l de los supermercados es un sector feminizado es el de los supermercados, la mayoría de las trabajadoras son mujeres* y están condenadas a jornadas parciales. Tienen grandes cargas de trabajo, las bajas no son sustituidas y las trabajadores que quedan tienen que cubrir toda esa carga de trabajo. Esto implica adaptar los horarios y calendarios de las trabajadores, por lo que no tienen ninguna posibilidad de conciliación.
El año pasado, Mercadona obtuvo unos beneficios de 1.384 millones de euros, lo que no se refleja en ningún caso en los salarios de sus plantillas, a pesar de que esos beneficios se obtienen con su sudor.
Además, y en lo que respecta a la salud laboral, Mercadona prefiere gastar el dinero en mutuas en lugar de hacerlo en prevención. Con frecuencia, las y los trabajadores se han reincorporado al trabajo de forma incompleta y en mal estado de salud debido a la presión recibida. Y eso es inaceptable.
Por si todo esto fuera poco, actualmente Mercadona tiene un convenio de empresa que se negocia en Madrid. LAB tiene claro que todas las trabajadoras y trabajadores que trabajan aquí tienen que decidir aquí, negociando aquí sus convenios. Porque sólo así conseguirán tener un acuerdo basado en la realidad que tenemos aquí.
Ante esta actitud, LAB señala que tendrá a Mercadona enfrente. «Queremos decirle a las trabajadores que esta situación se puede cambiar. Para ello las llamamos a organizarse y a luchar. En este camino, las trabajadoras tendrán a LAB como compañera de viaje”, han señalado las representantes del sindicato en la movilización de hoy.
Abre la puerta al riesgo de dar pasos atrás en la euskaldunización de la administración.
El PNV ha registrado en el Parlamento Vasco una Proposición de Ley de modificación de la Ley de Empleo Público para, según sus palabras, «adecuar los perfiles lingüísticos a la realidad de cada institución, con criterios de proporcionalidad» y eliminando todo índice de obligado cumplimiento. En plena ofensiva judicial contra la euskaldunización de la Administración, esta iniciativa pretende, al parecer, proteger y garantizar la seguridad jurídica del euskera en los procesos selectivos públicos.
En cambio, LAB considera que las medidas contenidas en la Proposición de Ley “abren de par en par las puertas al riesgo de que ocurra exactamente lo contrario”. La propuesta no incluye ningún criterio concreto y verificable a cumplir por las administraciones, situando la cuantía de las medidas en un ámbito difuso de «criterios de proporcionalidad» indeterminados y arbitrarios. Es decir, si se elimina el límite objetivo del Índice de Preceptividad, quedará en manos de la voluntad de la o el responsable institucional en cada momento el establecimiento del porcentaje de plazas con perfil lingüístico. Sin límites por arriba, pero tampoco sin mínimos que cumplir. Y es que cuando el establecimiento de medidas políticas se deja sin ninguna limitación en manos de agentes que no tienen ninguna voluntad de normalizar el euskera, su resultado va en detrimento del euskera y de los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes. LAB defiende que las administraciones tengan autonomía para adaptar la política lingüística a favor de la euskaldunización; pero esta autonomía no se puede aprovechar en ningún caso para hacer una política lingüística contraria al euskera y a las personas euskaldunes.
En la actualidad, El Índice de Preceptividad a cumplir por cada Administración se obtiene sumando el porcentaje de euskaldunes dentro de dicha Administración y la mitad del porcentaje de casi-euskaldunes. Estta cifra es la que establece el porcentaje de puestos de trabajo entre el total de puestos de trabajo de dicha Administración que deben tener perfil lingüístico de euskera (sin olvidar que el 100% de los puestos de trabajo tienen la obligación de conocer el castellano).
La supresión del Índice de Preceptividad, como propone la iniciativa del PNV, no solucionará nada, ni limitar los golpes judiciales de los juzgados. Al contrario, el Índice de Preceptividad ha sido uno de los pocos límites que las resoluciones judiciales no podían superar.
