2025-12-21
Blog Página 25

UEU e Ipar Hegoa Fundazioa han presentado el libro ‘ETXEAREN KORAPILOA ASKATZEN. Etxebizitza-politika justurako gakoak’

Unai Fernández de Betoño Sáenz de Lacuesta (Vitoria-Gasteiz, 1977) ha escrito el libro ETXEAREN KORAPILOA ASKATZEN. Etxebizitza-politika justurako gakoak, en colaboración con UEU y la Fundación Ipar Hegoa. En él se ofrecen 30 claves políticas, económicas y sociales para resolver el problema de la vivienda.

En la rueda de prensa han participado Unai Fernández de Betoño Sáenz de Lacuesta, autor del libro; Edurne Larrañaga Celada, responsable de estudios de la Fundación Ipar Hegoa; Gidor Bilbao Telletxea, responsable de publicaciones de UEU; e Iratxe Delgado Arribas, miembro de Acción Social del sindicato LAB.

Gidor Bilbao Telletxea, responsable de publicaciones de UEU, ha subrayado que el libro se sitúa en la senda de la academicidad y de la búsqueda de la justicia social.

Edurne Larrañaga Celada, responsable de estudios de la Fundación Ipar Hegoa, ha señalado que el encarecimiento de la vivienda tiene un enorme impacto en la vida de los trabajadores y trabajadoras, y que este libro es una herramienta para el sindicato LAB. El sindicato LAB decidió ser un sujeto activo en el tema de la vivienda, y esa ha sido otra de las razones para impulsar este libro.

Según Unai Fernández de Betoño Sáenz de Lacuesta, el problema de la vivienda es consecuencia de decisiones políticas concretas, y por lo tanto, otras decisiones políticas también pueden darle la vuelta al problema. “En el libro expongo las claves políticas, económicas y sociales para desatar el nudo de la vivienda: reunidas en treinta medidas que deberían adoptarse casi simultáneamente, y además de manera duradera, es decir, manteniéndolas en el tiempo. No son desconocidas, pero hoy por hoy, al menos en el País Vasco Sur, no hay suficiente voluntad política para llevarlas a cabo y resolver de verdad el problema de la vivienda. ¿Por qué? Pues porque para desatar el nudo de la vivienda hay que apartarse de la lógica del mercado, ofreciendo viviendas asequibles y duraderas, y no existe gran interés político en hacerlo de manera efectiva, ya que lo que se persigue es que el precio de la vivienda siga subiendo continuamente”.

El autor ha destacado que en el País Vasco Sur apenas se ha impulsado el alquiler social: “En la lista de Etxebide en la CAV, por ejemplo, hoy en día hay 85.000 solicitantes reclamando una vivienda de alquiler social, porque no pueden pagar un alquiler libre, pero la oferta es de solo 28.000 viviendas de alquiler social”. Según él, la cifra de viviendas de alquiler social en el Sur es nueve veces menor que la oferta en países como Dinamarca, Países Bajos o Austria. Y casi cuatro veces inferior a la media de la Unión Europea: “el principal reto sería conseguir cuanto antes más viviendas de alquiler social”.

Fernández de Betoño ha explicado que los lectores, además de encontrar el origen del problema de la vivienda, hallarán también soluciones viables. Asimismo, ha subrayado que está escrito desde la mirada de Euskal Herria: “Nuestros jóvenes al norte del Bidasoa se emancipan cinco o seis años antes que los del sur del Bidasoa, entre otras cosas porque en el País Vasco Norte hay tres veces más alquiler social que en el País Vasco Sur. En la misma línea, el libro explica cómo debemos resolver el problema de la vivienda sin crear otros problemas, como los urbanísticos o los lingüísticos: también debemos tener en cuenta las especificidades de los espacios de uso intensivo del euskera o de los municipios vascoparlantes”. 

Gobierno Vasco: ¡asegura la financiación que necesita la universidad pública! Equipo rectoral: ¡defiende con firmeza la EHU!

