El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha emitido dos resoluciones en respuesta a la demanda por vulneración de derechos fundamentales (derecho a la salud, vida e integridad física) planteada por ELA y LAB contra el Gobierno Vasco (Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras), en la que se exigía la anulación de la ‘nota aclaratoria’ que permitía retomar actividades no esenciales. El Tribunal se declara incompetente para fijar medidas cautelares que garanticen la salud y la vida de miles de personas empleadas en sectores no esenciales.
En una de esas resoluciones, el TSJPV concede a todas las partes y al Ministerio Fiscal tres días presentar alegaciones sobre la competencia de la Sala de lo Social para conocer y resolver el litigio. Como se recordará, el Gobierno Vasco flexibilizó hasta el extremo el concepto de servicio esencial, contraviniendo el sentido del Real Decreto (paralización de actividades no esenciales), y posibilitando la prestación de otros servicios y de actividades industriales no básicas (lo que supone la exposición al riesgo en su puesto de trabajo así como convertir a estas personas en vector de contagio), desbaratando así los propios principios rectores del estado de alarma: “Proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública”.
Además, a través de un auto el TSJPV se declara incompetente para aplicar las medidas cautelares exigidas por ELA y LAB, consistentes en paralizar el efecto de la ‘nota aclaratoria’ del Gobierno Vasco, como paso previo para su anulación. Ambos sindicatos consideran que este tribunal era competente para tomar una decisión tan urgente y necesaria, máxime cuando la salud y la vida de miles de personas está en juego, y cada hora es importante en la tarea de contener la epidemia de coronavirus. Por otro lado, el Juzgado de lo Social de Navarra aún no se ha pronunciado sobre la demanda de ELA y LAB contra la correspondiente ‘nota aclaratoria’ que dictó el Gobierno de María Chivite.
Nuestra misión es estar cerca de las y los trabajadores, aún más si cabe en la actual situación de excepción. Concretamente, estamos disponibles en diversos teléfonos y direcciones para responder a dudas y preocupaciones. Asimismo, estamos atendiendo a las preocupaciones de la gente a través del portal Bizilan, por medio de sesiones en directo, vía Streaming. LAB está con las y los trabajadores, ¡ahora más que nunca!
Arcelor Mittal ha notificado formalmente a los comités de empresa su intención de solicitar un ERTE por fuerza mayor para todas las plantas de la multinacional en el estado y, asimismo, adelanta su intención de negociar un ERTE por causas objetivas.
LAB cree que detrás de estas decisiones se halla el deseo de la multinacional de acogerse a las mayores ayudas públicas que se han otorgado a causa de la crisis sanitaria consecuencia del Covid-19. La multinacional no tenía ninguna necesidad de solicitar ningún ERTE, puesto que las y los trabajadores de Arcelor Mittal vienen sufriendo ERTE desde el año 2009 de manera ininterrumpida, gracias a las prórrogas que siempre le han firmado los sindicatos de ámbito estatal UGT, CCOO y USO.
La finalidad de cualquier ERTE es mantener el empleo. Arcelor Mittal ha destruido más de la mitad del empleo en Euskal Herria desde que entró en vigor el ERTE del año 2009, lo que no ha sido un impedimento para que hayan aumentado el número de trabajadores y trabajadoras a través de subcontratas y ETTs. y hayan adquirido nuevas plantas a nivel mundial, siendo actualmente uno de los mayores productores de acero en China.
Ha solicitado asimismo un ERTE para todas las plantas, si bien hay plantas en Euskal Herria que están actualmente trabajando al 100%, sin garantizar las medidas de protección de la salud de las y los trabajadores., por lo que entendemos que se quiere utilizar como medida de flexibilidad.
LAB exige que se haga un uso debido de las ayudas públicas de todas y todos. Las diferentes instituciones y gobiernos deben ser exigentes a la hora de gestionar el erario público. LAB exige a la multinacional y a los diferentes Gobiernos que actúen con responsabilidad, que no se permitan abusos y se ponga la salud de las y los trabajadores por encima del beneficio empresarial.
Los sindicatos LAB, CIG, ELA e Intersindical-CSC, de Euskal Herria, Galiza y Països Catalans, suscribimos en febrero una “Declaración por una agenda social y el derecho a decidir”. Reclamamos al nuevo Gobierno la derogación de las leyes antisociales impuestas en la última década y el derecho a decidir en nuestro ámbito el modelo de relaciones laborales, pensiones y el sistema de protección social. Dos meses más tarde, ante esta situación de excepcionalidad, hemos hecho pública una nueva reflexión por medio de las y los secretarios generales de cada sindicato.