Si se suprime, será la mera voluntad de las y los jueces la que establezca la cuantía de la exigencia; tal y como han demostrado reiteradamente con su voluntad euskarófoba. Porque si, según el Índice, el porcentaje a establecer en este momento debe ser la suma de euskaldunes y la mitad de casi-euskaldunes, si esto se suprime, qué le impedirá a un juez ordenar que el porcentaje de puestos de trabajo que deben tener perfil de euskera debe ser únicamente el porcentaje de euskaldunes (sin contar los casi-euskaldunes), con el argumento de que esto es más «proporcional». O que bajando un peldaño, prometer que el porcentaje debe depender del porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que soliciten relacionarse con esa administración en euskera. O bajando un poco más, prometer que el porcentaje debe depender del uso del euskara en la calle. Con esta reforma legal la voluntad euskarófoba de las y los jueces no tendrá ningún límite; ya cualquier exigencia de euskera les podrá parecer «desproporcionada». Y también se abren las puertas al riesgo de que algunos agentes planteen una batalla político-judicial con cada OPE.
En definitiva, en contra de lo manifestado por los proponentes, esta Proposición de Ley deja en una situación de inseguridad jurídica el proceso de normalización del euskera en la administración y los derechos lingüísticos de las y los euskaldunes.
LAB considera imprescindible reformar la Ley de Empleo Público para hacer frente a la ofensiva judicial y dar el salto en la euskaldunización de la administración pública. Pero esa reforma debe ser en la dirección correcta, no vale cualquier reforma. La dirección correcta es la que recoge la propuesta de reforma que ha presentado EH Bildu por su parte: establecer los perfiles lingüísticos del euskera para todos los puestos de trabajo públicos, al igual que se hace con el castellano, es decir, equiparar las exigencias de euskera y castellano; establecer una gestión flexible en función del contexto sociolingüístico y, aumentar los recursos y las liberaciones para posibilitar la euskaldunización de todas y todos los empleados públicos.
LAB hace un llamamiento tanto a partidos y sindicatos euskaltzales como al movimiento social a favor del euskera a construir consensos y colaborar para poner en vigor un nuevo paradigma para la euskaldunización integral de la administración.
Para fomentar el trabajo conjunto, contra cualquier retroceso en los derechos lingüísticos de las los euskaldunes y para reivindicar nuevos saltos cualitativos en la euskaldunización de la administración, LAB promoverá el próximo curso movilizaciones contundentes.
La grave situación que atraviesan los servicios de urgencias de Usansolo y Gernika es consecuencia directa de la falta de previsión, organización y voluntad de respuesta por parte de la Dirección de Osakidetza.
Durante años, el sistema sanitario público se ha ido debilitando por los recortes y un modelo de gestión basado en la privatización. La falta de una adecuada planificación de los recursos humanos y de medidas estructurales eficaces han llevado paulatinamente al colapso de los servicios, especialmente en los de urgencia.
Frente al aumento de la presión asistencial, la única respuesta que ofrece la Dirección es la sobrecarga del personal mediante horas extra, sin aportar soluciones reales ni reforzar adecuadamente las plantillas. Esta estrategia de parcheo, lejos de resolver los problemas, ha generado un profundo malestar entre las y los profesionales, que sufren desde hace tiempo situaciones de estrés, desgaste emocional y desafección.
En el servicio de urgencias, esta realidad ha sido trasladada a Salud Laboral, que tras realizar los reconocimientos de salud laboral ha remitido un informe a la dirección de personal. Siendo los resultados los que son, la Dirección no ha adoptado medidas contundentes ni compromiso con el bienestar y la calidad de la atención a las y los trabajadores.
Especialmente preocupante es la situación en Gernika, donde la apertura del servicio de urgencias está en entredicho. Pese a que la Dirección niega públicamente esta posibilidad, la falta de soluciones concretas y la improvisación constante reflejan una grave irresponsabilidad. Se buscan profesionales de forma desesperada, incluso fuera del ámbito habitual, en lugar de establecer una estrategia sólida y sostenible.
La llegada del verano agrava aún más un escenario ya crítico, y la Dirección sigue sin mostrar un conocimiento real de las necesidades del sistema ni voluntad de atajar el problema de raíz. Lejos de priorizar el refuerzo del personal y la planificación a medio plazo, continúa actuando de forma reactiva y descoordinada.
La plantilla lleva tiempo advirtiendo de esta deriva y exigiendo cambios. La situación actual no es una sorpresa, sino el resultado directo de una gestión ineficaz y desconectada de la realidad asistencial.
