de todos los navarros y navarras y empujar para que la negociación se lleve a la práctica o, por el contrario, responder a los intereses de unos pocos, de los empresarios de la CEN, UGT y CCOO.”
El portavoz ha destacado que la clase trabajadora navarra apuesta por el sindicalismo combativo, como demuestra el continuo crecimiento de LAB y la lucha activa que se está dando en distintos sectores actualmente. En residencias y gráficas están peleando y haciendo paros para reivindicar un convenio navarro que dignifique sus condiciones laborales y salarios frente a la estatalización. Los trabajadores y trabajadoras de Intia están en huelga para acabar con la discriminación salarial que sufre el personal subrogado por esta empresa pública. El personal de Educación también se está movilizando contra “la prepotencia e incapacidad del consejero Gimeno, al que un clamor le pide que se vaya”.
En este sentido, LAB reivindicará en el Primero de Mayo “un modelo que ponga en el centro las vidas de todos y todas, en lugar de los beneficios de unos pocos.” Según denuncia el sindicato, “la mitad de la población de Navarra vive en una situación de precariedad económica, con toda la gravedad que supone”, por lo que considera necesario establecer políticas de redistribución en Navarra; políticas para el reparto del empleo, de los cuidados y de la riqueza.
Una aportación particular de 150.000 euros, con destino al sistema de salud de Cuba, fue entregada a LAB que recientemente, ha realizado una campaña de recogida de fondos y material sanitario para la isla, junto a las asociaciones Euskadi-Cuba (solidaridad) y Sierra Maestra y Desembarco del Granma (emigración cubana).
Junto a los 17.311,40 euros recaudados anteriormente, suman 167.311,40 euros que se han destinado a la compra de 154 marcapasos bicamerales para pacientes de la isla, a través de Medicuba-Europa, red de Asociaciones y ONGs de trece estados europeos. Esta organización tenía el objetivo de llegar a mil marcapasos unicamerales y bicamerales, cubriendo de este modo el déficit del país, y con la aportación vasca esta meta casi se ha cumplido. El coste por unidad es de 550 euros para los marcapasos unicamerales y de 1.090 euros para los bicamerales.
‘Langileon elkartasunez, blokeoa hautsi!’ (Mediante la solidaridad de las y los trabajadores, ¡rompamos el bloqueo!) fue el lema de la citada campaña solidaria vasca, que recogió, durante varios meses, en más de veinte sedes del sindicato LAB y en varios centros hospitalarios, hasta seis toneladas de material sanitario, enviados en dos contenedores marítimos, con destino a hospitales de la isla. También fueron recogidos 185 kilos de medicamentos, valorados en 36.000 euros.
Esta iniciativa, lanzada el 1 de septiembre, nació como respuesta directa al criminal bloqueo económico de Estados Unidos, intensificado en los últimos años con 243 medidas coercitivas adicionales y la infame inclusión de Cuba en la lista de «países patrocinadores del terrorismo». Estas políticas, diseñadas para asfixiar a Cuba, han reducido el cuadro básico de medicamentos en hospitales y farmacias cubanas a un escaso 30%, vulnerando masivamente el derecho humano a la salud. Las mencionadas políticas también están dificultando el suministro de petróleo en la isla.
El pasado 16 de junio la comisión de Gobernanza de las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobó la siguiente resolución: “Que en los pliegos de contratación de las adjudicaciones de obras y servicios que incluyan trabajadores con diversidad funcional, se establezca como requisito para poder participar en las mismas que las empresas tengan contratadas las contingencias profesionales con la Seguridad Social”. Finalmente, PNV y PSE hicieron una recomendación para que no se aplicara la resolución aprobada.
Hoy EH Bildu ha presentado en el Parlamento Vasco una propuesta no de ley en el mismo sentido que la aprobada por las Juntas de Gipuzkoa.
El sindicato LAB ha comparecido y se ha movilizado hoy en el Parlamento Vasco y ha hecho suya dicha propuesta ya que el mero hecho de tener una discapacidad reconocida convierte a los y las trabajadoras de los Centros Especiales de Empleo de cara a las mutuas en trabajadores y trabajadoras de segunda, no reconociendo en muchos casos las bajas derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y achacándolas a su propia condición, condición por la cual han sido contratados y contratadas en los Centros Especiales de Empleo.