Los sindicatos CIG, ELA, LAB e Intersindical-CSC, de Galiza, Euskal Herria y Països Catalans, suscribimos en febrero una “Declaración por una agenda social y el derecho a decidir”.
En dicho manifiesto constatamos el auge de la extrema derecha y el deslizamiento hacia el autoritarismo de buena parte del arco político del Estado español, así como la negativa a una solución política basada en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Así mismo, reclamamos al nuevo Gobierno la derogación de las leyes antisociales impuestas en la última década y el derecho a decidir en nuestro ámbito el modelo de relaciones laborales, pensiones y el sistema de protección social.
Dos meses más tarde, ante esta situación de excepcionalidad, queremos trasladar las siguientes reflexiones:
1. Los sindicatos firmantes situamos la crisis de salud pública dentro de una crisis capitalista. Como venimos denunciando desde hace años, esa crisis sistémica conlleva una crisis de cuidados, de recortes en los servicios públicos, de precarización e individuación laboral y social y, consecuentemente, de ruptura de los vínculos sociales.
2. Una nueva muestra de la falta de soberanía de nuestras respectivas naciones. Denunciamos la utilización de la pandemia del COVID-19 para imponer un artículo 155 encubierto, invalidando la ya de por sí insuficiente autonomía de nuestros territorios. Asistimos a una campaña de propaganda unionista con desfiles militares incluidos, que no busca aunar esfuerzos para hacer frente a la crisis sanitaria, sino utilizar la crisis sanitaria para anular la capacidad de decidir sobre cuestiones fundamentales para la vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestras naciones.
Reclamamos el derecho a decidir para hacer frente eficazmente a la crisis sanitaria así como a los retos económicos, sociales y políticos que deberemos enfrentar durante y después de dicha crisis.
En esta situación excepcional que estamos viviendo, para nuestros sindicatos es prioritario limitar la expansión del COVID-19 y adoptar medidas para cuidar de la salud de las y los trabajadores y de la ciudadanía. Al mismo tiempo se necesitan medidas sociales para que las consecuencias de esta crisis no recaigan exclusivamente en la clase trabajadora.
Las medidas que están adoptando el gobierno español y los gobiernos autonómicos confinan los derechos, vienen tarde, son injustas, son insuficientes para la clase trabajadora y para los colectivos más vulnerables.
– En primer lugar, se debe proporcionar a todos los trabajadores y trabajadoras que realizan actividades esenciales todas las medidas de protección que necesitan. También se debe garantizar el número necesario de trabajadores y trabajadoras para poder realizar su trabajo de forma adecuada, para poder cuidar su salud, y para que estos trabajadores y trabajadoras que trabajan en actividades esenciales no propaguen la enfermedad.
– Desde nuestros sindicatos hemos exigido la paralización de todas las actividades no esenciales. Para poner límites a la pandemia se precisan medidas de confinamiento más estrictas; esto es algo que también ha reclamado la comunidad científica.
El gobierno español decretó el cierre de las llamadas actividades no esenciales. Esta medida llegó tarde y con una gestión desastrosa a la que se suma la posterior publicación de una nota aclaratoria para intentar modificar el decreto. En menos de 48 horas, ha terminado cediendo ante las presiones del poder económico mediante una decisión fraudulenta en nuestra opinión desde una perspectiva democrática y jurídica. Hoy más que nunca, son necesarias políticas públicas y concentrar todos los recursos en favor de las mayorías sociales para adoptar todas las medidas para una protección social sin exclusiones, que garantice el empleo, los salarios e ingresos dignos para toda la clase trabajadora.
Se necesitan medidas más audaces para asegurar una financiación pública, vía impositiva a las grandes fortunas y las grandes empresas, la intervención pública de sectores estratégicos de la economía, hoy en manos privadas (banca, eléctricas, etc); son algunas de las medidas justas y necesarias, dejando atrás las políticas neoliberales.