La infrafinanciación de la universidad pública vuelve a ser el tema clave en el acto de apertura del nuevo curso. En el mismo, escucharemos bonitas palabras en boca del lehendakari ensalzando la imprescindible aportación de la universidad pública a la sociedad vasca, y aludiendo al reto que supone mantenerse e incluso subir puestos entre las mejores universidades del mundo. Sin embargo, la realidad es otra: la de una universidad pública infrafinanciada. Así pues, en lugar de hablar de excelencia una y otra vez, deberíamos denominar a la situación endémica que tenemos en la EHU excelente dejadez interesada.

Los salarios básicos del personal docente e investigador (PDI) de la UPV/EHU son inferiores a los salarios básicos del profesorado de secundaria, y la pérdida de poder adquisitivo ha sido muy evidente. Por aportar un dato, desde 2008 el salario del profesorado agregado y titular de universidad ha sufrido una devaluación del 24,3%. A ello hay que añadir que los complementos aprobados en 2006 para complementar los salarios se mantienen congelados, habiendo sido el incremento del IPC del 46,6% desde ese año.

Además, seguimos teniendo situaciones de precariedad verdaderamente insoportables. A pesar de haber encontrado la vía para contratar profesorado sustituto a tiempo completo, el profesorado a dedicación parcial sigue cobrando entre 400 y 800 euros, sin tener reconocidas algunas de las actividades imprescindibles que realizan. La carrera de fondo necesaria para llegar a ser profesor/a universitario/a no hace atractiva esta profesión, al menos desde un punto de vista económico. Prueba de ello es que cada vez más puestos docentes quedan vacantes en algunas áreas de conocimiento. Esto tendrá graves consecuencias a medio y largo plazo, ya que tendremos departamentos de la universidad pública donde no habrá suficiente profesorado.

A todo esto hay que añadir otro revés recibido a finales del curso 2024-25: la suspensión, por falta de financiación, de la creación de las plazas de profesorado ayudante doctor y de promoción que estaban aprobadas.

En el caso del Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos 15 años ha sido del 18,2%, y en muchos servicios y departamentos se necesita más personal. Los puestos de trabajo con menor nivel retributivo deben ser revisados y se deben garantizar unas condiciones salariales dignas y acordes con el coste real de la vida. El trabajo del colectivo PTGAS es imprescindible para el adecuado desarrollo de la docencia, investigación y demás actividades. Sin embargo, mientras que en otros países europeos la ratio PDI/PTGAS es de 2, en la EHU es de 2,76.

Para que la universidad pública pueda dar respuesta a las necesidades de la sociedad vasca en formación, investigación y/o transferencia del conocimiento es necesario contar con una plantilla suficiente, cuidarla, y ofrecer unas condiciones de trabajo dignas. Así mismo, es imprescindible aumentar el número de contratos para la realización de tesis doctorales, garantizar recursos suficientes para la investigación, poner en marcha las instalaciones nuevas necesarias, realizar el mantenimiento de los edificios (en algunos centros nos hemos acostumbrado a las goteras de todos los años…), acabar con la privatización de algunos servicios y dotar bien a los departamentos y servicios.

Exigimos al equipo rectoral una actitud firme para conseguir la financiación necesaria para la EHU. Es responsabilidad de la Dirección de la EHU defender con decisión, ante el Gobierno Vasco, una financiación que responda a las necesidades de una universidad pública al servicio de la sociedad.

La financiación que destina el Gobierno Vasco sigue siendo muy baja. De hecho, la aportación del Gobierno Vasco a la EHU para 2025 ha supuesto únicamente el 0,42% del PIB de la Comunidad Autónoma Vasca en 2024, muy lejos del 1% del PIB que marca la Ley Orgánica del Sistema Universitario para 2030. Lo peor es que el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación deja claro, según declaraciones realizadas en algunos medios, que no tiene ninguna intención de acercarse a esa cifra.

Tampoco menciona la posibilidad que ofrece la LOSU para que las universidades que ofrecen dos lenguas oficiales, obtengan financiación extra. Mientras en muchos Estados europeos la financiación de las universidades públicas supera el 1% del PIB, las personas y entidades responsables de financiar la EHU están comprometiendo, conscientemente, su presente y futuro.

El Gobierno Vasco también hace un uso instrumental de la EHU; no la trata con respeto. Ejemplo de ello es lo ocurrido con las plazas de medicina: mientras el Gobierno Vasco pide a la EHU que aumente el número de plazas para estudiar medicina, hace oídos sordos a otros problemas y necesidades que tiene la universidad.

