2025-12-20
Blog Página 24

NO al acuerdo marco en Correos

El Sindicato LAB se opone al Acuerdo Marco de Correos “Acuerdo Correos y Sindicatos de las líneas básicas a trasladar al IV Convenio Colectivo y Acuerdo General”, firmado por CCOO, UGT y CSIF. Este acuerdo contiene diferentes aspectos muy negativos para la plantilla. Tanto en materia salarial como en conciliación familiar, contratación, etc, representando un serio retroceso en derechos
conquistados.

Trasladar los contenidos de este acuerdo a un nuevo Convenio Colectivo, puede suponer la destrucción de miles de puestos de trabajo al pasar los gastos de personal del 85% actual al 70% en 2 años, un régimen retributivo individual vinculado a la producción sin subidas por el IPC, implantar un calendario laboral en el que un 10% de las horas por jornada serán variables en función de la carga prevista, y dar otra vuelta de tuerca más en la movilidad funcional, geográfica e intercentros o acabar con las Bolsas de Empleo. Todo esto influirá directamente en la cantidad y calidad del empleo así como en la prestación de un servicio público de calidad en favor de la comunidad que realiza la empresa pública.

LAB ha manifestado su apuesta decidida por un Correos público y de calidad, y por decidir aquí en
Euskal Herria nuestras condiciones laborales, por eso nos plantamos ante este nuevo atropello a los y
las empleadas públicas de Correos.

GUK ERE PLANTO!

En respuesta a lo manifestado por el alcalde de Eibar sobre el SEPE

En los últimos días, el alcalde de Eibar ha afirmado que desde el 4 de septiembre la oficina del SEPE funciona con total normalidad. Esta afirmación es falsa, ya que el SEPE de Eibar lleva todo el verano cerrado al público, y a día de hoy sigue igual: no hay citas telefónicas, no hay citas presenciales y, según nos han confirmado allí, la situación no variará en las próximas semanas.

Esto, por supuesto, nos genera preocupación, porque un servicio que antes se prestaba en la oficina de Eibar, hoy por hoy no se está dando, y lo que sucederá en el futuro también está en cuestión: según hemos podido confirmar, hasta que haya una nueva orden no habrá citas presenciales para el público, por lo que, por el momento, no se podrán realizar muchos trámites que antes se podían realizar en la oficina de Eibar. Es evidente, por tanto, que el SEPE no funciona con normalidad, ya que si se compara con la situación anterior, los cambios y recortes son evidentes.

El Sr. Alcalde comenta que hay que ser prudente y contrastar la información. Pues bien, hemos contrastado directamente la información en la oficina, en las citas inalcanzables, en la voz de los trabajadores y trabajadoras que no han podido acceder a este servicio. Lo que vemos es muy simple: nos mienten y nos quieren ocultar una situación que golpea de lleno a la clase trabajadora. ¿Normalidad para quién? ¿Quizá para la alcaldía? La única normalidad que existe es la de los ciudadanos y ciudadanas no atendidas, por razones que aún no conocemos ni quieren aclarar desde las instituciones, ya que muchos de los servicios que se prestaban, se han dejado de dar de un día para otro.

El SEPE no es un favor que nos hacen: es un derecho de la clase trabajadora. Y lo están pisoteando. Mientras nos envían un mensaje de tranquilidad nos dejan sin servicio: hoy por hoy (y con un futuro oscuro) la oficina del SEPE de Eibar no funciona con normalidad.

Sin embargo, lo que estamos viviendo en Eibar no es un problema coyuntural: es el resultado de abandonar lo público, de una política que deja sin defensa a los más necesitados y necesitadas. Exigimos responsabilidades, soluciones inmediatas y personal suficiente para que el SEPE de Eibar vuelva a ser lo que tiene que ser: un servicio que está y estará a disposición de los trabajadores y trabajadoras. 

LAB exige al Parlamento Vasco que garantice la seguridad jurídica que requiere la euskaldunización de la administración pública

El sindicato ha defendido que poder trabajar en euskera es un derecho laboral de todo trabajador que vive y trabaja en Euskal Herria y ha reclamado garantías legales para la euskaldunización de los servicios públicos. Con la misma reivindicación, el sindicato intensificará las movilizaciones en las próximas semanas y meses.

