LABLangile Abertzaleen Batzordeak

Desde LAB queremos comenzar esta negociación con una afirmación clara: La actual política de privatización de Residencias supone normalizar situaciones de maltrato, tanto para las trabajadoras como para los usuarios/as y sus familiares.

La privatización de este servicio público es incompatible con la garantía de derechos laborales y con una atención digna y de calidad. Es necesario abrir un proceso de publificación de las Residencias de Bizkaia.

Propuesta de LAB para el sector de Residencias de Bizkaia:

Medidas para afrontar los graves riesgos psicosociales y físicos. Evaluaciones específicas que aborden las cargas de trabajo, apoyos psicologicos para las trabajadoras y supervision externa, formacion especifica y más personal, entre otras.

Propuesta de ratios para la atención directa. Entre otras ratios mínimas:

– ratio diurno de 1 gerocultora por cada 4 residentes en cada turno de trabajo

– ratio nocturno de 2 trabajadoras por cada 15 residentes

– servicio de enfermeria las 24 horas

Medidas que afronten la última etapa de la vida laboral. Reducciones de jornada del 40% a las trabajadoras de 58 años sin perdida salarial, coeficientes reductores para la jubilación y contrato relevo

Equiparación salarial. La brecha salarial actual entre las gerocultoras privatizadas y las trabajadoras de la Residencia Publica de Leioa es del 39.56%. Mismo valor de trabajo mismo salario.

Medidas de conciliación que pongan el cuidado en el centro. Tiempo necesario para acudir al médico y para acompañar, permisos extendidos a un vinculograma, flexibilidad horaria para el cuidado, entre otras

Medidas que garanticen el aprendizaje y el uso del Euskera.

Planes de Igualdad Obligación para todas las empresas de tener un plan de igualdad y obligación de acordarlos con las delegadas

Medidas contra la precariedad. Limitar las jornadas parciales y que tengan prioridad para acceder a las vacantes de jornadas completas, complementos de bajas médicas al 100%…

Para LAB es imprescindible un debate real sobre la ratio de las Residencias de Bizkaia y considera imprescindible acordad medidas reales, en esta negociación. 

La negociación se tiene que dar en términos de equiparación, de una vez por todas. El anterior Convenio no afronta los problemas a los que se enfrenta el sector. Para LAB es el momento de cambios reales en el reconocimiento del trabajo público que realizamos. 

Desde los sindicatos ELA, LAB y CGT queremos denunciar, por considerarla inadmisible, la actuación de VW Navarra, UGT y CCOO, intentando presionar y coaccionar a la Inspección de Trabajo tras sus requerimientos por incumplimiento de la Ley en la contratación en VW-NA. Requerimientos que, aunque ajustados a derecho, son contrarios a la política empresarial de la multinacional, la cual acostumbra a saltarse todo tipo de leyes y normativas sin recibir represalias por ello.

Esta forma de actuar supone un claro desprecio y una discriminación hacia el resto de las empresas, trabajadores y trabajadoras navarras que sí cumplimos escrupulosamente con ella; además, supone el incumplimiento del Código de Conducta interno de la multinacional.

Queremos informar que el pasado 20 de enero solicitamos una reunión de urgencia del comité de empresa para tratar conjuntamente la situación creada ante las amenazas de la empresa, convocar asambleas generales en fábrica para informar a la plantilla y tomar las decisiones necesarias que hiciesen que la empresa recapacitase y las retirase.

Reunión que, a día de hoy y por decisión del presidente del Comité, no se ha producido, suponiendo de facto el bloqueo y anulación del mismo, máximo organismo de representación de la plantilla.

Queremos manifestar nuestro más firme rechazo ante la incoherente postura de UGT y CCOO, quienes, posicionándose del lado de la multinacional, por un lado asumen el posible ERE mientras por otro piden contrataciones.

Desde ELA, LAB y CGT lamentamos que la dirección de VW-NA, con el incondicional apoyo de UGT y CCOO, lejos de acatar las resoluciones, busque amedrentar a la plantilla con amenazas de futuros EREs, cuya única justificación sería tener que cumplir con la Ley haciendo fijos a unas decenas de trabajadores y trabajadoras, porque no entrarían dentro de sus planes empresariales cuando, en paralelo, están negociando la contratación de hasta 400 trabajadores eventuales.