Al mismo tiempo, el Gobierno Vasco pone la alfombra roja a las universidades privadas, promoviendo un modelo elitista de educación universitaria. La EHU, que debería ser una robusta embarcación para todas y todos, se está hundiendo poco a poco, mientras la flota de universidades privadas es cada vez más diversa y potente, con todo tipo de facilidades desde las instituciones y financiada directa o indirectamente con dinero público.

En el acto del nuevo curso académico nos encontrarán frente a su modelo privatizador y neoliberal, para exigir financiación suficiente para la EHU y defender la universidad pública que necesita la sociedad vasca.

En defensa de la universidad pública,
Gobierno Vasco: ¡asegura una financiación suficiente!
Equipo rectoral: ¡defiende con firmeza la financiación que necesita la EHU!

LAB – STEILAS – ELA – LSB-USO – CGT-LKN

LAB reivindica la necesidad de acabar con el negocio de la vivienda en el Parlamento Vasco

LAB advierte que la propuesta presentada por PNV y PSE hará subir los precios de la vivienda y dificultará su acceso. El sindicato ha reivindicado medidas para frenar la subida constante de los precios y lograr rebajarlos como la ampliación del parque público, el fomento del alquiler social y la declaración del conjunto de la CAV como zona de mercado tensionado. 

A las puertas del verano el PNV y PSE anunciaron la necesidad de medidas urgentes para hacer frente al problema de la vivienda. LAB realizó una valoración crítica de estas medidas y concretó varias propuestas. Al considerar que se una vez mas se trataba de ahondar en las políticas erróneas que nos han traído a la situación actual, el sindicato se movilizó entonces frente a Sabin Etxea y hoy Endika Pérez, responsable de Acción Social, ha tomado la palabra en la Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Agenda Urbana y ha destacado tres mensajes principales. 

Por un lado, Pérez ha explicado que pueden estar de acuerdo en parte del diagnostico, pero no así en la dirección de las medidas anunciadas. LAB considera innegable la necesidad de medidas estructurales y urgentes en el ámbito de la vivienda. La vivienda se ha convertido en una causa fundamental para el empobrecimiento de las y los trabajadores y así, ha denunciado que se quiere dar respuesta a la situación de emergencia que estamos viviendo iniciando un nuevo ciclo de construcción, que ahondará aún más el problema: «PNV y PSE han preferido plantear políticas para alimentar el mercado privado y medidas de cara a las empresas constructoras, antes que responder radicalmente al problema. Para bajar los precios se necesitan medidas inmediatas de ampliación del parque público, pero el parque no se puede complementar sólo con nuevas casas. Las medidas para movilizar lo que hay actualmente son absolutamente necesarias «. 

El responsable de Acción Social también ha denunciado el falso discurso sobre la falta de oferta. «Hemos visto en diferentes momentos de las últimas décadas que construir más casas no hace que bajen los precios. Cada vez son más las fórmulas que utilizan los fondos buitre, patronales inmobiliarias y rentistas para hacer negocio con la vivienda. Esto es inaceptable.”

Por lo tanto, el miembro de LAB ha señalado que estamos viviendo la consecuencia directa de las políticas públicas realizadas hasta ahora y que desgraciadamente PNV y PSE quieren profundizar en las medidas contra los y las trabajadoras. «Aquí los que reciben propinas y viven de las subvenciones son los bancos, las constructoras y la patronal inmobiliaria y es a lo que hay que poner fin. Hay que priorizar la función social de viviendas y limitar la posibilidad de hacer negocio con ella. Ahí es donde hay que hacer el esfuerzo y ahí es donde hay que tomar medidas urgentes «

En su intervención ha puesto como ejemplo la línea de avales puestos en marcha supuestamente para la emancipación de los jóvenes. Recuerda que LAB ha presentado alegaciones a esta línea al considerar que vulnera la Ley de Vivienda de 2015. «La ley recoge que el dinero público debe destinarse al alquiler social o a la rehabilitación de casas, y ahora el Departamento de Juventud destinará 144 millones, de la mano del Instituto de Finanzas, a incentivar la compra». La consecuencia será, según Pérez, que a quienes ya tienen la posibilidad de comprar su casa se les facilitará la posibilidad de hacerlo, mientras que quien más lo necesita seguirá desprotegido.

