Las instituciones han tomado muchas medidas en nombre de la salud, pero no han tomado verdaderas medidas para cuidar nuestras vidas. Los sectores feminizados siguen sin protección, como siempre. Estos colectivos han de tener voz. Iremos mostrando todas las situaciones inadmisibles que pretenden esconder. Para ello, LAB ha elaborado un manifiesto, y, uniendo todas las voces adheridas, hemos exigido a los responsables institucionales que adopten medidas. No podemos olvidar que, unidas, somos invencibles.
Las limpiadoras limpian como lo hacen habitualmente, con las herramientas habituales, sumando a sus ya habituales amenazas el riesgo de contagio. No hay medidas en las tiendas respecto a las cajeras. Trabajan más que nunca. El trabajo de las trabajadoras de residencias de mayores se ha multiplicado. Tienen que trabajar en condiciones extremas. El único nexo de unión de algunas personas lo conforman las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, pero éstas también están en riesgo de contagio.
La lista de personas en similares condiciones es más larga. Tenemos que seguir sacando a la luz estas situaciones. Estos colectivos han de tener voz.
Los sindicatos LAB y ELA exigimos que las ‘notas aclaratorias’ de ambos Ejecutivos, que posibiltan la prestación de servicios no esenciales, se paralicen cautelarmente en 24 horas. Las demandas se han interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco y ante el Juzgado de lo Social de Nafarroa.
LAB y ELA hemos interpuesto una demanda de tutela de derechos fundamentales (derecho a la salud, vida e integridad física) contra el Gobierno Vasco (Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras) y el Gobierno de Nafarroa por entender que las denominadas ‘Notas aclaratorias’ publicadas el 31 de marzo por ambos Ejecutivos ponen en peligro la salud y la vida de las personas obligadas a acudir a sus centros de trabajos para desarrollar tareas no esenciales. Las demandas se han interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco (TSJPV) y ante el Juzgado de lo Social de Nafarroa.
Ambos gobiernos han flexibilizado hasta el extremo el concepto de servicio esencial, contraviniendo el sentido del Real Decreto (paralización de actividades no esenciales), y posibilitando la prestación de otros servicios y de actividades industriales no básicas (lo que supone la exposición al riesgo en su puesto de trabajo así como convertir a estas personas en vector de contagio), desbaratando así los propios principios rectores del estado de alarma : “Proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública”.
Así las cosas, LAB y ELA exigimos en su demanda:
[1] Que se declare vulnerado por el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra el derecho a la salud, vida e integridad física de las personas trabajadoras del sector industrial de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra.
[2] Que se declare que ambas notas aclaratorias son nulas de pleno derecho.
[3] Que se condene a ambos gobiernos a publicar el contenido de esta sentencia, por los mismos medios empleados para difundir las notas aclaratorias iniciales.
[4] Que se paralicen ambas notas de modo cautelar, en el plazo de 24 horas.
Hoy por la mañana ha fallecido una trabajadora de la sanidad privada a consecuencia del coronavirus, la segunda trabajadora del sector sanitario fallecida por esta razón, después de la que murió el 19 de marzo. Desde comienzos de año, 21 trabajadoras y trabajadores han muerto en el trabajo en Hego Euskal Herria y otros dos trabajadores continúan 57 días desaparecidos en el vertedero de Zaldibar.
En primer lugar, queremos mostrar nuestras condolencias y solidaridad a todos sus familiares, amistades y compañeros y compañeras de trabajo.
En esta situacion de pandemia ha quedado claro que la salud de los y las trabajadoras no está garantizada. Así el 18% de los y las trabajadoras contagiadas pertenecen al sector sanitario. Queremos subrayar que los y las trabajadoras del sector sanitario privado que están trabajando situación de alarma, no cuentan con las necesarias medidas de protección para realizar su trabajo con seguridad, y en consecuencia, las y los usuarios están en riesgo. Llevamos semanas denunciando esta alarmante situación.
La prioridad debe ser proteger la salud de todas y todos los trabajadores y trabajadoras, para lo cual exigimos al Gobierno vasco que ordene parar todo actividad no esencial y poner a disposición de los y las trabajadoras de los servicios esenciales todos los medios técnicos y materiales que sean necesarios para proteger su salud.
Ahora, más que nunca, es el momento de poner la salud por encima de los intereses económicos. No vamos a permitir que la gestión de esta crisis recaiga sobre los y las trabajadoras. Desde el sindicato LAB vamos a seguir trabajando y luchando en favor de la seguridad y salud de la clase trabajadora. Hacemos un llamamiento a participar en las movilizaciones de denuncia que se van a convocar.