LAB denuncia que la situación actual es consecuencia directa de años de recortes, externalizaciones y una gestión centrada únicamente en criterios económicos. La Dirección de Osakidetza ha ignorado las advertencias de la plantilla y de los sindicatos, y en lugar de tomar medidas estructurales, ha optado por soluciones temporales que solo agravan la sobrecarga y el desgaste profesional.
LAB exige una respuesta inmediata y real: refuerzo de personal, planificación a largo plazo y un compromiso firme con la sanidad pública y con quienes la sostienen cada día.
LAB ha presentado una propuesta para desarrollar una política industrial de transición ecosocial que responda a las necesidades sociales del territorio y que sea ecológicamente sostenible. El sindicato ha denunciado que el plan del Gobierno Vasco está dirigido a dotar de más dinero público a las empresas privadas pero a establecer menos obligaciones.
LAB ha presentado en Bilbo una propuesta que recoge sobre qué bases se debería construir una política industrial que responda a la transición ecosocial. Igor Arroyo, coordinador general de LAB, ha explicado que las políticas actuales se pueden resumir en “más dinero público y menos obligaciones para las empresas”, pero que eso no garantiza ni la transición ecosocial ni el empleo: “Las empresas piden más ayudas mientras priorizan los beneficios, ralentizan la transición y precarizan el empleo”.
Ante ello, Arroyo ha destacado la necesidad de un cambio de 180 grados y desarrollar una política industrial ecológicamente sostenible que responda a las necesidades sociales de nuestro territorio y, al mismo tiempo, garantice el derecho al empleo de las y los trabajadores. “Para ello habría que transformar varios sectores, reduciendo las emisiones, la energía y los materiales”, ha señalado
LAB considera que el cambio que necesita la política industrial se debe sustentar en cuatro pilares:
1. No a la expansión de la industria armamentística, sí a la industria socialmente necesaria y ecológicamente sostenible. LAB se opone firmemente a la expansión de la industria armamentística, puesto que sustrae recursos socialmente necesarios para alimentar la escalada belicista. Por ello, critica la hipocresía del Gobierno Vasco porque mientras habla de paz y valores impulsa la maquinaria de guerra. El rearme no aumenta la seguridad, sino más bien lo contrario.
2. Intervención pública para planificar la transición industrial: propiedad pública, condicionalidad y legislación antideslocalización. La lógica perversa que socializa las inversiones y privatiza los beneficios debe acabar. Las grandes corporaciones se benefician de la política fiscal, las ayudas, las infraestructuras y los ERTE, y su actividad no revierte en el territorio. LAB pide una planificación industrial real, con una participación real y vinculante de los sindicatos. Los gobiernos de la CAV y Nafarroa deben impulsar proyectos industriales de propiedad pública y las empresas que reciben ayudas deben tener prhobido repartir dividendos y deben mantener el empleo. Asimismo, se debe reforzar la legislación contra las deslocalizaciones y evitar que las empresas que reciben ayudas públicas destruyan o empeoren el empleo. Si es así, deben ser sancionados.
3. Llevar la negociación colectiva a la descarbonización y apostar por la inversión privada. Las empresas toman decisiones sobre el empleo en base a planes de descarbonización sobre los que no hay ninguna garantía de cumplimiento. Se debe reconocer la participación sindical en la descarbonización de la industria. Además, las empresas con beneficios millonarios deben destinar las ganancias a la inversión productiva que exige la transición energética.
4. Reducción de jornada y empleo digno: repartir, reconvertir y recualificar. Debemos avanzar hacia una semana de trabajo de 30 horas que redistribuya la carga de trabajo y amortigüe las transformaciones. Además, LAB apuesta por eliminar toda discriminación en la contratación y promoción de mujeres* en la industria. Junto a ello, las empresas deben impulsar mejoras laborales que dignifiquen el empleo; como la limitación de la subcontratación, la subrogación y la prevención de riesgos laborales. Se debe asegurar la formación y la recualificación hacia nuevos segmentos productivos y las mesas de reindustrialización deben ser obligatorias para aquellas empresas que tengan previsto el cierre o reducción de la actividad.