Con esta situación, en ningún caso podrían justificar un excedente de plantilla. Sería inmoral que algún gobierno aceptara semejante planteamiento, sobre todo después de las decenas de millones de dinero público que recibe esta empresa vía ERTE para el mantenimiento del empleo.

También queremos recordar que UGT y CCOO ya tienen pactado en el X Convenio Colectivo el despido de personal TAS y MOD contratado fijo para diferentes proyectos de transformación si hubiera un excedente en estos colectivos.

Mucho nos tememos que la empresa quiera aprovechar esta coyuntura, con la colaboración de UGT y CCOO, para negociar un preacuerdo del próximo convenio claramente a la baja.

Por todo lo expuesto, tanto por el no cumplimiento de la legislación vigente como por la gestión llevada a cabo una vez descubierto, exigimos que se depuren responsabilidades en el seno de la Dirección.

Con este acuerdo los jeltzales atentan contra los derechos de los inquilinos y inquilinas sin ofrecer ninguna alternativa para las personas en situación de vulnerabilidad.

El PNV ha acordado con el Gobierno central que los pequeños propietarios puedan desahuciar a inquilinos en situación vulnerable. En palabras del PNV, los propietarios «recuperan la posibilidad de alquilar sus pisos», demostrando que han primado los intereses de los propietarios a obtener rentas de alquiler sobre el derecho a la vivienda.

LAB denunció el pasado viernes ante la Delegación del Gobierno en Bilbao la suspensión del «escudo social» del estado español con los votos en contra de PP, VOX, Junts y UPN. Estas medidas, aunque insuficientes, eran uno de los pocos refugios de miles de personas.

En la jornada de hoy, el PNV ha acordado con el Gobierno central medidas contra las personas en situación más vulnerable. El problema de la vivienda subyace en que mientras algunos hacen negocio con ella para cada vez más trabajadores y sectores sociales es imposible acceder a ella. Los precios no paran de subir y cada vez es más difícil tanto el acceso a la vivienda como poder hacer frente al gasto que supone. Ante esto, el PNV ha comprado el marco de la extrema derecha, distorsionando el problema, criminalizando a las personas en situación más vulnerable y abriendo la puerta a que sean desahuciadas. Todos los estudios apuntan a que dejar de pagar el alquiler es la última medida que familias y trabajadores adoptan ante las dificultades económicas, previa reducción en otro tipo de gastos. El PNV se posiciona así a favor de los desahucios y en contra de los derechos de los inquilinos y las inquilinas, poniendo por encima del derecho de todos y todas a tener una vivienda la posibilidad de que los propietarios alquilen sus pisos y reciban sus rentas – muchas veces de precios de alquiler muy elevados -.

También hemos conocido estos días que el Gobierno VAsco ha destinado 10,6 M de euros para el aval de viviendas propiedad de 61 jóvenes. Mediante estos avales se financia con dinero público la compra de viviendas de hasta 340.000 euros, cuando el precio medio de compraventa de la vivienda en la CAPV ha sido de 270.525 euros en 2025. De esta manera se crea una oportunidad para encarecer la vivienda a través de estos avales, que van directamente a los bolsillos de bancos y promotoras. En cuanto a Gaztelagun, en 2025 se destinaron 28,2 M de euros al pago de alquileres, también directamente a los bolsillos de los propietarios. Aunque estas medidas pueden ayudar a algunos jóvenes, este uso del dinero público perpetúa los altos precios de la vivienda, haciendo que el dinero de todos y todas acabe directamente en los bolsillos de los propietarios o de los bancos.

LAB considera que se ha demostrado, una vez más, que el PNV defiende los intereses de la patronal inmobiliaria y promueve una política de vivienda contra los trabajadores. Como consecuencia de esta política, que se resume en desamparo ante los desahucios, falta de un parque público de viviendas sólido y sin medidas efectivas para bajar los precios de la vivienda, cada vez hay más personas en situación vulnerable debido al conflicto de vivienda. 