En tercer lugar, Pérez ha hecho hincapié en las propuestas realizadas por LAB. Ha reivindicado la necesidad de medidas para hacer frente a la emergencia de vivienda y al proceso de precarización y empobrecimiento que vive la clase trabajadora, poner freno a la constante subida de precios y lograr bajarlos. Para ello, LAB pide que se declare a toda la CAV como zona de mercado tensionado, así como la publicación inmediata del índice de precios. «No va a solucionar el problema, pero nos va a dar más herramientas», ha señalado. Asimismo, ha denunciado que el hecho de que 100.000 personas estén inscritas en Etxebide y que el 85% reclame alquiler social debería ser motivo suficiente para cumplir con lo que recoge la Ley de Vivienda. 

La administración debe pasar de pagar el alquiler en el mercado privado a garantizar el derecho a la vivienda y posibilitar el acceso a la misma ofreciendo alquiler social, ha reivindicado, para lo que, en lugar de conceder beneficios fiscales a propietarios, bancos y rentistas, hay que ejercer más presión sobre los mismos: “Porque si, hay viviendas. Necesitamos medidas para convertir casas secuestradas para hacer negocio en casas donde poder vivir de forma digna y permanente», ha proclamado. «Son las personas las que hay que poner en el centro, protegiendo y ampliando los derechos de las inquilinas para que nadie se quede en la calle. Cada semana conocemos las situaciones de personas obligadas por la fuerza a abandonar sus casas y este tipo de situaciones no podemos ni normalizarlas ni asumirlas».

Para finalizar, Endika Pérez ha reiterado el compromiso de LAB para hacer frente a la problemática de la vivienda: «El sindicato está interviniendo de forma directa en el conflicto que vivimos, a través de la acción sindical, luchando por bajar los precios de los alquileres, haciendo frente a las consecuencias de la turistificación y contra los desahucios.» Así, Pérez ha dicho que seguirán trabajando para que el sindicato sea un instrumento para hacer frente a la problemática de la vivienda. 

El cierre del SEPE en Eibar: una grave muestra del abandono de lo público

En los últimos meses, los habitantes de Eibar, municipio con una significativa población e importancia en la comarca, han sido testigos de un acontecimiento alarmante y profundamente preocupante: el cierre del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en su localidad. Este organismo, encargado de gestionar las políticas de empleo, ofrecer prestaciones por desempleo y fomentar la formación laboral, ha sido cerrado debido a la falta de recursos humanos, una situación que plantea graves interrogantes sobre el compromiso del sistema público con los derechos sociales de la ciudadanía.

Este cierre no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia más amplia que viene gestándose en los últimos años: el desmantelamiento progresivo de lo público a favor de intereses privados. El SEPE en Eibar, que antes de su cierre brindaba apoyo a miles de personas en situación de desempleo, se ha visto incapaz de ofrecer sus servicios por una deficiencia estructural en la dotación de personal, algo que es, cuanto menos, inaceptable para un organismo estatal cuya función es garantizar el bienestar de los ciudadanos en momentos de vulnerabilidad laboral.

Lo que está ocurriendo en Eibar no es un simple “ajuste” administrativo. Es el reflejo de una negligencia institucional grave, en la que el abandono de lo público por parte de las administraciones local, autonómica y estatal ha dejado a los ciudadanos en un estado de indefensión. El SEPE, en su rol de garantizar derechos fundamentales como el acceso a prestaciones por desempleo, debería contar con los recursos humanos y materiales suficientes para atender a todos los ciudadanos, independientemente de la zona en la que residan.

El cierre de este servicio público en una ciudad como Eibar, que además es un núcleo industrial y tiene un alto nivel de desempleo, es una señal clara de que la Administración no está asumiendo su responsabilidad con la ciudadanía. Es especialmente grave que esto ocurra en un contexto en el que las políticas públicas de empleo están cada vez más centradas en la externalización de servicios y la colaboración con empresas privadas.

