En una comparecencia celebrada hoy en Bilbo, hemos denunciado que la cuesta de enero está siendo mayor este año. El coordinador general, Igor Arroyo, ha lamentado el ataque a los salarios y las pensiones, al tiempo que ha denunciado que las instituciones sólo tienen medidas parciales e insuficientes ante el encarecimiento de la vida.

En cuanto a las condiciones laborales, el Gobierno ha manifestado su intención de subir el salario mínimo a nivel estatal. Igor Arroyo ha afirmado que “el salario mínimo a nivel estatal no es suficiente para permitir unas condiciones de vida dignas en Hego Euskal Herria. La Carta Social Europea recomienda que el salario mínimo se sitúe en el 60% del salario medio, por lo que el salario mínimo de Hego Euskal Herria debería ser de 1.400 euros. La prioridad tanto de Chivite como de Urkullu debería ser precisamente esa: adquirir la capacidad de regular el salario mínimo. Y mientras lo consiguen, deberían presionar a la patronal para que se pudiera aplicar la citada medida a través de un acuerdo intersectorial. Chivite y Urkullu actúan con dejadez. Las condiciones laborales son una de las principales preocupaciones de las y los vascos, pero ellas y ellos están mirando hacia otro lado”.

Por otro lado, garantizar subidas salariales en función del IPC debería ser prioritario, máxime teniendo en cuenta que los alimentos se han encarecido un 15%. Según Arroyo, “se trata de una subida mínima en función del IPC, por lo que renunciar a ella debe considerarse un ataque a los salarios. Y ahí se sitúan tanto las administraciones públicas, que han aplicado subidas inferiores al IPC a las y los empleados públicos, como las patronales CEN y Confebask: la suyo es una ofensiva contra los salarios. Su efecto es el bloqueo de la negociación colectiva que estamos observando y que en ámbitos subcontratados y feminizados es aún más evidente”.

Ante este bloqueo, LAB se reafirma en su apuesta por las huelgas y movilizaciones. En este sentido, LAB prevé huelgas y/o movilizaciones en 30 sectores durante el próximo semestre. El objetivo de estas huelgas, junto con la aplicación del IPC y la garantía de un salario mínimo de 1.400 euros, será poner sobre la mesa la necesidad de otras mejoras como la reducción de jornada, la limitación de la flexibilidad o las situaciones de discriminación que sufren las mujeres. El bienestar de un país no lo fijan los indicadores macroeconómicos, sino los niveles de precariedad y pobreza, indicadores en los que se han dado pasos atrás en los últimos años, ya que la riqueza que se genera se reparte cada vez peor. El salario y las condiciones laborales dignas son la pata para una distribución más equilibrada del bien, junto con la política fiscal. «A través de las luchas sindicales estamos disputandop la distribución de la riqueza», ha afirmado Arroyo.

En cuanto a la contratación, LAB ha lamentado el intento de justificar la reforma laboral del pasado año. Aunque decían que la reforma laboral iba a aportar estabilidad, el 76,5% de los nuevos contratos que se realizan están siendo temporales. Además, el número de contratos discontinuos ha crecido un 90% y se ha triplicado el número de trabajadoras y trabajadores que no superan el periodo de prueba. Estos son algunos de las artimañas que está utilizando la patronal para mantener la temporalidad. Así, aunque la tasa de temporalidad ha descendido ligeramente, seguimos lejos de la media europea: 14,5% en Europa, 21,6% en Hego Euskal Herria.

Arroyo también se ha mostrado crítico con las lecturas optimistas que se han hecho de los datos del paro: junto a los datos del paro, hay que tener en cuenta otros dos datos: por un lado, a las y los trabajadores que se contabilizan como población inactiva, a unas 200.000 mujeres que trabajan principalmente en casa pero no tienen empleo; y por otro, a los cerca de 400.000 trabajadores y trabajadoras que, a pesar de tener un empleo, perciben por debajo de los 1.400 euros brutos mensuales. Sumando estos tres grupos, el resultado es que entre 25 y 64 años 800.000 trabajadores y trabajadoras (es decir, una de cada dos) no disponen de ingresos suficientes.

Respecto a las pensiones, Arroyo ha denunciado que tanto los Gobiernos español como francés prevém nuevos recortes. Las posibilidades de reforma que supondría debilitar el sistema público de pensiones están abiertas tanto en Madrid como en París.

Por último, el coordinador general de LAB se ha referido tanto a la reducción del IVA como a las ayudas a las familias de bajos ingresos. Más que parches para unos meses, Arroyo reclama una reforma fiscal estructural. Esta reforma debería incluir al menos tres medidas: el recargo a las rentas del capital de entre el 1% y el 10%; la eliminación de las deducciones del Impuesto de Sociedades y el establecimiento del tipo nominal del 35%; el tratamiento de las rentas del capital en el IRPF del mismo modo que las rentas del trabajo y la elevación del tipo máximo al 60%.