Lo que necesitamos es una política de vivienda para deneter el negocio y bajar los precios, para dar pasos que garanticen estructuralmente el acceso a la vivienda, y en lugar de malgastar dinero público con subvenciones a la patronal., emplear los recursos públicos de manera efectiva para garantizar el derecho a la vivienda Necesitamos políticas públicas a favor de los trabajadores. 

Dentro de la dinámica para hacer frente a las agresiones que está sufriendo el euskera en las administraciones públicas y para reivindicar las garantías jurídicas para poder trabajar y ser atendidos y atendidas en euskera, LAB ha realizado nuevas movilizaciones en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria junto con los sindicatos ELA y Steilas. Hoy se ha movilizado ante el Gobierno de Nafarroa, como lo hizo ayer ante las principales administraciones públicas de Bilbao, Donostia y Gasteiz.

Nos movilizamos para interpelar a las administraciones públicas, y también al Gobierno de Nafarroa, a los ayuntamientos, a los colegios públicos, hospitales públicos y entidades públicas. Y es que en estas instituciones públicas el derecho a trabajar en euskera y a recibir servicios en euskera está en grave riesgo y no está garantizado.

Ni que decir tiene en los ámbitos en los que el euskera no es oficial en Navarra. Y es que la imposición y división de la Ley del Vascuence, de hace 39 años, crea en Nafarroa ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda, con las graves consecuencias de que el euskera no sea oficial en todo el territorio. Así, la ley regula la concesión o supresión del derecho a recibir atención en euskera en función del lugar de residencia

La ofensiva vascófoba impulsada desde hace cuatro años en los juzgados de Hego Euskal Herria ha dificultado la normalización del euskera y ha dado pasos atrás. Así, CCOO y UGT siguen poniendo trabas para avanzar en la normalización del euskera mediante denuncias en los juzgados contra las competencias lingüísticas en el empleo público y utilizando argumentos falsos y totalmente vascófobos. Estos dos sindicatos alimentan a los jueces y juezas vascófobas y, junto con PSN-UPN-PP, buscan devolver el euskera a sus tiempos más oscuros, pretenden llevar el euskera a los tiempos del franquismo, sacándolo del ámbito público, paso a paso.

Están alimentando la falsa dicotomía entre los derechos lingüísticos y los derechos laborales. El camino, sin embargo, es impulsar más el euskera, creando una nueva ley para que sea oficial en toda Navarra; el euskera debe ser puente para la cohesión social; hay que ofrecer oportunidades de aprendizaje del euskera a todos los trabajadores, incluidos los subcontratados, y no al revés.

LAB quiere para el euskera los mismos derechos que tiene el castellano en las administraciones públicas de Hego Euskal Herria, nada más. En el camino por conseguirlo en Nafarroa, repetimos lo que propone LAB:

• Una nueva ley que haga oficial el euskera.
• Denunciar sentencias contra el euskera.
• Equiparar la necesidad de conocimiento del euskera y el castellano en la administración pública.
• Consensuar planes de euskaldunización integral, acordando recursos y plazos, garantizando los conocimientos suficientes para el puesto de trabajo y elaborando planes para poder trabajar en euskera.
• Garantizar el derecho de las personas usuarias a usar el euskera como lengua de servicio.
• Establecer mediante pliegos la obligatoriedad a las empresas prestadoras de servicios de elaboración de planes de euskera para garantizar el derecho de los trabajadores a trabajar en euskera y el derecho de los usuarios a ser atendidos en euskera en los ámbitos privatizados. Es decir, mediante cláusulas lingüísticas.
• Garantizar, en tanto no exista una nueva ley, el derecho de los usuarios a que el euskera sea lengua de servicio en aquellos ámbitos en los que el euskera sea oficial. Por otro lado, establecer el conocimiento del euskera como mérito en aquellos ámbitos en los que el euskera no es oficial.
• Hasta que todas las nuevas plazas exijan perfil, acordar anualmente un porcentaje incrementando el número de plazas con perfil de euskera en la administración.

Durante estas semanas el Gobierno de Nafarroa ha presentado un borrador de un nuevo estatuto de los empleados y empleadas públicas en el que no se tienen en cuenta las reivindicaciones expuestas anteriormente. Por lo tanto, pedimos que en el Estatuto se corrija lo siguiente: que se recojan las cláusulas que garanticen el derecho a trabajar en euskera y el derecho a que el euskera sea lengua de servicio.