Mientras el Estado, la Comunidad Autónoma Vasca y los partidos políticos que lo conforman parecen dar la espalda a lo público, las grandes corporaciones del sector privado se benefician de unos recursos que deberían estar destinados a fortalecer lo colectivo y lo social. Este proceso de privatización, en detrimento de lo público y en favor de la precariedad laboral, está llevando a la desprotección de los ciudadanos más vulnerables, aquellos que dependen de los servicios estatales para acceder a derechos fundamentales como el empleo y la seguridad social.

El desmantelamiento de las instituciones públicas no es solo una cuestión económica, sino también ética y política. Al reducir la presencia del Estado en sectores clave como el empleo, la educación o la sanidad, se va creando un caldo de cultivo que favorece a los intereses privados, a la vez que debilita el tejido social y la cohesión de la sociedad. El cierre del SEPE en Eibar no es solo un problema local, sino un síntoma de una tendencia que se extiende por todo nuestro país, Euskal Herria, y por todo el Estado español, y que está debilitando el sistema de bienestar de manera preocupante.

En este contexto, es imprescindible exigir un compromiso real y efectivo de las administraciones con el fortalecimiento de lo público. Las instituciones deben garantizar los derechos de los ciudadanos a través de políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, el acceso al empleo digno y la protección social. Es necesario que tanto el Gobierno Vasco como el Estado español reviertan la decisión de cerrar el SEPE en Eibar y doten a los servicios públicos de los recursos que necesitan para funcionar con eficacia y responsabilidad. El futuro de la democracia y del bienestar social pasa por la defensa y el fortalecimiento de lo público. No podemos permitir que el desmantelamiento de nuestras instituciones termine favoreciendo solo a unos pocos. Es el momento de exigir un cambio en las prioridades del gobierno, para que lo público vuelva a ser lo primero y se deje de lado la tendencia a privatizar lo que debería ser un derecho para todos.

La empresa Maderas de Llodio pretende despedir a 39 personas

Comunicado del Comité de Empresa de Maderas de Llodio

Desde el Comité de Empresa de Maderas de Llodio, perteneciente al Grupo Garnica, queremos informar que en el día de hoy se ha celebrado la primera reunión del periodo de consultas, en la cual la empresa ha entregado la documentación en la que, por causas productivas y organizativas, pretende despedir a 39 personas, al querer llevarse parte de la producción a otras plantas del grupo.

Ahora debemos analizar en detalle toda la documentación presentada por la empresa. En esta misma reunión, al igual que ya manifestamos y solicitamos por escrito a la empresa la semana pasada, hemos vuelto a exigir a la dirección que retire la decisión de plantear despidos despidos colectivos y otras medidas de similar gravedad.

Tras la asamblea de trabajadores y trabajadoras celebrada ayer, la decisión del Comité y de la plantilla es unánime: en Maderas de Llodio no sobra nadie. Nuestra reivindicación es clara: no permitiremos que se destruya ningún puesto de trabajo ni que se precaricen nuestras condiciones laborales.

Hemos trasladado a la empresa que nuestro único objetivo es retomar la negociación del convenio colectivo, pero únicamente una vez que se retire esta decisión que supone un grave perjuicio para toda la plantilla.

Por ello, si la dirección persiste en su intención de destruir empleo y recortar condiciones de trabajo, la semana que viene hemos convocado dos días de huelga: el 16 y el 18 de septiembre. Si la empresa no retira los despidos, seguiremos adelante con más movilizaciones y huelgas y todas las medidas necesarias hasta lograr que se dé marcha atrás en esta decisión unilateral.

Volvemos a repetirlo: en Maderas de Llodio no sobra nadie. Estamos todas y todos unidos en esta lucha y nos mantendremos firmes hasta que la empresa retire de la mesa esta decisión injusta y dañina.

DESPIDOS NO!

Inspección de Trabajo respalda la denuncia de LAB en BSH, pero el pacto de la mayoría sindical bloquea cambios

Inspección de Trabajo ha confirmado lo que LAB venía señalando sobre el ERE de BSH, ratificando que la medida es desproporcionada y carece de sentido. Sin embargo, el acuerdo entre la empresa y los sindicatos mayoritarios en BSH impide que se pueda revertir esta situación.

