Igor Arroyo, secretario general adjunto de LAB, ha escrito sobre el sindicalismo y el proceso soberanista.
Hace ahora un año, en septiembre del 2017, todos y todas mirábamos con una mezcla de expectación, admiración, preocupación solidaria y sana envidia lo que estaba sucediendo en Cataluña. El deseo de abrir un proceso de cambio político y social en nuestro propio país, no de manera mimética sino en base a nuestras propias circunstancias, era compartido por muchos y muchas vascas. Pero a pesar de diferentes intentos, dicho proceso no terminaba de arrancar, si bien los matices eran bien diferentes en cada territorio. En Ipar Euskal Herria asistíamos a la histórica constitución de una mancomunidad de ayuntamientos que, aun con limitadas competencias, institucionalizaba un sujeto propio; en Navarra se consolidaba el cambio institucional frente al Régimen, pero una Geroa Bai complaciente con la Patronal frenaba el Cambio Social; y en la CAV gobernaba el tripartito PNV-PSE-PP, con unas políticas públicas a la baja y una Comisión de Autogobierno de futuro incierto. Mientras tanto, las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora vasca seguían deteriorándose en el marco impuesto por las reformas acometidas en ambos Estados y la centralización-estatalización de las relaciones laborales.
En este contexto, con la publicación el 4 de septiembre de una sustanciosa Declaración en pos de un proceso soberanista unilateral y social, LAB y ELA expresamos nuestra voluntad de incidir en este panorama, acordando los siguientes compromisos: luchar contra la estatalización y por un marco laboral propio, así como por el cambio de las políticas públicas en la línea de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria; instar a alianzas de izquierda que prioricen la agenda social; denunciar la involución centralizadora; incidir en los ámbitos institucionales donde se aborden las cuestiones competenciales; poner en marcha un proceso soberanista unilateral, con un claro componente social, que permita que la sociedad en su conjunto y la clase trabajadora en particular, defienda y consiga un nuevo estatus político e institucional.
Los acontecimientos acaecidos a lo largo de este curso, con una mayor capacidad de confrontación en los centros de trabajo en contra del proceso de precarización, la evolución de la movilización social o el debate sobre un nuevo estatus en la CAV, han hecho que las condiciones para impulsar un proceso de cambio político y social en Euskal Herria hayan evolucionado de forma favorable. A nivel social, lo más reseñable es la emergencia de unos renovados movimientos sociales de masas (feminismo, pensionistas, Gure Esku Dago, Altsasu) que han situado materias como la autodefensa feminista, la lucha contra la brecha salarial, la pensión mínima de 1.080 euros, el derecho a decidir en todos los ámbitos o las graves carencias de la justicia española en el centro del debate político y social. Sin obviar que existen intentos para estatalizar o bien institucionalizar/asimilar dichos movimientos, esta corriente de fondo que reclama cambios sociales tiene un valor estratégico para la construcción de una alternativa de izquierda en Euskal Herria.
A nivel institucional, la principal novedad ha sucedido en la CAV, donde una mayoría cualificada del Parlamento ha aprobado unas bases para un nuevo estatus que conciben a Araba, Bizkaia y Gipuzkoa como un sujeto político soberano con derecho a decidir. Quien haya hecho un análisis detallado, no puede sino concluir que es un texto con una proyección soberanista sin precedentes en la CAV, un texto que va más allá del Plan Ibarretxe o del primer Estatut aprobado por el Parlamento de Cataluña en el 2005, antes de que fuera recortado por Zapatero-Mas y cepillado por el Tribunal Constitucional. Un texto que posibilita poder articular un Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social (MVRLyPS), una reivindicación histórica de la mayoría sindical. Para poder garantizar dicha posibilidad, nos parece que sería deseable una mayor concreción, entre otras cuestiones, recogiendo explícitamente la potestad de la CAV para elaborar un Estatuto de los y las Trabajadoras propio, establecer el Salario Mínimo Interprofesional por ley o poder establecer un sistema público de pensiones.
En cualquier caso, se podría decir que, más que en el texto mismo, el foco está situado en el contexto. Lo cierto es que el Acuerdo en la Ponencia de Autogobierno ha sido algo inesperado, especialmente porque entra en contradicción con la unidad de intereses con Confebask y el unionismo que el PNV ha venido priorizando durante los últimos largos años. Ante la evidencia de que no hay ninguna posibilidad de que dicho estatus sea aceptado por parte del Estado español, existen dos principales hipótesis de futuro: la confrontación con el Estado en clave soberanista, aunando esfuerzos con el independentismo catalán para desbordar el Régimen del 78; o el cepillado del Acuerdo, ya sea en Sabin Etxea o en Madrid. Es evidente que Confebask y su gran aliado Urkullu son los máximos interesados en que suceda lo segundo y todo quede en agua de borrajas, puesto que en el marco español pueden desarrollar sus políticas neoliberales con mayor comodidad.
La carencia de un proceso participativo amplio, más allá de las comparecencias previas de determinados agentes, ha limitado la repercusión social de dicho Acuerdo. El debate del nuevo estatus político no se puede ceñir a las cuatro paredes del parlamento. Por eso exigimos un proceso participativo para garantizar que se tengan en cuenta los intereses de las y los trabajadores.
Así pues, es el momento de que el sindicalismo soberanista se lance a la batalla, con todos los recursos de lucha ideológica y movilización de los que dispone, incluida por qué no, la Huelga General, en una doble dirección. Por una parte, alimentando la incipiente confrontación contra la precariedad en los centros de trabajo (Hego Euskal Herria está a la cabeza con gran diferencia en el ranking de huelgas del Estado español) y acumulando fuerzas junto con los movimientos sociales por las medidas estructurales clave para atajar dicha precariedad, como el freno a la estatalización de las relaciones laborales, el salario mínimo de 1.200 euros para todos y todas o las anteriormente referidas (brecha salarial, pensión mínima de 1.080). Por otra parte, presionando a las instituciones y la clase política para avanzar hacia un Marco Propio de Relaciones Laborales y Protección Social en Euskal Herria que nos permita implementar dichas medidas.
Es el momento en definitiva, de desarrollar la Declaración que LAB y ELA hicimos pública hace un año; está en nuestras manos hacerlo. Sin embargo, ELA considera que es mejor abandonar el campo de batalla y limitarse únicamente a proyectar mediáticamente unos conflictos puntuales. Las luchas concretas en las empresas y sectores tienen un gran valor, no sólo por los logros concretos que conllevan sino por la concienciación y empoderamiento que generan; de hecho, el curso pasado LAB participó en 120 luchas, llegando a la huelga en más de la mitad de ellas. Ahora bien, la cantidad y calidad de esas luchas es notablemente menor sin unidad sindical y, además, no son suficientes por sí solas para generar una alternativa estructural para la gran mayoría de la clase trabajadora.
Para que la lucha sindical preocupe realmente a la Patronal y genere cambios políticos y sociales, es necesario desarrollar una unidad sindical soberanista, sociopolítica y de contrapoder en la línea de la Declaración mencionada. ELA ha renunciado a hacerlo, utilizando argumentos débiles y contradictorios. Porque más allá del humo, de los estériles reproches de ELA a unos y otros, de la amortizada dialéctica entre PNV y ELA, lo cierto es que los que más ganan con la falta de unidad de acción entre LAB y ELA son la derecha política y los neoliberales vascos, Urkullu y Confebask.
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