"Vida vs capital, salud o dinero, interrumpir la producción o perder beneficios, parar el virus o seguir haciendo beneficios… Ahí está la dicotomía. Esa dicotomía siempre está ahí, porque el sistema capitalista quita una ‘parte’ a la vida en nombre de la producción y de las ganancias. En este momento, sin embargo, es más evidente que nunca la dimensión de esa ‘parte’ que el capital le quita a la vida". Así comenzamos la valoración sobre los aspectos relativos a trabajadoras del hogar del decreto del 1 de abril.
En el sindicato LAB en Araba estamos preocupados y preocupadas por la nefasta gestión que se está haciendo de los medios que dispone el Gobierno Vasco en la Red Transporte Sanitario Urgente (RTSU), así como de la ambulancias programadas en Araba. Desde que comenzó esta crisis sanitaria son muchos los responsables políticos que están constantemente repitiendo que, se están poniendo todos los medios posibles en la lucha contra el coronavirus. Desde luego, desde este sindicato no lo compartimos.
Desde hace algunos días estamos escuchando en los medios que Osakidetza ha acordado con varias empresas, como Taxis o Mercedes, el transportar a pacientes que en diferentes fases de la enfermedad han tenido contacto con el covid-19. Nos dicen que se les van a dar los medios suficientes, EPIs, para que no se contaminen y que se les está formando. Nos sorprende que tanto en la RTSU como en las ambulancias programadas en Araba, hay compañeros y compañeras, técnicas y técnicos en emergencias, en situación de incapacidad temporal por falta de EPIs, a pesar de tener la formación y la experiencia que se requiere para este trabajo. Estas empresas carecen de la titulación exigida (TTS y TES) y la experiencia que se requiere para este trabajo reflejada en el Real Decreto referente al transporte sanitario.
Bienvenida sea la solidaridad ¿pero para qué? Seguramente estas empresas podrían realizar muchas otras labores sociales con los medios que tienen, sin necesidad de tener que poner a personas en contacto con este virus y poder ser transmisores del mismo (reparto de medicamentos, transporte de mascarillas….).
Lo más grave de esta situación es que mientras hay trabajadores y trabajadoras voluntarias que se están jugando su salud y de las que le rodean, el Gobierno Vasco tiene dos ambulancias de la RTSU paradas en su base 12 horas diarias o que en la plantilla de ambulancias programadas no se está cubriendo a la plantilla en situación de incapacidad temporal, quedándose todos los días varias ambulancias en el garaje por falta de trabajadores y trabajadoras. Unido a esta situación nos encontramos con personal de la Red Urgente saturada física y mentalmente.
Este servicio tan necesario en esta crisis sanitaria se paga con dinero público y lo menos que tenemos que exigir es que de verdad se pongan todos los medios disponibles para hacer frente a esta pandemia. Por ello, desde LAB exigimos que todas las ambulancias estén disponibles las 24 horas al día con los correspondientes equipos de protección, así como que todas las situaciones de incapacidad temporal de las plantillas sean cubiertas a la mayor brevedad.
En el contexto actual de la pandemia de COVID19 el gobierno del Estado ha decidido ralentizar la actividad económica y redirigirla a las actividades esenciales, entre las que han incluido a las trabajadoras de reparto a domicilio. Este hecho demuestra una vez más que, en la práctica, el gobierno ha permitido a empresas “no esenciales” seguir con su actividad. Claramente, empresas como Glovo o Deliveroo no ofrecen un servicio imprescindible para el funcionamiento de la sociedad.
Es conocido que estas empresas cuentan de forma fraudulenta con trabajadores autónomos para prestar los servicios de reparto, siendo que las diferentes resoluciones Inspección de Trabajo (validadas por sentencias de Tribunales Superiores de Justicia), han considerado que la operativa era un fraude de ley, debiendo ser considerados estos repartidores como trabajadores por cuenta ajena.
Ante este extremo, y teniendo en cuenta la situación excepcional que vivimos, es imprescindible que al menos las empresas proporcionen EPIs específicas y protocolos adecuados para las riders. Esto no está sucediendo, ya que las personas riders están trabajando sin ningún tipo de protección. En este peligroso contexto se eleva la necesidad de que las empresas de reparto se responsabilicen con sus trabajadores, trabajadoras y la sociedad, y no se desentiendan con mentiras tales como “los trabajadores son autónomos”.
En ese sentido, desde el sindicato LAB, conjuntamente con Riders x Derechos, hemos denunciado estos hechos en Inspección de Trabajo de Bizkaia, Araba, Gipuzkoa y Nafarroa. El derecho a la salud de las riders está por encima de los beneficios de empresas como Glovo o Deliveroo.