Desgraciadamente, esta confirmación no implica que el ERE vaya a ser cuestionado. Esto se debe a dos razones principales: por un lado, la falta de capacidad de las instituciones públicas para defender los derechos de los trabajadores; y por otro, el acuerdo entre la empresa y los sindicatos mayoritarios en BSH (UGT, CCOO, ATISS y Solidarik), que condiciona cualquier posibilidad de cambiar la situación.

La segunda situación tiene una solución tan difícil como simple, y es que esos sindicatos que representan la concertación sindical pierdan su mayoría. Afortunadamente, en Navarra se ha empezado a avanzar en esa dirección en los últimos años.

La otra situación, la incapacidad de las instituciones públicas, tiene una solución igualmente difícil y sencilla, pero en este caso no estamos en absoluto en la dirección de cambiarla. En el proceso de elaboración de lo que será la Ley de Industria de Navarra, hemos presentado durante meses diversas propuestas para evitar situaciones como esta. Entre ellas, destacan la necesidad de dotar de contenido real y garantizar el cumplimiento efectivo de una ley de deslocalización que, a día de hoy, no cumple su función, así como la participación directa de las instituciones públicas en la gestión de proyectos industriales estratégicos. Estas propuestas, por supuesto, no son tenidas en cuenta en el último borrador.

Por nuestra parte, seguiremos en la misma línea, defendiendo las condiciones de trabajo y los puestos de trabajo de los y las trabajadoras y reivindicando y luchando por unas normas que sean beneficiosas para todos y todas, independientemente de que haya una ley o no.

LAB denuncia que el Departamento de Educación sigue sin cumplir en su totalidad los acuerdos y que ha puesto en marcha una mesa de segregación con una metodología difusa

LAB ha conseguido hoy 63 plazas más en Haurreskolak y 15 en cocina y limpieza, en consecuencia de la lucha y denunciar judicialmente los acuerdos que firmó.

Hoy, la Consejera Pedrosa ha inaugurado junto al Lehendakari Pradales el curso escolar en el IES Etxebarri. El sindicato LAB ha estado presente para recordar a la Consejera de Educación del Gobierno Vasco que no aprovechó el curso anterior para planificar los recursos procedentes de los nuevos convenios, ni para acordar los temas que quedaron pendientes de negociación.

LAB logró el pasado curso, después de más de 15 años, renovar los convenios de los cuatro colectivos que ejercen en el ámbito público, mejorando así las condiciones laborales de más de 30.000 trabajadoras y trabajadores. El sindicato ha recordado que LAB, siendo la primera fuerza, fue determinante, ya que las medidas acordadas en el acuerdo laboral firmado en junio de 2023 se trasladaron a las mesas de negociación de los diferentes ámbitos. Y que los cuatro convenios se firmaron gracias a las movilizaciones y huelgas que impulsó.

El sindicato ha recordado que, teniendo como objetivo que la escuela pública sea el eje, en los convenios firmados han sido claves la mejora de las condiciones de trabajo y la dotación de recursos de todo el personal, incidiendo directamente en la calidad educativa

No obstante, el sindicato ha señalado que el Departamento de Educación debe cumplir en su integridad los acuerdos firmados, ya que aún el tema de los recursos personales está por desarrollar y consensuar en el Consorcio Haurreskolak y en los colectivos de educadores de Educación Especial.

Además, aún no se ha realizado el cálculo de los nuevos puestos de trabajo necesarios tras la bajada de ratios, metrajes y jornada en cocina y limpieza y la determinación de la jornada y ratios de educadores en el Consorcio Haurreskolak. 

En ambos colectivos hay que añadir que hoy LAB ha conseguido que el departamento de educación cumpla los acuerdos firmados en noviembre de 2023 y marzo de 2024, respectivamente. El departamento deberá crear 15 nuevos puestos de trabajo en cocina y limpieza en septiembre y los 63 firmados en el Consorcio Haurreskolak, antes de octubre. LAB afirma que tenía iniciada la vía judicial por este incumplimiento. 