Hace tiempo que los agentes euskaltzales están alertando del retroceso y de la situación de emergencia que vive el euskera, y del salto que necesita su normalización, que exige acelerar la euskaldunización de la administración. Paralelamente, en Hego Euskal Herria son constantes los ataques que está sufriendo el euskera desde el ámbito judicial, y en los últimos cuatro años los tribunales han frustrado casi mensualmente los esfuerzos de euskaldunización de las administraciones públicas. Ejemplo de ello son las sentencias contrarias a la Ley Municipal de la CAV y las que han rebajado las exigencias del euskera en las convocatorias de plazas de diputaciones y numerosos ayuntamientos. En este contexto, LAB ha expresado en varias ocasiones la necesidad de dar un salto en la movilización social y en la activación social, y hoy ha reunido en Gasteiz a docenas de delegadas y delegados de la administración pública. Tras la asamblea, han llevado a cabo una movilización hasta el Parlamento Vasco en la que han exigido garantías legales para la euskaldunización de los servicios públicos y han expresado su voluntad de intensificar las movilizaciones en los próximos meses.

LAB ha realizado una gran labor y movilización para euskaldunizar los servicios públicos, tanto para atender en euskera como para garantizar el derecho de las y los trabajadores a trabajar en euskera. También en las subcontratas y servicios privatizados como los cuidados está luchando constantemente por planes de euskaldunización de los servicios y del personal. También ha hecho propuestas más generales. Han pasado ya tres años, por ejemplo, desde que LAB, junto con el Euskalgintzaren Kontseilua y ELA, presentara su propuesta para euskaldunizar las administraciones públicas en un plazo de 15 años. La respuesta institucional ha sido nula o de retroceso: rebajar los perfiles lingüísticos y retrasar los índices y fechas de preceptividad. Es evidente que vamos a peor y que a estas alturas la propuesta ha quedado obsoleta. Hay que dar otro tipo de pasos.

En la dirección contraria, algunos partidos políticos y sindicatos han alimentado la ofensiva jurídico-política y han contrapuesto derechos lingüísticos y laborales. Pero alimentar esa dicotomía ataca a la cohesión social y al euskera. Para defender un derecho no se puede negar otro; es más, poder trabajar en euskera es un derecho laboral de todas y todos los trabajadores que vivimos y trabajamos en Euskal Herria, tan importante como el resto de derechos laborales e imprescindible para tener unos servicios públicos fuertes y de calidad. Además, por desgracia todavía hay que recordar que trabajar en euskera es un derecho; un derecho que se vulnera de forma flagrante.

Para garantizar los derechos lingüísticos y avanzar en la normalización del euskera, junto a estrategias de medio y largo plazo, necesitamos medidas y decisiones a corto plazo que, con urgencia, aporten seguridad jurídica al proceso de normalización del euskera y sean un muro de contención ante las continuas injerencias de los juzgados. Y eso exige tomar medidas para dar seguridad jurídica a las políticas que den prioridad al euskera. 

En este sentido, el sindicato ve con buenos ojos las medidas a favor de la generalización de la exigencia del euskera en la administración pública, así como la propuesta de EH Bildu de modificar la Ley de Empleo Público, que podría situarse en esa dirección. Este cambio legal recogería: la equiparación de las exigencias del euskera y el castellano; el establecimiento de una gestión flexible en función del contexto sociolingüístico; y el incremento de los recursos y liberaciones para posibilitar la euskaldunización de todo el personal público. En cambio, el sindicato considera que la propuesta de modificación legal de los «criterios de proporcionalidad» que ha elaborado el PNV perpetúa el problema: dificulta la euskaldunización de los servicios públicos y facilita el retroceso.

Por lo tanto, LAB ha pedido al Parlamento Vasco un cobijo jurídico que ofrezca garantías para la euskaldunización de los servicios públicos y para que tanto se pueda trabajar como recibir atención en euskera en la administración pública. Asimismo, LAB considera que esa garantía legal exige la movilización social y la activación de las y los trabajadores vascos, por lo que intensificará las movilizaciones. 

