En el día de hoy, las más de 1.000 trabajadoras y trabajadores del sector de intervención social de Araba han secundando de manera muy importante la sexta jornada de huelga desde que se inició el 2026, en defensa de un convenio colectivo. Reclaman una mejora de sus condiciones laborales en el camino hacia la equiparación con las de sus compañeras del sector público.
La jornada ha comenzado con un piquete informativo ante la Cruz Roja, que ha pasado por la Fundación Eraikibide y la Asociación Nuevo Futuro a primera hora de la mañana, con el que han dado a conocer la grave situación en la que se encuentra la negociación del convenio. Pero en la jornada de huelga de hoy, el protagonismo ha correspondido a la comparecencia de representantes sindicales del sector ante la Comisión de Políticas Sociales .
Hace exactamente un año las trabajadoras y trabajadores del sector de intervención social comparecieron para trasladar la situación que atravesaban. Ya entonces denunciaban las dificultades existentes en la negociación colectiva y reclamaban un convenio justo que reconociera adecuadamente la labor que desempeñan. Un año después, la realidad apenas ha cambiado: los obstáculos por parte de la patronal y las administraciones siguen siendo los mismos y las reivindicaciones del sector continúan plenamente vigentes.
La Diputación Foral de Araba es responsable de la gran mayoría de los servicios y centros del sector. Sin embargo, las intervenciones que ha realizado históricamente nunca han surgido por iniciativa propia, sino como consecuencia de la presión ejercida por las movilizaciones y las demandas de las trabajadoras. Ya el pasado verano estas advirtieron de que sus luchas se orientarían hacia la equiparación de sus condiciones laborales con las del sector público, una reivindicación que hoy sigue siendo el núcleo del conflicto. Resulta difícil sostener que trabajadoras que realizan las mismas funciones dentro del mismo sistema de cuidados deban soportar diferencias salariales y laborales tan significativas únicamente por pertenecer a una entidad privada subcontratada.
Ante esta situación, los y las trabajadoras se preguntan si estamos ante una muestra de desidia institucional o se trata simplemente de silencio administrativo. Han aprovechado la comparecencia de hoy para solicitar públicamente una reunión con el diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran. Las administraciones no pueden seguir situándose al margen de este conflicto. Son responsables directas de los servicios que prestan, deciden los presupuestos y tienen la primera y la última palabra sobre la financiación. Presumen de una amplia cartera de servicios sociales, pero esa apuesta no se refleja en el reconocimiento de las personas que los hacen posibles cada día.
Las instituciones conocen perfectamente la situación. Los y las trabajadoras ya comparecieron el verano pasado, y además, a finales del año pasado mantuvieron reuniones con distintos grupos políticos y departamentos implicados, tanto del ayuntamiento como de la diputación. A pesar de ello, siguen encontrándose con respuestas insuficientes e incluso con la ausencia de interlocución por parte de algunos responsables políticos. Se insiste en que la negociación corresponde exclusivamente a patronales y representación sindical, pero esa posición resulta cómoda cuando quienes tienen capacidad real de financiación y decisión permanecen al margen.
Por la parte sindical, basadas en las demandas concretas recibidas del sector, se han presentado numerosas propuestas con voluntad de acuerdo. Sin embargo, la última propuesta patronal vuelve a demostrar la distancia existente entre las posiciones, especialmente en materia salarial, aunque también en el resto de contenidos. La subida planteada para los años 2025 y 2026 se pretende compensar reduciendo los incrementos de los años posteriores, alcanzando un aumento total del 13% que no responde a las necesidades reales de equiparación. Además, en cuestiones fundamentales para el sector se plantean formulaciones genéricas y poco vinculantes que no garantizan avances efectivos ni mejoras concretas para las plantillas.
En este punto, los y las trabajadoras subrayan que el origen del problema se encuentra también en un modelo de subcontratación que perpetúa la desigualdad entre personas que realizan el mismo trabajo. La privatización de una parte importante del sistema de cuidados ha servido para justificar salarios más bajos y peores condiciones laborales. Esta situación es profundamente injusta y obliga a preguntarse si existe una verdadera voluntad política para transformarla. Las administraciones deben asumir su responsabilidad, mediar e intervenir para desbloquear el conflicto; ya que sin financiación y sin implicación institucional no habrá una solución real.
Los y las trabajadoras del sector de intervención social son parte esencial del sistema de cuidados, por ello y todo lo anteriormente mencionado, reclaman avanzar hacia un modelo público y comunitario en aras de garantizar unos servicios de calidad y unas condiciones laborales dignas. Mientras instituciones y patronales no se tomen en serio la negociación de este convenio, seguirán organizándose y movilizándose. La presión en las calles continuará porque es, una vez más, la herramienta que les queda para lograr los cambios que el sector necesita y merece.
