LABLangile Abertzaleen Batzordeak

El pasado 3 de enero se publicó la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, norma que conlleva diversos cambios en la Administración de Justicia. Esa ley se va a aprovechar por todo el resto de comunidades autónomas y por el Ministerio de Justicia para copiar el modelo de oficina judicial vasco que cuenta ya con cerca de 15 años de existencia.

En cambio, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Consejera de Justicia y Derechos Humanos María Jesús San José ha decidido implantar un nuevo modelo de oficina judicial al exclusivo servicio de la judicatura, sin pensar en la ciudadanía y teniendo en cuenta únicamente la opinión de este minoritario porcentaje de personal que trabaja en la Justicia, destruyendo el modelo actual cuya eficiencia está sobradamente demostrada. Lo más sorprendente es que la Consejera va a promover un cambio en el modelo organizativo que creó e impulsó su propio partido, el PSE, hace ya 15 años, para ahora desmantelarlo sin aprovechar la oportunidad que se le presenta con esta Ley de mejorarlo, reforzarlo y culminarlo.

Además, este cambio radical de criterio supone una decisión totalmente contraria a lo que ella misma afirmó públicamente el 22 de noviembre de 2024, cuando se jactaba delante del resto de comunidades autónomas y del Ministro de que el “el nuevo modelo dervicado de la Ley de Eficiencia está prácticamente implantado en Euskadi con la Nueva Oficina Judicial, excepto en Bilbao”, lo que hace que nos preguntemos, ¿qué ha sucedido en apenas 4 meses para que, ahora, la decisión sea suprimir servicios que llevan años funcionando y con muy buenos informes estadísticos por parte del CGPJ como, por ejemplo, los Servicios Comunes de Ejecución?

La explicación está en que la persona a la que la Consejera encargó dirigir esta reforma, su asesora para el sector de Prisiones, magistrada en servicios especiales en el Gobierno Vasco, ha impuesto el criterio de su colectivo (de Sala de Gobierno del TSJPV) en el diseño de esta nueva oficina judicial que se quiere implantar y que, lejos de basarse en criterios objetivos de eficiencia en la prestación de un servicio público a la ciudadanía, atiende a un exclusivo interés corporativo y sacrifica la rapidez que se viene manteniendo en la tramitación de las ejecuciones de sentencias en pro de acelerar el dictado de sentencias, para, así, aumentar los números de la productividad de la judicatura en detrimento del interés de la ciudadanía en ver cumplido lo que establece una sentencia.

El problema es que la administración habitualmente se olvida o posterga la ejecución de las sentencias. No hay justicia, por mucha sentencia que se elabore, sin que esas sentencias sean ejecutadas. La ciudadanía, a la que se deben como servicio público las y los trabajadores de justicia, necesita de esa ejecución.

Desde los sindicatos de justicia venimos insistiendo a la Dirección de Justicia en la necesidad de hacer un estudio de las cargas de trabajo para pder implantar la reforma con unas mínimas garantías de que el personal esté racionalmente distribuido. La Dirección se ha negado a ello y al mismo tiempo sostiene que es necesaria “más flexibilidad” del personal y ya sabemos qué significa eso en palabras de cualquier patronal: compensar la falta de personal con empeoramiento de las condiciones de trabajo. Y, no contentos con que el modelo que proponen implantar dificulte la medición de las cargas de trabajo y, por ende, de la eficiencia de los distintos servicios, resulta que los actuales Servicios de Ejecución tienen una flexibilidad superior a la que van a conseguir, respecto de la ejecución de sentencias, en el futuro servicio de tramitación en que pretenden integrar la ejecución atomizándola por jurisdicciones.

A falta de criterios técnicos objetivos que avalen el modelo propuesto por el Gobierno Vasco, entendemos que este cambio de opinión como un capricho de la judicatura que se contrapone con un servicio público de calidad. Lo que debería hacer la Consejera es reforzar el resto de servicios, apostar por ellos como en su día hizo por el servicio de ejecución y, a su vez, sostener los servicios que funcionan bien.

Desde nuestra perspectiva, la destrucción de los servicios de ejecución va a tirar por la borda el esfuerzo del personal implicado con el proyecto, principalmente el realizado por el personal de Justicia para adaptarse al modelo y que el servicio público se viera afectado de la menor manera posible.