Osakidetza, paralizando 11 categorías médicas de las 19 denunciadas por LAB ante Fiscalía, ha tomado la primera medida encaminada a velar por el interés general y no el interés del PNV desde que estalló el escándalo. Esta medida ha sido forzada por el requerimiento de paralización por pre judicialización penal que LAB realizó por escrito y con registro de entrada el día 10 de octubre a todos y cada uno de los implicados en el proceso de OPE, y la consiguiente denuncia pública ante los medios de comunicación en rueda de prensa. Esta medida tomada ahora por Osakidetza llevamos reclamándola de manera pública desde el 19 de febrero, día en que se pronunció la Fiscalía.
Desde el pronunciamiento de Fiscalía en torno a esas 11 categorías, ha habido posicionamientos contrarios a parar estos procesos en todos los ámbitos, incluso en el Parlamento Vasco. En mayo, PNV y PSOE, de manera irresponsable, votaban a favor de continuar los procesos y el reparto de plazas con normalidad al contar con la abstención del PP, todo esto a pesar del voto contrario de EH Bildu y Podemos.
Esta actitud llevaba a Osakidetza a una situación muy lesiva con posibles indemnizaciones futuras que íbamos a tener que pagar toda la ciudadanía, poneniendo de manifiesto la ceguera del gabinete de Urkullu y sus socios de gobierno, capaces de hipotecar a toda la sociedad con tal de proteger un sistema clientelar de esta magnitud en la sanidad pública.
Si bien la medida adoptada ahora es positiva, LAB la considera parcial en cuanto que existen indicios de diferente índole en 8 categorías más. Además, Fiscalía no descarta en ningún momento que la cifra de categorías afectadas pueda ascender en una instrucción penal en la que la jueza ha rechazado definitivamente la participación de Osakidetza como parte perjudicada.
Llevamos más de un año asistiendo a un despropósito descomunal que no solo compromete los principios democráticos más básicos en el acceso al empleo público y la calidad del servicio, sino que además se ha buscado insistentemente desacreditar cualquier iniciativa dirigida a esclarecer los hechos.
Todas las medidas sin excepción adoptadas por Osakidetza hasta ahora han ido dirigidas a ocultar lo ocurrido y garantizar un espacio de impunidad para estas prácticas, desde la retirada de resultados en la web para evitar su estudio estadístico como primera medida, hasta la propuesta de nuevo modelo de OPE presentado hace unas semanas.
No podemos olvidar la connivencia irresponsable en todo este periodo de las centrales sindicales UGT, Sindicato Médico y Sindicato de Enfermería, que tomando parte en la Comisión de Seguimiento de la OPE, públicamente han avalado cada actuación de Osakidetza por esperpéntica que fuese.
Consideramos la suspensión de estas 11 categorías como la asunción por parte de Osakidetza de la existencia de filtraciones en las OPEs médicas que venimos exigiendo desde el día 1 de junio de 2018 y en ese sentido, esperamos que esto signifique un cambio de actitud de Osakidetza y plantee un modelo de OPE que tenga como punto de partida la realidad, que no es otra que la existencia de filtraciones.
La propuesta presentada hace unas semanas es una infamia en lo relativo a realización y custodia de los exámenes y evaluación de opositores mediante métodos que no garantizan el anonimato.
Animamos a Osakidetza a superar su arrogancia y asuma públicamente su responsabilidad por no garantizar una OPE limpia a todas las personas que habiendo actuado de forma correcta en la OPE, ya sean opositores u organizadores, están inmersas en un proceso de carácter penal. Asimismo, animamos a la nueva Consejera a dignificar la institución pidiendo disculpas a la sociedad vasca por no haber garantizado un proceso en el que la igualdad de oportunidades estuviese fuera de toda duda.