Los cuatro sindicatos queremos subrayar el compromiso cívico de que están haciendo gala la ciudadanía en su conjunto, y en especial las trabajadoras y trabajadores de sectores como la sanidad, limpieza, el cuidado de mayores, la alimentación, el transporte, y en general todos aquellos trabajos que suponen atender y cuidar de la gente, denunciamos que están desarrollando su trabajo sin los medios de protección suficientes ni adecuados, ni con personal suficiente para llevar adelante todas las tareas. La crisis está poniendo en evidencia la importancia del sector público y lo que los recortes de los últimos tiempos han supuesto. Pero además han puesto en evidencia que la vida de las personas debe estar en el centro de las políticas. Si algo demuestra esta crisis es que las profesiones feminizadas son las mas precarizadas y desvalorizadas, y son cruciales para ponerle fin.
También las organizaciones sindicales estamos trabajando en condiciones excepcionales. Por eso hacemos un llamamiento a nuestra afiliación a fortalecer los vínculos colectivos y a comprometerse activamente en la defensa de los más vulnerables, tanto dentro como fuera de las empresas.
Para finalizar, reafirmarnos en los compromisos que ya adoptamos en la declaración de febrero. No vamos a permitir que las consecuencias de esta nueva crisis recaigan en las y los trabajadores, incrementando la pobreza laboral. Vamos a seguir luchando por un modelo basado en la justicia social y ecológica, el feminismo y un reparto más equitativo del trabajo y de la riqueza. Reclamando plena soberanía para construir un espacio socioeconómico, y un marco propio de la relaciones laborales y protección social.
Las instituciones han tomado muchas medidas en nombre de la salud, pero no han tomado verdaderas medidas para cuidar nuestras vidas. Los sectores feminizados siguen sin protección, como siempre. Estos colectivos han de tener voz. Iremos mostrando todas las situaciones inadmisibles que pretenden esconder. Para ello, LAB ha elaborado un manifiesto, y, uniendo todas las voces adheridas, hemos exigido a los responsables institucionales que adopten medidas. No podemos olvidar que, unidas, somos invencibles.
Las limpiadoras limpian como lo hacen habitualmente, con las herramientas habituales, sumando a sus ya habituales amenazas el riesgo de contagio. No hay medidas en las tiendas respecto a las cajeras. Trabajan más que nunca. El trabajo de las trabajadoras de residencias de mayores se ha multiplicado. Tienen que trabajar en condiciones extremas. El único nexo de unión de algunas personas lo conforman las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, pero éstas también están en riesgo de contagio.
La lista de personas en similares condiciones es más larga. Tenemos que seguir sacando a la luz estas situaciones. Estos colectivos han de tener voz.
Los sindicatos LAB y ELA exigimos que las ‘notas aclaratorias’ de ambos Ejecutivos, que posibiltan la prestación de servicios no esenciales, se paralicen cautelarmente en 24 horas. Las demandas se han interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco y ante el Juzgado de lo Social de Nafarroa.
LAB y ELA hemos interpuesto una demanda de tutela de derechos fundamentales (derecho a la salud, vida e integridad física) contra el Gobierno Vasco (Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras) y el Gobierno de Nafarroa por entender que las denominadas ‘Notas aclaratorias’ publicadas el 31 de marzo por ambos Ejecutivos ponen en peligro la salud y la vida de las personas obligadas a acudir a sus centros de trabajos para desarrollar tareas no esenciales. Las demandas se han interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco (TSJPV) y ante el Juzgado de lo Social de Nafarroa.
Ambos gobiernos han flexibilizado hasta el extremo el concepto de servicio esencial, contraviniendo el sentido del Real Decreto (paralización de actividades no esenciales), y posibilitando la prestación de otros servicios y de actividades industriales no básicas (lo que supone la exposición al riesgo en su puesto de trabajo así como convertir a estas personas en vector de contagio), desbaratando así los propios principios rectores del estado de alarma : “Proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública”.
Así las cosas, LAB y ELA exigimos en su demanda:
[1] Que se declare vulnerado por el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra el derecho a la salud, vida e integridad física de las personas trabajadoras del sector industrial de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra.
[2] Que se declare que ambas notas aclaratorias son nulas de pleno derecho.
[3] Que se condene a ambos gobiernos a publicar el contenido de esta sentencia, por los mismos medios empleados para difundir las notas aclaratorias iniciales.
[4] Que se paralicen ambas notas de modo cautelar, en el plazo de 24 horas.
Hoy por la mañana ha fallecido una trabajadora de la sanidad privada a consecuencia del coronavirus, la segunda trabajadora del sector sanitario fallecida por esta razón, después de la que murió el 19 de marzo. Desde comienzos de año, 21 trabajadoras y trabajadores han muerto en el trabajo en Hego Euskal Herria y otros dos trabajadores continúan 57 días desaparecidos en el vertedero de Zaldibar.
