LABLangile Abertzaleen Batzordeak

Diez años llevaba pendiente la liquidación definitiva del Cupo que la Comunidad Autónoma Vasca paga al Estado español por las competencias no transferidas. Sin embargo, esta demora no se debe a un bloqueo motivado por la propia dificultad de las negociaciones, sino al retraso deliberado que los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP han forzado.

Esta maniobra dilatoria forma parte de una estrategia sistemática empleada por el gobierno central, que por otra parte nunca se ha caracterizado precisamente por ser buen cumplidor; al contrario, se resiste a respetar lo pactado de manera obstinada.

En concreto y respecto a la negociación del Cupo, esta artimaña permite al ejecutivo del Estado tener un “as” guardo en la manga, y finalmente sólo se aviene a negociar cuando necesita apoyos en el Congreso para superar los inconvenientes que supone gobernar sin una mayoría parlamentaria suficiente, como hoy es el caso.

Con el acuerdo alcanzado se cierran las discrepancias surgidas entre Lakua y Madrid en torno al cálculo del Cupo durante el periodo 2007-2016, y el gobierno español se compromete a devolver a las instituciones vascas 1.400 millones de euros que habría recibido de más, a pesar de que el gobierno autonómico cuantificaba estas diferencias en 1.600 millones.

Pero esto no impedirá que los erkorekas, los azpiazus y los esteban de turno se presenten a si mismos como los “conseguidores”, después de haber firmado un pacto en tiempo récord presionados por los ritmos del tramite parlamentario para aprobar los presupuestos.
 

Se presenta un texto en el que todo son interrogantes. El primer condicionante es que para que La Milagrosa pueda seguir adelante tiene que haber matrícula cuando la tenemos cerrada desde enero. Lo único que el Gobierno Vasco nos asegura es la reversibilidad de matrícula.

A falta de dos meses para finalizar el curso se nos plantea crear una cooperativa, opción que se valoró en enero pero que a día de hoy no es viable.

Se propone un período de transición en las dependencias vacías del edificio de Minas sin especificar en qué condiciones podríamos estar en él. ¿Por qué ahora se nos ofrece este edificio cuando desde un principio se nos ha denegado rotundamente?

Creemos que con esta enmienda se busca culpabilizar del posible cierre a la propia Comunidad Educativa y tendremos que escuchar que se nos ha dado una opción y no la hemos querido materializar. No es así, nosotras y nosotros seguimos defendiendo la continuidad del centro con una planificación fiable y seria a largo plazo.

Tenemos muy claro que el centro se podría cerrar por esta enmienda a la totalidad y sus impulsores, teniendo como objetivo sus propios intereses y no a las personas. Ante las dos opciones que mañana se debatirán, tanto las familias como el colectivo de trabajadores y trabajadoras optamos por conseguir una titularidad con la que seguir trabajando o por la publificación. Para ello, exigimos a los partidos que forman parte de la Comisión de Educación que lleguen a un acuerdo para que el proyecto educativo pueda seguir adelante en el futuro, con soluciones viables que hagan que el centro en su conjunto se mantenga en pie.