El Gobierno Vasco, en su línea
Además de presentar los pilares principales de la propuesta de LAB, el sindicato también ha valorado el Plan de Industria que ha presentado recientemente el Gobierno Vasco; no para bien, ya que no responde a la transformación que LAB reclama en su propuesta, según Kris Gete, responsable de la Federación de Industria de LAB. De hecho, Gete ha señalado que lo presentado por el Gobierno Vasco es una continuación de la política industrial de las últimas décadas: “La receta es la misma que hasta ahora: dotar de más dinero público a las empresas privadas y establecer menos obligaciones”. Ha explicado que se trata de un plan dirigido a las industrias a las que hoy les va bien y que, además, no incrementará el control público y la planificación industrial, ni garantizará el mantenimiento del empleo en los procesos de transformación.
Precisamente, el plan del Gobierno no es suficiente para una planificación industrial no es suficiente, según Gete, por varias razones: porque los proyectos transformadores que incluye responden principalmente a proyectos de grandes empresas ya en marcha; porque está lejos de ser una planificación con una ruta creíble para la descarbonización industrial; porque somete a beneficios privados la transición energética y el desarrollo de infraestructuras; porque no hay planificación sobre las transformaciones industriales más urgentes; y porque no se hace referencia explícita a la industria militar, aunque el Gobierno ha mostrado su voluntad de aprovechar el impulso que se le quiere dar a la industria militar a nivel europeo.
Gete ha denunciado la «absoluta» falta de medidas para garantizar un empleo de calidad y la participación de las y los trabajadores. En las condiciones de las ayudas públicas a las empresas privadas para impulsar su transformación industrial no se hace referencia al mantenimiento de los puestos de trabajo ni a las medidas que se adoptarán para impedir su deslocalización. Gete ha denunciado, además, que en el desarrollo del plan no ha habido participación de las y los trabajadores de la industria: “Es un plan que no ha contado con su representación”.
Para finalizar, Gete ha destacado la importancia de la acción sindical para “garantizar el derecho al empleo y lograr una verdadera transición energética en Euskal Herria”.
El Departamento de Salud está sometido a las directrices del lobby a favor de la privatización, modificando a su antojo la metodología establecida por el propio departamento en la mesa.
El martes y el miércoles se reunieron los grupos de trabajo de colaboración público-privada y de cartera de servicios. A pesar de que estos grupos de trabajo cumplieron con su labor y presentaron sus propuestas en la Mesa de Salud el día 11 de junio, el consenso alcanzado por las mayorías no gustó al Departamento de Salud y a los partidos que componen el Gobierno Vasco. Sin ningún escrúpulo para cambiar lo que no les gusta, el Departamento de Salud nos quiere imponer una visión para continuar con la privatización, haciendo caso al lobby privatizador.
El Gobierno, que quiere representar el consenso y el acuerdo, impone por tanto el veto a propuestas que no le gustan y ha decidido establecer la decisión de mantener la privatización en los grupos de trabajo. Ha sepultado el objetivo que acordamos por mayoría en el grupo de la colaboración público-privada; ofrecer el Sistema Público de Salud con recursos públicos y propios y reducir su dependencia del sector privado, recurriendo a él solo en situaciones excepcionales. Y en el grupo de trabajo de cartera de servicios, ha modificado el documento aprobado con total consenso por parte de sus integrantes, rechazando por completo los objetivos y acciones para poner en marcha un plan de publificación de la cartera de servicios.
El Departamento de Salud ha montado bien el teatro de su imposición. Por un lado, ha inventado que el documento del grupo de trabajo de la colaboración público-privada ha sido un documento sin consenso. Al parecer, solo le vale un amplio consenso cuando hay decisiones que le gustan. Y, en segundo lugar, ha impuesto someter sus propuestas a votación para continuar con esa farsa, convocando a todos los agentes que no han participado en los grupos de trabajo e impulsando nuevas votaciones. Esta dinámica de sumisión al lobby a favor de la privatización no tiene límites.
Los agentes que participamos en la Mesa de Salud defendemos dos modelos antagónicos que están frente a frente. El modelo de los que queremos fortalecer el Sistema Público de Salud y transformar y recortar las políticas privatizadoras que se han venido haciendo hasta ahora, y el modelo de los que quieren mantener la privatización y seguir haciendo negocio con ello.