LAB reivindica que todas las políticas de empleo se decidan aquí

Han hecho falta 46 años para anunciar que la gestión de la Prestación por Desempleo recogida en el Estatuto de Gernika estará en manos del Gobierno Vasco. Para LAB la transferencia es positiva, pero denuncia que resulta totalmente insuficiente para llevar a cabo políticas a favor de la clase trabajadora; es necesario que todas las políticas de empleo, activas y pasivas, se decidan aquí.

El acuerdo político anunciado ayer por el Gobierno Vasco y el Gobierno de Madrid dará salida a una transferencia competencial incumplida durante casi medio siglo, concretamente la gestión de la Prestación por Desempleo. De este modo, el Gobierno de Gasteiz tendrá la posibilidad de gestionar lo que se cobra por estar en paro y las prestaciones que se perciben al finalizar el desempleo o cuando no se ha cotizado lo suficiente, así como las 50 oficinas que pertenecen al SEPE y las 600 personas trabajadoras que en ellas se emplean.

LAB quiere recordar que, estando aún pendiente la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, este acuerdo supone una cesión parcial, ya que lo único que se transfiere es la gestión de la prestación por desempleo. Así, de momento, el importe de las prestaciones, su duración, las obligaciones de las personas beneficiarias… seguirán siendo fijados por el Gobierno de Madrid. Del mismo modo, no podemos olvidar que la actual prestación asistencial es de 480 euros y que más de la mitad de las personas desempleadas no perciben ninguna prestación.

Asimismo, cabe señalar que este acuerdo pone de manifiesto las carencias de LANBIDE. La intermediación activa en políticas de empleo que debería desempeñar se ha convertido en una mera gestión de prestaciones como consecuencia de la orientación dada por los sucesivos gobiernos del PNV-PSE. A día de hoy, la situación de las personas trabajadoras en paro de larga duración está cronificada y LANBIDE no es una referencia para lograr empleo.

Durante todos estos largos años, amplios sectores de la clase trabajadora de Euskal Herria han mostrado de forma clara su voluntad y necesidad de regular aquí sus condiciones laborales y de vida. Las luchas de las plantillas del sector público y de las subcontratas, las Huelgas Generales y también las Iniciativas Populares Puestas en Marcha para dar pasos legales. Las últimas, las Iniciativas Legislativas Populares que han recogido cientos de miles de firmas para establecer un salario mínimo propio y complementar las pensiones mínimas. Quien quiera impulsar políticas a favor de las y los trabajadores no tiene otra opción que dar salida a estas iniciativas.

LAB quiere reafirmar la necesidad del Marco Vasco de Relaciones Laborales y de Protección Social. No podemos esperar otras cuatro décadas. Necesitamos urgentemente nuevos avances en el autogobierno y garantías eficaces que pongan límite a las injerencias dictadas desde Madrid. Hoy, en un momento en que se está dando en el Parlamento el debate sobre el autogobierno, LAB reivindica que necesitamos nuevas herramientas de autogobierno para garantizar en Euskal Herria unas condiciones laborales y de vida dignas para toda la ciudadanía. Afrontaremos este reto con el mismo compromiso y responsabilidad que hasta ahora.

Por último, mientras algunos hablan de transferencias parciales y limitadas del sistema de protección, LAB hace un llamamiento a apoyar este sábado la Iniciativa Legislativa Popular a favor de un sistema complementario para equiparar las pensiones mínimas con el salario mínimo. Esta iniciativa del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria es una iniciativa en favor de toda la clase trabajadora.

¡El sábado, todas y todos a la calle! 

Valoración de LAB sobre el fallo relativo a las filtraciones en la OPE 2016-17

Hoy LAB ha tenido conocimiento del resultado al recurso que interpuso frente a la Audiencia Provincial de Álava en torno a las filtraciones en las categorías médicas convocadas en la OPE 2016-17. Si bien es cierto que para este sindicato existen numerosos indicios de filtración en 18 categorías, acogemos con satisfacción que se vaya a abrir juicio oral en la categoría de Cirugía Plástica.