Tal y como adelantamos en diciembre, LAB ya está activando a los trabajadores y trabajadoras y centros de trabajo. Ayer y hoy se ha movilizado en las capitales de Hego Euskal Herria, y no va a parar ahí. LAB va a intensificar la lucha

En los últimos años, los datos han mostrado que la tasa de desempleo ha descendido en Hego Euskal Herria. Sin embargo, desde el mes pasado ha aumentado un 0,61 %, dejando claro que se trata de una tendencia débil y dependiente del ciclo de contratación temporal de Navidad. De hecho, una vez finalizada la fase de contratos navideños, hay 137.754 personas desempleadas, lo que está poniendo en cuestión la solidez de la tendencia a la baja.

El mercado laboral presenta brechas estructurales y, tras el ciclo navideño, la situación ha empeorado. Esta realidad se construye especialmente sobre las espaldas de las mujeres y de las personas trabajadoras migrantes, encadenadas a los empleos con peores condiciones laborales.

El 58,80 % de las personas desempleadas son mujeres, y en el último mes el desempleo femenino ha aumentado (1.639 mujeres más), mientras que el número de hombres desempleados ha descendido. Entre las personas desempleadas sin empleo previo, las mujeres son una clara mayoría (68,78 %), y entre las mayores de 25 años el porcentaje es aún mayor, alcanzando el 77,75 %. Una de cada cuatro mujeres tiene un contrato a tiempo parcial (25,1 %), mientras que entre los hombres este porcentaje es mucho menor (11,6 %). Estos datos evidencian que la brecha de género se refleja tanto en el tipo de contrato como en la distribución de la jornada laboral, predominando condiciones laborales precarias.

Entre las personas trabajadoras migrantes, el número de desempleadas ha aumentado ligeramente en el último mes, a pesar de haber descendido a lo largo del último año. Resulta especialmente grave que el 31,35 % de las personas migrantes desempleadas no tenga empleo previo. Asimismo, cabe destacar que el 52,97 % busca trabajo en el sector servicios, un sector donde predomina la precariedad. Tras las Navidades, el desempleo ha aumentado en los servicios, lo que ha tenido un impacto directo en el incremento del paro entre la población migrante.

En el sector industrial el desempleo ha aumentado (207 personas desempleadas más). No obstante, el incremento ha sido más acusado en el sector servicios (1.109 personas desempleadas más), debido a la finalización de numerosos contratos temporales tras las Navidades. Del mismo modo, en el último año se ha producido un notable aumento del desempleo entre las personas sin empleo previo, que ya representan el 12,69 % del total de personas desempleadas.

A pesar de que la afiliación ha crecido, en el último mes ha descendido, especialmente en el sector servicios, donde se han perdido 9.505 afiliaciones como consecuencia del fin de los contratos de invierno. Aquí se detecta otro cambio de tendencia, ya que en la CAV y Navarra la afiliación femenina interanual ha disminuido, lo que evidencia una tendencia a la salida de las mujeres del mercado laboral. En enero, el 75,97 % de los contratos firmados fueron temporales y la jornada parcial aumentó un 1,83 %.

El actual modelo socioeconómico presenta debilidades estructurales y perpetúa un mercado dependiente de la ciclicidad, incrementando la precariedad entre los colectivos en situación de vulnerabilidad. En épocas de crisis, son las mujeres quienes sufren las consecuencias de forma más dura, como demuestra el aumento de los contratos temporales y de las jornadas parciales.

Por lo tanto, no se están produciendo cambios estructurales en el mercado laboral; el crecimiento del empleo se basa en la precariedad y, aunque existan indicios de mejora en la tasa formal de desempleo, en la realidad lo que aumenta son las brechas, la precariedad y la inestabilidad.

Así pues, concluimos con un llamamiento a la lucha, invitando a sumarse a la defensa de unas condiciones laborales y de vida dignas para la clase trabajadora. Para ello, el próximo 17 de marzo habrá una huelga general en Euskal Herria, en favor de establecer un Salario Mínimo Interprofesional digno para toda la clase trabajadora.