El sindicato insiste en que las políticas destinadas a la mal llamada clase media solo lograrán seguir inflando el mercado de la vivienda y expulsar a cada vez más sectores de la población del acceso a la misma.
Tras una demora totalmente injustificada de más de dos años, mediante la publicación ayer en el BOE, Bizkaia y Araba cuentan ya con Índice de Precios de Referencia. LAB ha manifestado de manera reiterada que la ley de vivienda y el límite de precios de los alquileres son medidas insuficientes para abordar la crisis habitacional que vivimos, pero, del mismo modo, concluye que es inaceptable que las diputaciones forales hayan retrasado la publicación de dicho índice. De esta manera, se ha contribuido a consolidar la actual escalada de precios del alquiler, pues han subido más del 10 % durante estos dos años. Además, aunque se pone límite a las subidas, los precios pueden seguir aumentando.
Asimismo, LAB denuncia que las medidas adoptadas por el Gobierno Vasco siguen alimentando el negocio de la vivienda con dinero público. Adaptar ayudas como Gaztelagun al precio de mercado del alquiler, en un contexto actual en el que los precios siguen al alza y en el que, más allá de tratar de limitar las subidas, no hay medidas efectivas para bajar los precios, implica transferir cada vez más dinero público al bolsillo de los propietarios.
Lo mismo puede decirse de la decisión de aumentar el canon que perciben los propietarios en el programa Bizigune, adaptándolo al precio de mercado en las zonas tensionadas. Así, con estas medidas no estamos hablando de dar seguridad a los propietarios que destinen su vivienda a este programa, sino de un círculo vicioso que busca garantizar unas ganancias casi equivalentes a las del mercado privado —con precios elevadísimos— con dinero público.
Por lo tanto, se sigue primando beneficiar a los propietarios frente a las personas inquilinas, que son quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad. Intervenir tímidamente y en esta dirección el mercado tiene consecuencias inversas a lo que se pretende lograr; en lugar de redistribuir la riqueza, afianza las desigualdades. El sindicato LAB muestra así su rechazo a las medidas aprobadas por el Gobierno Vasco, al considerar que no atacan las causas estructurales del encarecimiento del alquiler en Euskal Herria y que son —una vez más, y como viene denunciando el sindicato LAB— medidas en favor de la patronal inmobiliaria.
LAB reclama políticas de vivienda en favor de la mayoría trabajadora: dejar de lado las políticas de subvención y apostar por bajar los precios, además de priorizar la ampliación del parque público y el alquiler social, y limitar el negocio de la patronal inmobiliaria. El sindicato reitera su compromiso de hacer frente al negocio de la vivienda a través de la acción socio-sindical.