Ambos sindicatos, que suman el 60% de representación, denuncian el ataque antidemocrático anunciado por el vicelehendakari Torres en connivencia con la patronal Confebask.
LAB y ELA han comparecido hoy para dar una respuesta conjunta a las gravísimas declaraciones que el Gobierno Vasco ha lanzado esta semana a través del vicelehendakari Mikel Torres, en las que anuncia “consecuencias” contra LAB y ELA por no participar en las iniciativas que lleve a cabo el Gobierno de Imanol Pradales. En la rueda de prensa de hoy han tomado parte los máximos responsables de ambos sindicatos: Garbiñe Aranburu e Igor Arroyo (LAB), junto a Mitxel Lakuntza y Amaia Muñoa (ELA).
En su intervención, Garbiñe Aranburu ha señalado que “el Gobierno Vasco quiere profundizar en un modelo de diálogo social excluyente y antidemocrático”, y ha añadido que dicho modelo “ha fracasado y solo beneficia a Confebask”.
Cabe recordar que LAB y ELA suman más del 60% de la representación sindical en la CAPV, y el Gobierno Vasco amenaza con medidas para cambiar esa realidad. Mikel Torres, tras reunirse con Confebask, CCOO y UGT, anunció una Ley de Participación Institucional que a buen seguro premiará con financiación adicional la sumisión sindical de CCOO y UGT, y que castigará a los sindicatos que, entre otras cosas, impulsaron la huelga general del pasado 17 de marzo.
Un mes después de que miles y miles de personas se sumaran a la huelga general a favor de establecer un SMI propio (de 1.500 euros para este año), y pocas semanas después de que Confebask diera la espalda a la negociación, se ha producido un acuerdo en la Mesa de Diálogo Social entre el Gobierno Vasco, Confebask, CCOO y UGT (ambos sindicatos apenas suman el 28%). Un acuerdo que demuestra el fracaso del diálogo social y del sindicalismo dócil.
Dicho acuerdo busca blanquear al Gobierno Vasco y a Confebask, y CCOO y UGT se han prestado a ello. Aranburu ha calificado de “lamentable” que “CCOO y UGT se sumen a este juego que excluye a la mayoría sindical. Es el resultado de un modelo sindical agotado, que se vende muy barato a cambio de salir en una foto y obtener más financiación”. Esto demuestra, por un lado, la intención del Gobierno Vasco de seguir haciendo políticas a favor de una patronal de carácter autoritario y explotador. Y por otro, la intención de mantener el SMI centralizado en Madrid, tal y como quiere Confebask, que no cumple con su responsabilidad de negociar con la representación mayoritaria de los y las trabajadoras vascas. Además, el vicelehendakari Mikel Torres se ha negado reiteradamente a reunirse con LAB y ELA para debatir sobre el SMI.
LAB y ELA exigen al Gobierno Vasco que retire sus amenazas, que cese en su actitud autoritaria y que afronte su responsabilidad por la justicia social y el combate contra la precariedad, empezando por la propia Administración (que impone a su plantilla la mayor temporalidad de todo el Estado, un 35%), y por la implantación de un SMI que de verdad sea eficaz. En palabras de Aranburu, “es antidemocrático insistir en un modelo de asimilación sindical cuando existe una mayoría sindical que no va a secundarlo”.
El acuerdo anunciado por el vicelehendakari Mikel Torres pretende reforzar un modelo absolutamente antidemocrático. Detrás de la institucionalización del diálogo social, y en nombre de la participación, el Gobierno Vasco busca imponer políticas que favorezcan más a la patronal que a las y los trabajadores. Todo ello supone un hito en el carácter autoritario del Gobierno Vasco, y un ataque directo a la clase trabajadora de este país, que reiteradamente ha optado por dar su apoyo mayoritario a LAB y ELA.