Los datos de paro de marzo de este año nos han llegado en plena gestión de la crisis de Covid-19 y debemos situarlos en ese contexto. El aumento del paro ha sido importante en toda Euskal Herria, hemos pasado de 151.000 personas paradas a finales de febrero a 165.500 desempleadas a finales de marzo, con un incremento de casi el 9,6%. A estos datos hay que añadir el número de trabajadores en ERTE, según los últimos datos, 176.000 en Hego Euskal Herria.
Las decisiones tomadas tras la crisis financiera de 2008 dejaron consecuencias terribles para la sociedad vasca. Denunciamos una y otra vez que las medidas derivadas de los Gobiernos sólo beneficiaban a los grandes capitales a espaldas de los y las trabajadoras. El paro en Hego Euskal Herria aumentó hasta el 16,7% y, aunque paulatinamente ha ido disminuyendo, la precariedad y la pobreza se han ido extendiendo, así como la brecha salarial entre los trabajadores con salarios más altos y los más bajos y entre mujeres y hombres.
Los datos de paro de marzo de este año nos han llegado en plena gestión de la crisis de Covid-19 y debemos situarlos en ese contexto. El aumento del paro ha sido importante en toda Euskal Herria, hemos pasado de 151.000 personas paradas a finales de febrero a 165.500 desempleadas a finales de marzo, con un incremento de casi el 9,6%. Estos datos muestran claramente que el empleo que se ha creado en los últimos meses ha sido precario, ha sido empleo para usar y tirar y ahora ha llegado la hora de tirar. El desempleo juvenil sube casi un 12%, por encima de la media.
A estos datos hay que añadir el número de trabajadores en ERTE, según los últimos datos, 176.000 en Hego Euskal Herria. Hay que señalar que el SEPE pagará la prestación de todos los trabajadores y trabajadoras en paro por ERTE como si no tuvieran hijos e hijas, siendo el único criterio que de momento está escrito. Por lo tanto, muchas y muchos trabajadores en ERTE recibirán una prestación muy inferior a la que necesitarían en el paro, unos 1.000 euros en 12 pagas. Además, la percepción de la prestación podría retrasarse hasta el mes de mayo. Por lo tanto, además de que muchos trabajadores, trabajadoras y familias estén todo el mes sin recibir ninguna prestación, no les van a pagar el mínimo para salir adelante después.
Como en 2008, las medidas que se están tomando ahora no vienen por buen camino. En lugar de priorizar la salud han primado los intereses del capital adoptando medidas de confinamiento mal y tarde y además han centralizado las principales decisiones en Madrid. Las medidas sociales que han anunciado también están lejos de las necesidades reales de la sociedad. Urkullu está haciendo campaña a favor del capital, tanto en su discurso como en su actuación y en las medidas adoptadas: 568 millones para las empresas, 200 millones para el sistema sanitario, 54 millones para las familias y nada para los y las trabajadoras. No han tomado una sola medida de cara a las trabajadoras.
Ha quedado claro que el modelo que nos ha traído aquí no es válido, sólo ha servido para aumentar la riqueza de unos pocos y para extender la pobreza y la precariedad en la sociedad. Los colectivos vulnerables (mujeres, migrantes, jóvenes …) han crecido, se han extendido y han aumentado las brechas existentes en la sociedad.
Para acabar con esto, es imprescindible construir un modelo que tenga en cuenta los intereses y necesidades de las y los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, y que ponga a las personas y la vida en el centro frente al capital.
Maddalen Dorador y Gorka Berasategi, responsables de servicios privados y públicos del sindicato, han comparecido para denunciar la situación de indefensión en la que se encuentran las y los trabajadores que realizan actividades esenciales, la mayoría pertenecientes a sectores feminizados, condenadas y condenados al contagio por coronavirus ante la falta de protección. En este sentido, LAB ha decidido informar a la Fiscalía sobre todas la situaciones de riesgo con el fin de que abra instrucción por vía penal.
Desde el 13 de marzo estamos diciendo que hay que declarar Euskal Herria en servicios mínimos, que hay que cuidar a quienes trabajan en los servicios esenciales. Dos semanas después, se ha decretado el cese de la actividad económica. Entonces, y solo entonces, se han escandalizado los gobiernos autonómicos, a las órdenes de Confebask. Han mostrado, una vez más, su absoluto desprecio hacia todos esos pequeños autónomos que han cerrado por responsabilidad, o hacia esos miles de trabajadores y trabajadoras que se han quedado sin trabajo, dejando en evidencia que defienden a una minoría.