LAB quiere que las mutuas dejen de gestionar las contingencias profesionales en los Centros Especiales de Empleo. Anteponen los intereses económicos a la salud de las personas trabajadoras, y esto en el caso de los Centros Especiales de Empleo es algo muy sangrante cuando derivan a los y las trabajadoras a procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, desentendiéndose, tanto las mutuas como las empresas, de la responsabilidad que tienen sobre la salud laboral de sus trabajadores y trabajadoras.
El de los Centros Espciales de Empleo es un sector especialmente precarizado, con una temporalidad superior a la del resto de trabajadoras y trabajadores, con un 80% de personas con salarios inferiores a 1.500 € mensuales, y para colmo, en muchas ocasiones se les niega el derecho a la salud laboral.
LAB hace un llamamiento a los y las trabajadoras para que denuncien las situaciones en las que las mutuas les deriven a salud pública, y a las instituciones para que garanticen la salud laboral y las condiciones de trabajo de las personas con diversidad funcional, garantizando que su salud queda fuera del negocio de las mutuas.
LAB ha convocado 26 manifestaciones en las comarcas y capitales de Euskal Herria. En Baiona y Maule se movilizará con la intersindical.
Acompañados por 26 miembros del sindicato y simbolizando todas y cada una de las movilizaciones convocadas por LAB para el Primero de Mayo de este año, el coordinador general Igor Arroyo y la responsable de comunicación Maider Jauregi han comparecido hoy en Donostia. Bajo el lema «Langileok eragin», el sindicato reivindicará tres medidas concretas que considera imprescindibles para garantizar una vida digna a la clase trabajadora: derecho a la vivienda; servicios públicos de calidad, y salarios y pensiones dignas.
El coordinador general Igor Arroyo ha hecho referencia al contexto internacional: «Cuando miramos al mundo, vemos opresión y guerra por todas partes: Palestina, Venezuela, Cuba, Groenlandia, Líbano, Irán, ¿cuál será la próxima? Fascistas y genocidas como Trump y Netanyahu tienen en el punto de mira a los pueblos y a las y los trabajadores del mundo. Y a ellos se han sometido la mayoría de los dirigentes europeos. El capitalismo se ha quitado la careta: es un sistema violento, colonial y heteropatriarcal».
Según ha advertido Arroyo, la patronal, como ocurrió con la crisis financiera, la pandemia o la guerra de Ucrania, intentará hacer que la clase trabajadora pague la factura de la guerra en Oriente Medio a las y los trabajadores, encareciendo los precios y atacando el empleo y las condiciones laborales. En respuesta a ello, LAB expresará con firmeza su mensaje contra la guerra el Primero de Mayo.
En la comparecencia han destacado que el contexto económico inestable incrementa la necesidad de aplicar políticas en favor de las y los trabajadores: «En primer lugar, hay que garantizar a todas y todos los trabajadores y pensionistas un ingreso mínimo, esto es, un salario mínimo y una pensión mínima dignas. Así lo reivindicaron el 17 de marzo más de 100.000 personas en las calles de Hego Euskal Herria».
Asimismo, Arroyo ha tenido presentes a las y los trabajadores que están luchando en defensa del empleo, como los de las dos empresas de Aiaraldea en huelga indefinida, Maderas de Llodio y Tubos Reunidos. «Están luchando por su empleo y, en consecuencia, por su salario, así como por el futuro de la comarca y, en general, de Euskal Herria».
Del mismo modo, ha criticado duramente a la patronal por haber hecho oídos sordos a la huelga general: «Se niegan a sentarse en la mesa de negociación, porque saben que nuestra propuesta es justa y viable. Como dijimos el día de la huelga, con cada negativa, la patronal se desprestigia a sí misma y refuerza la posición de los sindicatos vascos. Aquí, a diferencia del Estado español, hay un sindicalismo con disposición y fuerza para la lucha «.
En la misma línea, LAB ha lamentado la intención anunciada por el Gobierno Vasco, junto a Confebask, UGT y CCOO de institucionalizar el «diálogo social» un mes después de la Huelga General: «Lejos de obligar a Confebask a negociar sobre el salario mínimo, el Ejecutivo de Pradales ha organizado una escenificación a su medida. UGT y CCOO se han puesto a su servicio a cambio de una mayor financiación. Es tres veces denunciable: porque desdeña las necesidades de la clase trabajadora vasca, porque da la espalda a la mayoría sindical y porque se basa en un esquema de compraventa de la adhesión política».