En primer lugar porque la filtración que se dio en esta categoría era conocida tanto por la dirección del IVAP y Osakidetza, como quedó claro en las declaraciones de los implicados.

Una opositora recibió el examen por parte de un miembro del tribunal con el que tenía una relación de parentesco. Ante esta situación y al ser una categoría con pocos participantes, el resto de opositores sospechaban de esa filtración por lo que esperaron con impaciencia los resultados del examen. Al publicarse los datos, la opositora desapareció de los listados a pesar de que todos los participantes vieron a esta persona realizar el examen.

Tras tres años de ocultación de lo ocurrido con esta opositora y tras las diligencias y testimonios solicitados por LAB, se pudo saber lo siguiente:

Esta persona acertó el 98% de las preguntas redactadas por su suegro y obtuvo un resultado mediocre en el resto.

Entre la realización de la prueba teórica y la práctica esta persona fue llevada a una sala del recinto donde se celebraban los exámenes, donde un directivo del IVAP y otro directivo de Osakidetza al menos la “invitaron” a abandonar el proceso dado que todo apuntaba a que se dio una filtración. Debemos recordar que la obligación de estas personas como funcionarios y altos cargos de organismos públicos era trasladar esa situación a instancias judiciales, puesto que lo que tenían en frente era un presunto delito. Sin embargo, optaron por coaccionar a una opositora para abandonar un proceso y ocultar una de las pruebas de la filtración, la nota. La labor ingente de este sindicato logró destapar la existencia de esa reunión que fue ocultada durante años por el IVAP, Osakidetza, el tribunal y la propia opositora.

María Jesús Múgica (directora general de Osakidetza) declaró en Fiscalía no conocer ninguna irregularidad acerca de la OPE 2016-17. A la vista de los hechos parece legítimo concluir que al menos María Jesús Múgica conocía esta cuestión y la omitió en dicha declaración.

La valoración que hacemos del fallo es positiva pero insuficiente. Se han rechazado infinidad de diligencias que formuló este sindicato como, por ejemplo, el estudio de los exámenes de las categorías bajo sospecha; no se ha intervenido ni una sola comunicación entre opositores investigados y miembros de tribunal; no se ha permitido la declaración como investigados de la cúpula de Osakidetza de aquel momento para dar luz a lo sucedido, lo cual sin lugar a dudas es un escándalo para el sistema público vasco. 

LAB mantiene su convicción y seguirá trabajando por demostrar que las filtraciones no eran una práctica aislada. Como se puede ver en la categoría de Cirugía Plástica, quienes debían velar por la limpieza del proceso colaboraron con los filtradores y beneficiados en ocultar todas las pruebas posibles.

En cuanto al auto queremos manifestar una incongruencia manifiesta de la Sala:

La Sala nos reprocha no solicitar “la investigación de cara a la identificación y toma de declaración como investigados de esos cargos directivos supuestamente responsables”.

Sin embargo, es esa misma Sala la que mediante Auto de 29/11/2022 desestimó el Recurso de Apelación de LAB que expresamente interesaba la imputación de delitos de asociación ilícita, fraude en la contratación, revelación de secretos, negativa intencionada de promover la persecución de la revelación de secretos y prevaricación a las siguientes personas:

Jon Darpón Sierra (consejero de Sanidad)

Mª Jesús Múgica Anduaga (directora general de Osakidetza)

Juan Carlos Soto Pérez (director de RRHH)

Xabier Balerdi Tolosa (subdirector de RRHH)

Andoni Arcelay Salazar (director médico)

Miriam Aparicio Salazar (Selección y provisión de Osakidetza)

Maite Iruretagoiena Ibarguren (directiva IVAP)

Fulgencio Aledo Amorós (directivo IVAP)

Si no se airea la verdad acerca de la actuación de estas personas responsables, no será por inacción de LAB, que ha visto una y otra vez rechazadas todas las diligencias encaminadas a lograrlo.