En primer lugar, queremos mostrar nuestras condolencias y solidaridad a todos sus familiares, amistades y compañeros y compañeras de trabajo.
En esta situacion de pandemia ha quedado claro que la salud de los y las trabajadoras no está garantizada. Así el 18% de los y las trabajadoras contagiadas pertenecen al sector sanitario. Queremos subrayar que los y las trabajadoras del sector sanitario privado que están trabajando situación de alarma, no cuentan con las necesarias medidas de protección para realizar su trabajo con seguridad, y en consecuencia, las y los usuarios están en riesgo. Llevamos semanas denunciando esta alarmante situación.
La prioridad debe ser proteger la salud de todas y todos los trabajadores y trabajadoras, para lo cual exigimos al Gobierno vasco que ordene parar todo actividad no esencial y poner a disposición de los y las trabajadoras de los servicios esenciales todos los medios técnicos y materiales que sean necesarios para proteger su salud.
Ahora, más que nunca, es el momento de poner la salud por encima de los intereses económicos. No vamos a permitir que la gestión de esta crisis recaiga sobre los y las trabajadoras. Desde el sindicato LAB vamos a seguir trabajando y luchando en favor de la seguridad y salud de la clase trabajadora. Hacemos un llamamiento a participar en las movilizaciones de denuncia que se van a convocar.
"Vida vs capital, salud o dinero, interrumpir la producción o perder beneficios, parar el virus o seguir haciendo beneficios… Ahí está la dicotomía. Esa dicotomía siempre está ahí, porque el sistema capitalista quita una ‘parte’ a la vida en nombre de la producción y de las ganancias. En este momento, sin embargo, es más evidente que nunca la dimensión de esa ‘parte’ que el capital le quita a la vida". Así comenzamos la valoración sobre los aspectos relativos a trabajadoras del hogar del decreto del 1 de abril.
En el sindicato LAB en Araba estamos preocupados y preocupadas por la nefasta gestión que se está haciendo de los medios que dispone el Gobierno Vasco en la Red Transporte Sanitario Urgente (RTSU), así como de la ambulancias programadas en Araba. Desde que comenzó esta crisis sanitaria son muchos los responsables políticos que están constantemente repitiendo que, se están poniendo todos los medios posibles en la lucha contra el coronavirus. Desde luego, desde este sindicato no lo compartimos.
Desde hace algunos días estamos escuchando en los medios que Osakidetza ha acordado con varias empresas, como Taxis o Mercedes, el transportar a pacientes que en diferentes fases de la enfermedad han tenido contacto con el covid-19. Nos dicen que se les van a dar los medios suficientes, EPIs, para que no se contaminen y que se les está formando. Nos sorprende que tanto en la RTSU como en las ambulancias programadas en Araba, hay compañeros y compañeras, técnicas y técnicos en emergencias, en situación de incapacidad temporal por falta de EPIs, a pesar de tener la formación y la experiencia que se requiere para este trabajo. Estas empresas carecen de la titulación exigida (TTS y TES) y la experiencia que se requiere para este trabajo reflejada en el Real Decreto referente al transporte sanitario.
Bienvenida sea la solidaridad ¿pero para qué? Seguramente estas empresas podrían realizar muchas otras labores sociales con los medios que tienen, sin necesidad de tener que poner a personas en contacto con este virus y poder ser transmisores del mismo (reparto de medicamentos, transporte de mascarillas….).
Lo más grave de esta situación es que mientras hay trabajadores y trabajadoras voluntarias que se están jugando su salud y de las que le rodean, el Gobierno Vasco tiene dos ambulancias de la RTSU paradas en su base 12 horas diarias o que en la plantilla de ambulancias programadas no se está cubriendo a la plantilla en situación de incapacidad temporal, quedándose todos los días varias ambulancias en el garaje por falta de trabajadores y trabajadoras. Unido a esta situación nos encontramos con personal de la Red Urgente saturada física y mentalmente.
Este servicio tan necesario en esta crisis sanitaria se paga con dinero público y lo menos que tenemos que exigir es que de verdad se pongan todos los medios disponibles para hacer frente a esta pandemia. Por ello, desde LAB exigimos que todas las ambulancias estén disponibles las 24 horas al día con los correspondientes equipos de protección, así como que todas las situaciones de incapacidad temporal de las plantillas sean cubiertas a la mayor brevedad.