Por otra parte, LAB ha denunciado que, a pesar de que en el colectivo docente se acordaron los criterios para la adjudicación de la plantilla, no se han creado todas las plazas necesarias como consecuencia de la aplicación de criterios decididos unilateralmente por el Departamento de Educación. De hecho, no se han creado puestos de trabajo que se deberían de generar como consecuencia de la hora lectiva directa que se ha reducido al profesorado en todas las etapas. Asimismo, en secundaria, las horas utilizadas en el programa en el que participan algunos centros para las ayudas al alumnado con más dificultades en el proceso de aprendizaje (Hedatze) no se han recogido dentro de las 17 horas lectivas máximas del profesorado.

Asimismo, LAB ha calificado de caóticos los procesos de adjudicación de personal que se han llevado a cabo a principio de curso. Cada año miles de trabajadoras y trabajadores están sometidos a procesos llenos de errores, problemas informáticos y carencias que no se solucionan. El sindicato le pide al departamento que resuelva también este tema.

Además, el Departamento ha aprovechado el inicio de curso para poner en marcha la mesa del pacto contra la segregación. Aunque en la misma se han explicado los pormenores de la mesa, se ha presentado una metodología difusa e indeterminada, que a juicio de LAB es la misma que ha utilizado el gobierno en la Mesa de Salud; es decir, que va variando a su antojo en función de sus intereses. Así, LAB ha pedido concreciones y ha preguntado quién y cómo se tomarán las decisiones, ya que combatir la segregación no es una cuestión de voluntades, sino de decisiones políticas. LAB dice que hay que cambiar varios decretos y normativas en cuanto a los contenidos y pide también medidas para reforzar la escuela pública.

Por lo tanto, en este inicio de curso LAB hace dos exigencias a la Consejera de Educación. Por un lado, LAB le exige que cumpla lo acordado y aborde las cuestiones pendientes de negociación. Y por otro lado, adoptar medidas contra la segregación y consensuarlas con los representantes de los y las trabajadoras. Asimismo, el sindicato señala que los acuerdos alcanzados fueron gracias a la lucha, y que gracias a ello se han logrado medidas que mejorarán la calidad educativa. No obstante, ha señalado que seguirá luchando para lograr medidas estructurales que hagan cumplir y desarrollar lo recogido en estos convenios y hacer frente a la segregación.

Gracias a los acuerdos alcanzados en los últimos años, se ha reforzado la educación pública y se han dado pasos firmes en el camino de la Escuela Pública Vasca Comunitaria, en la que LAB seguirá trabajando. 

LAB, a favor de la compañía Jaizkibel y un alarde municipal, público y feminista

Han pasado veintinueve años desde que un grupo de mujeres* intentó incorporarse en el Alarde de Hondarribia. Su objetivo: participar como mujeres hondarribiarras en el alarde de su pueblo; poder desfilar también de forma activa en las fiestas.

Aquella acción supuso un paso más en la lucha feminista por los derechos de las mujeres. Porque hay que decirlo alto y claro: sin la participación libre de las mujeres, las fiestas no son ni igualitarias, ni libres. Las calles también son de las mujeres, por eso reivindicamos el derecho pleno de las mujeres* a ser y moverse libremente, tanto en el día a día como en las fiestas.

Durante veintinueve años hemos conocido la negación, el conflicto, la violencia, el insulto y la negación política, y todavía hoy no se ha realizado ninguna iniciativa clara desde la alcaldía de Hondarribia que nos encamine hacia una solución. Además, el Alarde excluyente así como los partidos políticos y poderes que lo apoyan, actúan año tras año en contra de la participación normalizada de las mujeres en el espacio público y político. La ausencia de una intervención clara es, en sí misma, sinónimo de la opresión de las mujeres* y, por tanto, la perpetuación de la opresión de clase. Sin embargo, gracias a las mujeres* que han luchado durante todos estos años, se han generado oportunidades para el cambio.

Tras las elecciones municipales y forales de 2023, en el pueblo que ha sido el bastión de EAJ-PNV, se abrieron las posibilidades de cambio. Sin embargo, a pesar de los pequeños gestos en el camino hacia una posible normalidad, al igual que en las fiestas que hemos vivido desde 2023, en esta edición la alcaldía ha vuelto a poner de manifiesto que el movimiento feminista sigue siendo hoy el único y principal símbolo y agente de transformación. En este sentido, LAB hace suyas las declaraciones realizadas por la Compañía Jaizkibel, es decir, “cogiendo la bandera de la convivencia, y olvidando que el problema, en el fondo, es una cuestión de discriminación, el Ayuntamiento ha querido tratar a los dos grupos de la misma manera. Y no se pueden tratar de la misma manera a los que están en defensa de un derecho y a los que lo niegan”.