LAB no busca cabezas de turco, sino que se sepa la verdad y acabar con el sistema clientelar de reparto de plazas. Creemos que hemos depurado el sistema de OPE y, en cuanto a conocerse la verdad, seguiremos aprovechando todas las opciones que nos dé el procedimiento para que la población conozca lo que toda la plantilla de Osakidetza sabe. 

LAB acudirá a los tribunales para que las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA cumplan con lo acordado en el Acuerdo Fin de Huelga

Si llega el plazo para cumplir el resto de los contenidos del acuerdo y no lo hacen, deberán volver a acudir a los tribunales

Delegados/as y trabajadores/as han llevado a cabo diversas acciones y movilizaciones para hacer cumplir el Acuerdo de Fin de Huelga AFH. Las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA han puesto trabas a la ejecución de dicho acuerdo firmado el 5 de febrero del 2024.

Hace 19 meses que se firmó el AFH por las Patronales de Iniciativa Social y los sindicatos donde se comprometieron a reducir en 1 hora de la atención directa en todas las etapas durante el curso 2025-2026. El 1 de septiembre, se ha iniciado el nuevo curso y no se ha aplicado lo acordado, se ha producido un incumplimiento y por ello se ha puesto en marcha la vía judicial.

Cabe recordar que el AFH se firmó el 5 de febrero de 2024 en los centros de Iniciativa Social. Que el acuerdo se firmó después 14 días de huelga y diversas movilizaciones. Fue firmado por las patronales y todos los sindicatos con representación en la mesa negociadora de los centros de Iniciativa Social. 

La mala fe de Kristau Eskola y de las patronales AICE-IZEA es clara, ya que al final del curso 2024-2025 enviaron a los centros unas instrucciones para no cumplir con lo acordado.

El Sindicato LAB ha decidido iniciar la vía judicial, presentando una demanda de conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, para reclamar la bajada de una hora de atención directa acordado en todas las etapas.

Si las patronales tienen voluntad, podrán encauzar la situación en la mesa de negociación que se celebrará el 25 de septiembre, presentando una propuesta de Convenio que recoja todos los contenidos literalmente acordados en el AFH.

De no ser así, el Sindicato LAB activará los instrumentos necesarios para hacer cumplir cada uno de los contenidos del acuerdo, tanto la vía de movilizaciones como la de los tribunales. 

LAB también denuncia firmemente la actitud del Departamento de Educación, exigiendo que de una vez por todas se den pasos en la equiparación salarial y en la homologación de las condiciones laborales. 

LAB quiere mostrar su adhesión a la convocatoria de huelga de ELA en las residencias de personas mayores de Gipuzkoa

LAB ha convocado huelga los días 24, 25 y 26 de septiembre en las residencias de personas mayores de Gipuzkoa.

A pesar de que los trabajadores lo han solicitado en varias ocasiones, hemos hecho un llamamiento a la colaboración a ELA, pero hemos recibido un no rotundo. Sin embargo, LAB aprovechará cualquier oportunidad de lucha y priorizará la opción de que los trabajadores actúen juntos.

La situación que viven los trabajadores en las residencias de personas mayores es grave:

  • Desde 2008 no se ha firmado un convenio aplicable a todo el sector a nivel territorial, y, como consecuencia, los trabajadores carecen de la seguridad y protección que proporciona un convenio sectorial y territorial.
  • Desde 2006 no se han modificado los ratios, lo que ha provocado cargas de trabajo insoportables.
  • Predominan las jornadas parciales, del 60%, lo que obliga a los trabajadores a vivir en condiciones de precariedad.
  • Debido a estas condiciones laborales, los trabajadores se encuentran agotados, cansados e impedidos, y muchos de ellos se encuentran en situación de incapacidad temporal. Sin embargo, no todos perciben las bajas al 100%, y se niegan a reconocer como laborales las bajas que han tenido, aunque estas se deban a lesiones y enfermedades derivadas de sus condiciones de trabajo.