Según Arroyo, el cambio que ha querido representar Pradales se ha quedado en nada: «cerró la mesa de salud en contra de la opinión de todos los sindicatos; se negó a debatir dos iniciativas legislativas populares; y ahora se apoya en una minoría sindical para rechazar la representatividad y la demanda de la mayoría. Pradales se ha convertido en una copia de Urkullu «.
Ha augurado que este tipo de argucias van a fracasar: «Las y los trabajadores vascos han optado por el sindicalismo combativo; así lo demuestra el continuo crecimiento de LAB. Las y los trabajadores vascos saben que la organización y la lucha colectiva son el camino para defender nuestros derechos. A través de la organización y la lucha colectiva es posible construir otro modelo en el mundo, en Europa y especialmente en Euskal Herria «.
En este sentido, LAB reivindicará en el Primero de Mayo un modelo que ponga en el centro las vidas de todos y todas, en lugar de los beneficios de unos pocos. «Hay que establecer políticas de redistribución en Euskal Herria; políticas para el reparto del empleo, de los cuidados y de la riqueza».
Salario mínimo y pensión digna para todos y todas para hacer frente al encarecimiento de la vida. No a las brecha machistas, racistas y generacionales.
Reforzar los servicios públicos para garantizar el derecho a la educación, a la sanidad o a los cuidados.
Acabar con la especulación con la vivienda.
Facilitar la transición ecosocial en la industria y defender el empleo.
Movilizaciones 1 de mayo 2026
Araba
1. Oion 12:30 Herriko plaza
2. Gasteiz 12:30 Probintzia plaza (Diputazioa)
3. Laudio 12.00 Herriko plaza
Nafarroa
1. Doneztebe 12:03 Merkatu plaza
2. Lizarra 12:00 Udaletxea
3. Turera 12:00 Foruen plaza
4. Iruñea 12:00 Gazteluko plaza
5. Altsasu 12:00 Foruen plaza
6. Tafalla 12:00 Tafalla plazatik
Ipar EH
1. Baiona 11:00 Santa Ursula plaza
2. Maule 11:00 Kioskoan.
Gipuzkoa
1. Donostia 12:00 Easo plaza
2. Eibar 12:30 Untzaga
3. Orereta 12:00 Herriko plaza
4. Zumaia 12:00 Beheko plaza
5. Hernani 12:30 Gudarien Plaza
6. Tolosa 12:00 Trianguloa
7. Ordizia 12:30 Plaza Nagusia
Bizkaia
1. Bilbo 12:00 Zabalburu
2. Algorta 12:30 Telletxe
3. Durango, 12:00 Landako
4. Portugalete 12:30 Carlos VII metro-sarrera (Baruri omenaldia eta manifa)
Ambos sindicatos, que suman el 60% de representación, denuncian el ataque antidemocrático anunciado por el vicelehendakari Torres en connivencia con la patronal Confebask.
LAB y ELA han comparecido hoy para dar una respuesta conjunta a las gravísimas declaraciones que el Gobierno Vasco ha lanzado esta semana a través del vicelehendakari Mikel Torres, en las que anuncia “consecuencias” contra LAB y ELA por no participar en las iniciativas que lleve a cabo el Gobierno de Imanol Pradales. En la rueda de prensa de hoy han tomado parte los máximos responsables de ambos sindicatos: Garbiñe Aranburu e Igor Arroyo (LAB), junto a Mitxel Lakuntza y Amaia Muñoa (ELA).
En su intervención, Garbiñe Aranburu ha señalado que “el Gobierno Vasco quiere profundizar en un modelo de diálogo social excluyente y antidemocrático”, y ha añadido que dicho modelo “ha fracasado y solo beneficia a Confebask”.
Cabe recordar que LAB y ELA suman más del 60% de la representación sindical en la CAPV, y el Gobierno Vasco amenaza con medidas para cambiar esa realidad. Mikel Torres, tras reunirse con Confebask, CCOO y UGT, anunció una Ley de Participación Institucional que a buen seguro premiará con financiación adicional la sumisión sindical de CCOO y UGT, y que castigará a los sindicatos que, entre otras cosas, impulsaron la huelga general del pasado 17 de marzo.