Tanto para apostar por el sistema público como para acabar con las políticas de privatización y concertación son necesarias voluntades y compromisos concretos.. El nudo principal es lo que han bautizado como colaboración público-privada, y lamentablemente esta semana, más que desatarlo ese nudo se ha apretado aún más. Tal y como anunciamos, para LAB esto es determinante para fijar su posición respecto o estar o no en el pacto sanitario. El sindicato anunciará su decisión en los próximos días.
Los sindicatos LAB, ELA, ESK, STEILAS, CGT/LKN, HIRU, EHNE y Etxalde, junto con Sare Herritarra, hemos realizado hoy movilizaciones en Bilbo, Donostia, Gasteiz e Iruñea para reivindicar la vuelta a casa de las y los presos vascos y una resolución integral.
El responsable de Acción Social de LAB, Endika Pérez, ha señalado en la movilización de Bilbo que “es hora de cerrar una etapa, de que toda y todos los presos políticos vascos estén en libertad”. Ha destacado que el cierre de esta etapa es “de justicia”: “Ha habido muchas personas que han causado y han sufrido daños en 50 años de conflicto armado. Las víctimas de ETA han recibido el reconocimiento y los autores de los actos de violencia han cumplido largas condenas bajo la injusta política penitenciaria de excepción. Sin embargo, el Estado español no ha reconocido a las victimas que ha causado y apenas ha habido procedimientos judiciales contra esta violencia. Ha destacado que este «desequilibrio» no se soluciona con más cárceles, “sino con el reconocimiento de todas las víctimas y con la asunción de responsabilidades propias”.
Pérez ha subrayado que la vuelta a casa de todas y todos los presos políticos vascos contribuirá a cerrar la etapa del conflicto y a estabilizar la de la convivencia, y ha subrayado que LAB reivindica la convivencia, en el sentido más profundo de la palabra: «Al igual que en el mundo, en Euskal Herria queremos que todas y todoss los ciudadanos sean dueños de sus derechos. Queremos que tengan una vida digna. Queremos dejar atrás todo tipo de violencia, exclusión y expropiación».
Aquí, la declaración leída en las movilizaciones de hoy:
Sare y la mayoría sindical vasca, nos reunimos hoy para llevar a cabo la segunda y última movilización convocada este curso 2024-2025. Una vez más, la mayoría sindical vasca se une a Sare Herritarra, a la reivindicación de la superación de las consecuencias creadas por años de conflicto y, por supuesto, a la reivindicación de paz, resolución y convivencia.
El año que viene se cumplirán 15 años desde que ETA abandonara su actividad armada y todavía la sociedad vasca sigue padeciendo las consecuencias de tanto sufrimiento. Los sindicatos reunidos hoy, nos reafirmamos en nuestro compromiso de trabajar para aportar en aras de dar el salto a escenarios de convivencia que tanto ansía nuestra sociedad. Porque es necesario, si queremos mirar hacia el futuro, dar por solucionadas las consecuencias que nos amarran al pasado.
Cuando hablamos de consecuencias, hablamos de las victimas que ha dejado el sufrimiento al que hacemos referencia. Y nos referimos a la necesidad que tienen todas esas victimas de conocer la verdad y ser reparadas y reconocidas por las instituciones. Y hablamos tambien de esos 56 presos vascos que, como consecuencia de esas leyes y políticas de excepción, están cumpliendo sus condenas en régimen cerrado, así como de los exiliados y deportados.
Es responsabilidad de partidos, agentes sociales y políticos, sindicatos y, de la sociedad de Euskal Herria en general, aportar para llegar a escenarios de convivencia. Es responsabilidad de todos nosotros seguir trabajando por la resolución, aportando cada cual desde nuestra posición.
Los sindicatos que representamos a la mayoría de la clase trabajadora vasca nos reafirmamos hoy con ese compromiso. Nos reafirmamos con el compromiso de aportar en la resolución de las consecuencias del conflicto. No dejemos alargar más el sufrimiento.
Los y las presas, refugiadas y deportadas vascas a los centros de trabajo!
LAB celebra una nueva victoria en defensa de los derechos laborales. El pasado miércoles, 18 de junio de 2025, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó una sentencia favorable que pone fin a una situación de discriminación salarial que afectaba a buena parte de la plantilla del sector de la estiba en el Puerto de Bilbo.