La situación es lamentable para quienes cuidan a las personas mayores de Gipuzkoa, y se mantiene gracias al dinero público. La Diputación Foral de Gipuzkoa ha tomado decisiones que han llevado a esta situación a la privatización del servicio, y es la propia Diputación la que no ha mejorado los ratios en todos estos años. Ignoran las propuestas y convocatorias de LAB para mejorar la situación, y tratan con desprecio a los trabajadores que realizan labores de cuidado.

Por otra parte, los patronos que gestionan las residencias con dinero público quieren mantener la situación tal cual, sin presentar propuestas en la mesa de negociación y bloqueando las negociaciones. No tienen voluntad de mejorar las condiciones laborales ni de alcanzar acuerdos con las representaciones de los trabajadores. Su única prioridad y objetivo es obtener beneficios económicos, utilizando dinero público y explotando a los trabajadores.

La mayoría de los trabajadores son mujeres, porque los cuidados siguen recayendo sobre las mujeres, y la precariedad predomina en todos los trabajos feminizados.

El compromiso de LAB es claro: los trabajadores de cuidados son trabajadores públicos, están prestando un servicio público financiado con dinero público, y, por tanto, el servicio debe ser público. Esa es nuestra propuesta, objetivo y guía: poner los cuidados en el centro. Por ello, pedimos equiparar los salarios con los de los trabajadores públicos en la mesa de negociación del convenio y, además, solicitamos a la Diputación que haga públicas las residencias de personas mayores; que asuma este servicio, dignificando las condiciones laborales y, al mismo tiempo, los cuidados.

En ese camino nos encontrarán: en los centros de trabajo, en las calles, en las instituciones y en cualquier ámbito que ofrezca la oportunidad de lucha.

La mayoría sindical vasca apoya las movilizaciones del Movimiento de Pensionistas del 20 y 25 de septiembre por una pensión mínima equiparable al SMI

LAB, ELA, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru exigen a PNV y PSE que no impidan el debate sobre una demanda apoyada por más de 144.000 personas, y denuncian que ambos partidos pretenden escudarse en un informe jurídico para mantener a 90.000 pensionistas en la pobreza. La coordinadora general Garbiñe Aranburu ha intervenido en la comparecencia realizada hoy.

Durante cinco meses, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha trabajado recabando apoyos para una Iniciativa Legislativa Popular en favor de complementar la pensión mínima hasta equipararla al salario mínimo para la Comunidad Autónoma Vasca. Esta iniciativa ha suscitado gran apoyo, tras recoger más de 144.000 firmas. La mayoría sindical vasca ha apoyado y realizado su aportación en este proceso.

Tras la presentación de las miles de firmas en el Parlamento, el Gobierno Vasco debía realizar un informe técnico no vinculante sobre la ILP, que ha sido desfavorable. Los sindicatos consideramos que el informe ni es técnico, ni es jurídico, sino que se trata de un informe de índole política que refleja la nula intención de los partidos que conforman el Gobierno Vasco de dar respuesta a la realidad de las personas que perciben las pensiones más bajas.

De esta manera, PNV y PSE intentan obstaculizar el debate en el Parlamento, impidiendo que se admita a trámite. En principio, el 25 de septiembre se decidirá su admisión a trámite en el Parlamento de Gsateiz, y exigimos a los partidos políticos que voten a favor de esta Iniciativa que tanto apoyo ha recibido entre la ciudadanía. Es una cuestión democrática. Evitar el trámite parlamentario supone robar a la sociedad vasca la capacidad de debatir y acordar el modelo de protección social que necesita.

Si esta ILP no se admite a trámite, saldrá perjudicada el conjunto de la clase trabajadora, muy especialmente las mujeres pensionistas, que reciben las pensiones más bajas: muchas de ellas no llegan ni a 700 euros mensuales. Existe una brecha en pensiones entre mujeres y hombres de alrededor del 40%. PNV y PSE, con su informe, dejan en evidencia la falta de reconocimiento de los trabajos de cuidados: miles de mujeres pensionistas se ven obligadas a recibir pensiones de miseria porque sus labores de cuidados les han impedido acceder al mercado laboral.