Un mes después de que miles y miles de personas se sumaran a la huelga general a favor de establecer un SMI propio (de 1.500 euros para este año), y pocas semanas después de que Confebask diera la espalda a la negociación, se ha producido un acuerdo en la Mesa de Diálogo Social entre el Gobierno Vasco, Confebask, CCOO y UGT (ambos sindicatos apenas suman el 28%). Un acuerdo que demuestra el fracaso del diálogo social y del sindicalismo dócil.
Dicho acuerdo busca blanquear al Gobierno Vasco y a Confebask, y CCOO y UGT se han prestado a ello. Aranburu ha calificado de “lamentable” que “CCOO y UGT se sumen a este juego que excluye a la mayoría sindical. Es el resultado de un modelo sindical agotado, que se vende muy barato a cambio de salir en una foto y obtener más financiación”. Esto demuestra, por un lado, la intención del Gobierno Vasco de seguir haciendo políticas a favor de una patronal de carácter autoritario y explotador. Y por otro, la intención de mantener el SMI centralizado en Madrid, tal y como quiere Confebask, que no cumple con su responsabilidad de negociar con la representación mayoritaria de los y las trabajadoras vascas. Además, el vicelehendakari Mikel Torres se ha negado reiteradamente a reunirse con LAB y ELA para debatir sobre el SMI.
LAB y ELA exigen al Gobierno Vasco que retire sus amenazas, que cese en su actitud autoritaria y que afronte su responsabilidad por la justicia social y el combate contra la precariedad, empezando por la propia Administración (que impone a su plantilla la mayor temporalidad de todo el Estado, un 35%), y por la implantación de un SMI que de verdad sea eficaz. En palabras de Aranburu, “es antidemocrático insistir en un modelo de asimilación sindical cuando existe una mayoría sindical que no va a secundarlo”.
El acuerdo anunciado por el vicelehendakari Mikel Torres pretende reforzar un modelo absolutamente antidemocrático. Detrás de la institucionalización del diálogo social, y en nombre de la participación, el Gobierno Vasco busca imponer políticas que favorezcan más a la patronal que a las y los trabajadores. Todo ello supone un hito en el carácter autoritario del Gobierno Vasco, y un ataque directo a la clase trabajadora de este país, que reiteradamente ha optado por dar su apoyo mayoritario a LAB y ELA.
El 28 de abril es el Día de la Salud y la Seguridad Laboral. Este año LAB volverá a manifestarse con el resto de sindicatos que componen la intersindical de salud laboral, esto es, con ESK, STEILAS, EHNE-etxalde e HIRU (en el caso de Nafarroa, también CGT/LKN está en la intersidical). La movilización será en Donostia, a las 12:00, desde el Bulebar, con el lema “Absentismoa: gezurra ari du. Gure lan eskubideak defenda ditzagun” (La mentira del absentismo. Defendamos nuestros derechos laborales).
Denunciarán que la patronal antepone sus beneficios a la salud de las y los trabajadores y que no cumple con sus responsabilidades en materia de prevención. También recordarán las dramáticas consecuencias que esto conlleva. Por ejemplo, en 2025 fallecieron 84 trabajadores y trabajadoras en accidentes laborales y cientos a consecuencia de enfermedades profesionales.
Tambié advertirán sobre los mensajes que están difundiendo los empresarios sobre el absentismo y denunciarán que su objetivo es incrementar sus beneficios. De hecho, lo que la patronal considera absentismo son derechos conseguidos a través de la lucha: como el derecho a enfermar sin perder ingresos, a conciliar o a ejercer derechos sindicales, o las situaciones de ERTE.
La situación vivida ayer, 15 de abril, en Bilbao no debería sorprender a nadie, y sin embargo, indigna. Durante meses se ha anunciado un proceso de regularización que afecta a miles de personas migrantes, muchas de ellas en situaciones de especial vulnerabilidad. Se sabía que el momento llegaría, que generaría expectativas, nerviosismo y, sobre todo, una avalancha de solicitudes administrativas. Y aun así, cuando finalmente se activa el procedimiento, la respuesta municipal ha sido desconcertante.