Una vez más, no han mostrado el más mínimo respeto por todos esos trabajos que sustentan nuestras vidas: residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, limpieza, tareas domésticas, farmacias, sanidad, telemarketing, comercio… Con la excusa de la crisis sanitaria, quienes cuidan nuestras vidas están obligadas a trabajar sin ningún tipo de protección. Es más, las medidas de protección se están orientando hacia la supervivencia de la gran industria. Esto no es casualidad, esto es porque la avaricia del sistema se alimenta a costa de todos esos trabajos de cuidado invisibilizados que realizan las mujeres.
Hoy, miles de mujeres tienen que ir a trabajar sin equipos de protección, poniendo en riego su salud y la de sus allegados. Aquí unos ejemplos:
A las mujeres que trabajan en la limpieza, la Administración Pública les obliga a limpiar los centros cerrados, generalmente sin guantes, nunca con mascarilla. Así está ocurriendo con las decenas de centros que dependen del departamento de Educación, centros de trabajo de la Diputación Foral, oficinas del Gobierno Vasco, etc. Todos estos edificios están cerrados, los trabajadores propios están en casa desde entonces, pero cientos de limpiadoras se ven obligadas a ir a trabajar todos los días, muchas en transporte público, sin ninguna medida de protección, para realizar trabajos que no son esenciales en estos momentos.
Las mujeres que limpian en Osakidetza y Osasunbidea no son consideradas personal sanitario, aunque sin ellas no podría funcionar. Son las primeras en acceder a las habitaciones para realizar las desinfecciones, pero las últimas en recibir equipos de protección. Tienen que hacer frente al mismo riesgo, pero se prevén diferentes medidas para ellas. No tienen derecho a párking ni a ofertas para dormir en hoteles. Ni siquiera les hacen tests Covid19 como al resto de profesionales.
También son invisibles las trabajadoras que tienen que seguir limpiando los transportes públicos, las oficinas de Correos, los cajeros o las comunidades de vecinos, y no estamos hablando de esos militares que salen en la televisión fingiendo desinfectar, sino de todas esas mujeres invisibilizadas. La semana pasada tuvimos que poner diversas denuncias ante la Inspección contra ISS, Ilunion, Sacyr, Garbialdi, Metrópoli y varias empresas más, porque mandan a estas trabajadoras a trabajar sin equipo de protección, poniéndolas en riesgo. Hoy por hoy, no tenemos respuesta.
Qué más decir sobre la situación del personal sanitario. Escuchamos con preocupación los llamamientos que este personal está realizando para conseguir medidas de protección. Cuando la dirección de Osakidetza o Osasunbidea no protege la salud de sus trabajadores, ¿debemos pedir caridad para conseguir máscaras?
La situación es muy grave en el ámbito de los cuidados a personas mayores, donde miles de mujeres se están contagiando a diario en su trabajo. Las residencias de personas mayores o servicios de ayuda a domicilio son servicios mayoritariamente subcontratados por instituciones públicas. El nivel de contagio que se está dando en estos servicios está generando situaciones de colapso. Ante estas situaciones las trabajadoras se encuentran desprotegidas y las instituciones miran hacia otro lado. Estas mujeres están siendo consideradas trabajadoras de segunda categoría para las autoridades vascas, asumiendo plenamente que su destino es contagiarse. Las trabajadoras se están contagiando y los usuarios están muriendo, ¿dónde están nuestros gobernantes?
En manos de la Fiscalía En vista de esta gravísima situación, hemos decidido recurrir a la vía penal para denunciar todas las situaciones de riesgo. Cuando las detectemos, llamaremos a la autoridad policial para que haga atestado; informaremos por escrito al responsable del servicio y a Sanidad; e informaremos a Fiscalía para que inicie instrucción por la vía penal.
No vamos a permitir que esta crisis la paguemos la clase trabajadora. Seguiremos luchando por la salud, las condiciones laborales y el empleo.
Desde el Sindicato LAB solicitamos a las empresas de colectividades (Eurest, Gasca, Tamar, Auzo lagun, CC. Goñi, CC. Magui, Baska, …) abrir un proceso de negociación para garantizar el 100% del salario para aquellas trabajadoras y trabajadores que están en Expedientes de Regularización Temporal de Empleo (ERTE).
Desde el inicio del la crisis del Covid-19, en todas las reuniones que hemos mantenido con las empresas de colectividades, les hemos trasladado la necesidad de un ámbito de negociación en el cual se garantice las condiciones salariales de las trabajadoras y los trabajadores, pero la respuesta siempre ha sido negativa.
Ahora, tras recibir las resoluciones de comedores escolares de gestión directa y tendiendo en cuenta que las empresas de colectividades tendrán coste cero en los gastos salariales de estas trabajadoras, exigimos que se sienten a negociar para garantizar el 100% del sueldo para el resto de trabajadoras y trabajadores del sector, es decir, exigimos las mismas condiciones para las trabajadoras independientemente del cliente, sea público o concertado.