LAB quiere hacer una petición concreta: es necesario reconstruir el camino para que el Ayuntamiento organice el Alarde, y al mismo tiempo, dotarlo de los recursos necesarios para que sea feminista.

Desde las instituciones se llenan la boca diciendo que promueven políticas de igualdad, mientras que frente a prácticas tan excluyentes no existe ningún compromiso político para enfrentar esta situación y darle la vuelta.

Queremos hacer llegar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que, en estos tiempos convulsos, están organizando y luchando por un Alarde municipal, público y feminista y, en especial, a todas las personas creadoras, impulsoras y todas aquellas personas incansables que están comprometidas con la Compañía Jaizkibel. ¡No estamos dispuestas a aceptar discriminaciones en el trabajo, en casa, en las calles, en las fiestas ni tampoco en el Alarde!

Gora Jaizkibel Konpainia!!

Gora borroka feminista!!

Agresiones en BetiON mientras la empresa y el Gobierno Vasco miran para otro lado

En tan solo dos meses, tres trabajadoras del servicio de Teleasistencia BetiON, han sufrido diferentes agresiones por parte de personas usuarias y/o personas ajenas al servicio. Mientras tanto, la empresa no ha activado ningún protocolo de emergencia, dejando a las víctimas en total desamparo y desprotección, permitiendo tanto la empresa como el titular del servicio (Gobierno Vasco) que los agresores no hayan sido dados de baja del servicio, con el consiguiente y repetido riesgo que ello supone para cualquier profesional que acuda a estos domicilios.

Las trabajadoras sienten un total abandono por parte de la empresa, ya que no se realiza ningún tipo de seguimiento de los casos mencionados ni se interviene con medidas para que esto no vuelva a suceder.

Cabe decir, que por parte de la empresa no hay ningún plan formativo que ayude a las personas trabajadoras a saber como abordar este tipo de situaciones y dejan todo a la improvisación de las trabajadores y trabajadores que se encuentran en ese momento en su turno de trabajo.

La única aportación por parte de la empresa ha sido añadir una instrucción técnica ya existente (que no soluciona nada en dos de las agresiones sufridas), asesoramiento jurídico y ayuda psicológica mediante via telefónica que creemos totalmente insuficiente ante estos casos que denunciamos.

Sin querer entrar en alarmismos, no podemos obviar la posibilidad de que cualquier día podamos sufrir un desenlace peor. Ante las situaciones de riesgo como las vividas: golpes en vehículos personales, insultos machistas, acosos, puertas de viviendas cerradas con llave para no dejar salir a la trabajadora y un largo etc., todas ellas consideradas agresiones graves que han llevado a la intervención policial en varios casos.

Por todo esto, la plantilla del servicio público de Teleasistencia del Gobierno Vasco sentimos una gran desprotrcción por parte de la empresa y el titular, ante este tipo de situaciones. 

A todo esto, tenemos que sumar que la empresa continúa incumpliendo el convenio. Un ejemplo de ello es la expulsión de la bolsa de trabajo a una trabajadora. Un acto represivo del que hay constancia y denuncia interpuesta por parte de la trabajadora, con juicio fechado para el 6 de octubre, donde se dictará sentencia.

Desde el comité se propondrá una convocatoria a huelga para ese día. Exigimos a la empresa y al Gobierno Vasco que dejen de jugar con nuestra salud y nuestra dignidad. Sin protección, sin derechos y sin respeto no hay cuidados.

Por todo ello, ante las agresiones y la vulneración de derechos laborales, el comité intercentros convoca a la plantilla, a los medios de comunicación y a la sociedad a una concentración el próximo 9 de septiembre a las 10’30 horas, frente a las instalaciones de BetiON (calle Aragón 2). Allí denunciaremos públicamente la falta de seguridad, y el abandono a las víctimas por parte de la empresa y Gobierno Vasco.