Cientos de personas han recorrido oficinas, registros y unidades de atención social sin obtener respuestas claras. Colas, derivaciones de un servicio a otro, instrucciones contradictorias. A algunos se les indicaba acudir a Acción Social; a otros, al Registro General; mientras tanto, se hablaba de la futura apertura de un dispositivo específico que, en la práctica, aún no estaba operativo. El resultado: confusión, desgaste y una sensación generalizada de abandono institucional. Situación que no es una casualidad sino un síntoma más del racismo estructural y su materialización en las instituciones de gobierno y en la administración.
No se trata de un problema menor ni de un fallo puntual. Es una cuestión de previsión y de respeto. El Ayuntamiento de Bilbao sabía con antelación que se avecinaba un proceso de estas características, su responsabilidad era anticiparse: coordinar departamentos, establecer protocolos claros y, sobre todo, informar con transparencia tanto a la ciudadanía como a sus propios trabajadores y trabajadoras. Nada de eso ha ocurrido de manera suficiente.
La falta de claridad no solo genera ineficiencia administrativa; tiene consecuencias humanas. Quienes se encuentran en procesos de regularización no están simplemente tramitando un documento: están intentando estabilizar sus vidas, acceder a derechos básicos y salir de situaciones de precariedad. Obligarles a deambular entre ventanillas, sin certezas ni orientación, es añadir incertidumbre a una realidad ya de por sí compleja.
Este episodio también pone sobre la mesa una cuestión más amplia: la deriva en la atención a los sectores más vulnerables. El colapso de servicios sociales, las dificultades en recursos de acogida o la sobrecarga en dispositivos de atención no son fenómenos aislados. Forman parte de un patrón que refleja tensiones estructurales en el modelo de atención y en las prioridades políticas, como denunciaban en un Manifiesto decenas de profesionales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Bilbao.
Esta situación ha afectado también a otros servicios municipales, como el Registro General, que se ha visto colapsado desde primera hora, así como a todos los trabajadores y trabajadoras de este servicio a los que no se les ha facilitado la información necesaria para saber qué procedimiento debían seguir. Es más, a media mañana se les ha comunicado que se estaba analizando la situación y que dejaran de tramitar más solicitudes y que más adelante se les informaría de cómo proceder.
Queremos denunciar, por ello, la incompetencia y la falta de respeto para con la ciudadanía y sus trabajadores y trabajadoras, demostradas por el equipo de gobierno del PNV y PSE.
Las patronales han presentado una propuesta que, según LAB, incorpora elementos relevantes como la reducción de jornada, la mejora salarial y avances en las incapacidades temporales, y que podría contribuir a desbloquear la negociación.
Desde LAB valoran positivamente que las patronales hayan presentado finalmente una propuesta conjunta, que consideran puede suponer “un gran paso en la buena dirección”. En este sentido, el sindicato señala que hasta ahora únicamente LARES había mantenido una postura proactiva en la negociación, mientras que ANEA había mostrado una actitud de inmovilismo. Según el sindicato, esta situación ha cambiado y ambas patronales han presentado ahora una propuesta negociadora.
El contenido de la propuesta incluye varios elementos que LAB considera relevantes, como la reducción de jornada, que al final del convenio se situaría en 1.649 horas anuales frente a las 1.772 actuales. Asimismo, se contempla que todas las categorías superen los 1.500 euros brutos mensuales al final del convenio, dando cumplimiento a la reivindicación del SMI de 1.500 euros para todo el sector.
Otro de los aspectos destacados es la mejora en las incapacidades temporales (IT), con el complemento del 100% en las bajas laborales. En el caso de las bajas por enfermedad común, también se prevén mejoras significativas, especialmente durante los primeros días, ya que actualmente no existe compensación en los tres primeros días de baja.
Desde LAB señalan que alcanzar una equiparación con los y las trabajadoras de la administración es “una carrera de fondo, y que no se puede conseguir de una vez”. Además, subrayan que la existencia de un convenio en Navarra refuerza su reinvidicación de huir de la estatalización, defendiendo que “lo que se trabaja aquí se decide aquí”.
El sindicato afirma que analizará el texto en profundidad antes de fijar una posición definitiva, aunque mantiene clara su hoja de ruta en el futuro de la negociación.