En 2005, el convenio colectivo suprimió el complemento de antigüedad para quienes fueron contratados y contratadas a partir de esa fecha, manteniéndolo solo para quienes ya formaban parte de la plantilla. Esta diferencia ha generado una clara desigualdad entre trabajadoras y trabajadores que desempeñan las mismas funciones pero perciben condiciones retributivas distintas.
¿Qué implica esta sentencia?
-Fin de la discriminación salarial: se abre la vía para corregir esta injusticia histórica y garantizar el principio de igualdad.
-Reconocimiento de derechos adquiridos: el fallo desmonta la arbitrariedad de una práctica empresarial que perpetuaba desigualdades injustificadas.
-Refuerzo sindical: este logro demuestra que la lucha organizada desde LAB da resultados concretos y tangibles.
Esta sentencia afecta a más de 150 estibadores y estibadoras. Aquellos y aquellas que aún no han iniciado acciones judiciales podrán hacerlo, ya que BILBO ESTIBA adeuda más de 1.500 euros anuales por trabajador o trabajadora. Estas cantidades deberán ser incorporadas a la masa salarial en los próximos años, sin distinción entre quienes comenzaron a trabajar antes o después de 2005.
LAB hace un llamamiento a la patronal para no recurrir la sentencia y acatar el fallo, y anuncia que seguirá luchando por la igualdad plena en las condiciones laborales del sector.
Las fundaciones Ipar Hegoa y Manu Robles-Arangiz organizaron el pasado 16 de mayo, en el Bizkaia Aretoa de Bilbo, un seminario para promover la reflexión sobre el Salario Mínimo Interprofesional propio en Hego Euskal Herria y los beneficios que tendría ello para las y los trabajadores vascos. Se reunieron más de 150 personas y las y los ponentes tuvieron tiempo para contribuir con muchas aportaciones, centradas en la necesidad de un salario mínimodigno y propio. La Fundación Ipar Hegoa y la Fundación Manu Robles-Arangiz han publicado un informe que recoge estas aportaciones, con las repercusiones que el salario mínimo propio supondría para la clase trabajadora vasca y sus reflexiones al respecto.
El establecimiento de un salario mínimo propio es perfectamente factible porque la experiencia y el marco jurídico-político abren esa posibilidad. LAB también entiende el establecimiento de un salario mínimo propio como un ejercicio de soberanía. Sin duda, el SMI propio reportaría traeríamultiples beneficios: sería una herramienta eficaz para reducir la pobreza, repartir la riqueza de forma más justa y mejorar sustancialmente las condiciones de vida de las y los trabajadores más precarizados y hacer frente a la brecha salarial.
El 16 de junio murieron dos trabajadores en Euskal Herria. El primero, C.J.V.G., de 58 años, en la empresa Mesa de Mungia, en un accidente no traumático. Y el segundo, J.M.B.P., trabajador de la empresa Otis Mobility, de 46 años, en un accidente in itinere en la A-1 a su paso por Mendoza.
En primer lugar, el sindicato LAB quiere trasladar su solidaridad y apoyo a familiares, amistades y compañeros y compañeras de trabajo de estos trabajadores fallecidos. Además, hace extensivo este apoyo a las personas allegadas de todas y todos los trabajadores muertos en el trabajo.
LAB denuncia que las y los trabajadores de Euskal Herria siguen perdiendo la salud y la vida. El sindicato ha denunciado en numerosas ocasiones que las condiciones laborales precarias -largas jornadas, estrés o presiones- influyen directamente en la salud de los y las trabajadoras. Por eso sostiene que la mayoría de los accidentes laborales que se producen son perfectamente evitables, y que para ello sólo hace falta voluntad política para poner medidas que garanticen y respeten los derechos laborales, así como la implicación de todas las instituciones públicas y empresas.
Hay que acabar con la precariedad. Hay que acabar con la impunidad de la patronal. Las instituciones no pueden seguir mirando para otro lado, sino serán cómplices de lo ocurrido.
El sindicato LAB tiene claro que las y los trabajadores necesitan vida y trabajo dignos, que tienen derecho a volver sanos y salvas del trabajo. La organización y la lucha son el único camino para acabar con esta lacra individual, familiar y social. Es necesario un cambio en las relaciones laborales y en las reglas de juego. Tenemos que hacer realidad un nuevo modelo que priorice la vida y la salud de los trabajadores.