Esta ILP contribuiría a reducir las desigualdades entre mujeres y hombres pensionistas, ya que supondría equiparar las pensiones más bajas al SMI. Actualmente existen unas 90.000 pensionistas, la mayoría mujeres, con ingresos por debajo del SMI. Sin embargo, solo 15.000 de ellas cobran la Renta de Garantía de Ingresos. Queda así demostrado que esta RGI no es una herramienta útil para que las personas pensionistas cuenten con ingresos suficientes.

Por ello, la mayoría sindical vasca se movilizará junto con el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria el 20 de septiembre en Bilbao, Donostia y Gasteiz, y el 25 de septiembre, también en esta última capital, para exigir a los partidos políticos vascos que voten favorablemente por el complemento de la pensiones mínimas.

LAB denuncia que la privatización de las ambulancias en la CAV permite a empresas privadas lucrarse con recursos públicos

Que las ambulancias de la Comunidad Autónoma Vasca estén privatizadas es un problema de toda la sociedad, no sólo porque nos repercute en el servicio, sino porque además el dinero público que todos y todas las vascas aportamos es manejado por las empresas privadas a su antojo sin apenas control. Cada vez es más necesaria la publificación del servicio.

El servicio del transporte sanitario en la CAV se presta por empresas privadas subcontratadas tanto en el servicio de emergencias como en el servicio no urgente, y esto está llevando a multitud de problemas. El último, es el uso de dinero público para mantener servicios que se realizan para los hospitales privados, pero recibiendo los ingresos de estos una tercera empresa ajena a la licitación del Gobierno Vasco.

En Bizkaia, desde que la cooperativa catalana La Pau tuvo que dejar de prestar este servicio, dos empresas formaron una UTE para el contrato de urgencia que les fue adjudicado: AMBULANCIAS BAZTAN BIDASOA, SL y SANIR MOVILIDAD SANITARIA SA (creada a su vez por ALSA y TRANSINSA). En todo este lío de empresas puede ser difícil seguir el hilo de la situación, pero finalmente se resumió en el nombre UTE BIZKANB.

Pues bien, UTE BIZKANB, que sorprendentemente comenzó a prestar servicios antes incluso de que la oferta de contrato se hiciera pública por parte del Gobierno Vasco —lo cual ya da pistas sobre lo “limpio” de este proceso—, subrogó, como era su obligación, a toda la plantilla que venía de La Pau. Esta plantilla incluye no solo a conductores/as, enfermeros/as y ayudantes que vemos habitualmente en las ambulancias, sino también al personal de logística, al de oficinas, a las telefonistas que reciben las solicitudes de servicios diarios, y a las coordinadoras que se encargan de asignarlos para que la ambulancia aparezca.

Precisamente sobre estas personas cuyo trabajo no vemos en el día a día, las que están “detrás de las cámaras”, recae una gran parte del problema de la privatización.

¿Alguien se ha preguntado alguna vez quién gestiona los servicios de ambulancias que van a centros sanitarios privados? Y unido a esto, ¿quién recibe el dinero que esos centros privados y sus usuarios pagan por este servicio? Pues digamos que esto es el círculo perfecto para una empresa privada en concreto: SANIR.

SANIR es la empresa que actualmente tienen contratada algunos hospitales privados para el transporte en ambulancia; SANIR es a quien pagan por esos servicios. Pero resulta que SANIR no tiene telefonistas, ni personal de logística, ni personal de coordinación. ¿Y cómo lo hacen? ¿Magia? No: con recursos públicos.

El Gobierno Vasco da a la empresa adjudicataria (UTE BIZKANB) una cuantía de dinero con la que pagar todos los recursos, incluida la plantilla, que debería centrar su esfuerzo en las ambulancias del sector público. Sin embargo, esa plantilla es obligada también a trabajar para SANIR y a gestionarle todos los servicios. Negocio redondo: el Gobierno Vasco paga, y SANIR se lleva el beneficio.

La pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a tolerar que las empresas privadas usen de forma indebida los recursos públicos? ¿A quién beneficia que este servicio sea gestionado por empresas privadas? El contrato está a punto de terminar y es el momento de que el Gobierno Vasco entienda que la única forma de que no nos roben es la gestión directa de los servicios públicos.