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Abre la puerta al riesgo de dar pasos atrás en la euskaldunización de la administración.



El PNV ha registrado en el Parlamento Vasco una Proposición de Ley de modificación de la Ley de Empleo Público para, según sus palabras, «adecuar los perfiles lingüísticos a la realidad de cada institución, con criterios de proporcionalidad» y eliminando todo índice de obligado cumplimiento. En plena ofensiva judicial contra la euskaldunización de la Administración, esta iniciativa pretende, al parecer, proteger y garantizar la seguridad jurídica del euskera en los procesos selectivos públicos.

En cambio, LAB considera que las medidas contenidas en la Proposición de Ley “abren de par en par las puertas al riesgo de que ocurra exactamente lo contrario”. La propuesta no incluye ningún criterio concreto y verificable a cumplir por las administraciones, situando la cuantía de las medidas en un ámbito difuso de «criterios de proporcionalidad» indeterminados y arbitrarios. Es decir, si se elimina el límite objetivo del Índice de Preceptividad, quedará en manos de la voluntad de la o el responsable institucional en cada momento el establecimiento del porcentaje de plazas con perfil lingüístico. Sin límites por arriba, pero tampoco sin mínimos que cumplir. Y es que cuando el establecimiento de medidas políticas se deja sin ninguna limitación en manos de agentes que no tienen ninguna voluntad de normalizar el euskera, su resultado va en detrimento del euskera y de los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes. LAB defiende que las administraciones tengan autonomía para adaptar la política lingüística a favor de la euskaldunización; pero esta autonomía no se puede aprovechar en ningún caso para hacer una política lingüística contraria al euskera y a las personas euskaldunes.

En la actualidad, El Índice de Preceptividad a cumplir por cada Administración se obtiene sumando el porcentaje de euskaldunes dentro de dicha Administración y la mitad del porcentaje de casi-euskaldunes. Estta cifra es la que establece el porcentaje de puestos de trabajo entre el total de puestos de trabajo de dicha Administración que deben tener perfil lingüístico de euskera (sin olvidar que el 100% de los puestos de trabajo tienen la obligación de conocer el castellano).

La supresión del Índice de Preceptividad, como propone la iniciativa del PNV, no solucionará nada, ni limitar los golpes judiciales de los juzgados. Al contrario, el Índice de Preceptividad ha sido uno de los pocos límites que las resoluciones judiciales no podían superar.

Si se suprime, será la mera voluntad de las y los jueces la que establezca la cuantía de la exigencia; tal y como han demostrado reiteradamente con su voluntad euskarófoba. Porque si, según el Índice, el porcentaje a establecer en este momento debe ser la suma de euskaldunes y la mitad de casi-euskaldunes, si esto se suprime, qué le impedirá a un juez ordenar que el porcentaje de puestos de trabajo que deben tener perfil de euskera debe ser únicamente el porcentaje de euskaldunes (sin contar los casi-euskaldunes), con el argumento de que esto es más «proporcional». O que bajando un peldaño, prometer que el porcentaje debe depender del porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que soliciten relacionarse con esa administración en euskera. O bajando un poco más, prometer que el porcentaje debe depender del uso del euskara en la calle. Con esta reforma legal la voluntad euskarófoba de las y los jueces no tendrá ningún límite; ya cualquier exigencia de euskera les podrá parecer «desproporcionada». Y también se abren las puertas al riesgo de que algunos agentes planteen una batalla político-judicial con cada OPE.

En definitiva, en contra de lo manifestado por los proponentes, esta Proposición de Ley deja en una situación de inseguridad jurídica el proceso de normalización del euskera en la administración y los derechos lingüísticos de las y los euskaldunes.

LAB considera imprescindible reformar la Ley de Empleo Público para hacer frente a la ofensiva judicial y dar el salto en la euskaldunización de la administración pública. Pero esa reforma debe ser en la dirección correcta, no vale cualquier reforma. La dirección correcta es la que recoge la propuesta de reforma que ha presentado EH Bildu por su parte: establecer los perfiles lingüísticos del euskera para todos los puestos de trabajo públicos, al igual que se hace con el castellano, es decir, equiparar las exigencias de euskera y castellano; establecer una gestión flexible en función del contexto sociolingüístico y, aumentar los recursos y las liberaciones para posibilitar la euskaldunización de todas y todos los empleados públicos.

LAB hace un llamamiento tanto a partidos y sindicatos euskaltzales como al movimiento social a favor del euskera a construir consensos y colaborar para poner en vigor un nuevo paradigma para la euskaldunización integral de la administración.

Para fomentar el trabajo conjunto, contra cualquier retroceso en los derechos lingüísticos de las los euskaldunes y para reivindicar nuevos saltos cualitativos en la euskaldunización de la administración, LAB promoverá el próximo curso movilizaciones contundentes.