2026-04-10
Blog Página 19

LAB denuncia el acuerdo del PNV con el Gobierno español para desahuciar a las personas en situación más vulnerable

Con este acuerdo los jeltzales atentan contra los derechos de los inquilinos y inquilinas sin ofrecer ninguna alternativa para las personas en situación de vulnerabilidad.

El PNV ha acordado con el Gobierno central que los pequeños propietarios puedan desahuciar a inquilinos en situación vulnerable. En palabras del PNV, los propietarios «recuperan la posibilidad de alquilar sus pisos», demostrando que han primado los intereses de los propietarios a obtener rentas de alquiler sobre el derecho a la vivienda.

LAB denunció el pasado viernes ante la Delegación del Gobierno en Bilbao la suspensión del «escudo social» del estado español con los votos en contra de PP, VOX, Junts y UPN. Estas medidas, aunque insuficientes, eran uno de los pocos refugios de miles de personas.

En la jornada de hoy, el PNV ha acordado con el Gobierno central medidas contra las personas en situación más vulnerable. El problema de la vivienda subyace en que mientras algunos hacen negocio con ella para cada vez más trabajadores y sectores sociales es imposible acceder a ella. Los precios no paran de subir y cada vez es más difícil tanto el acceso a la vivienda como poder hacer frente al gasto que supone. Ante esto, el PNV ha comprado el marco de la extrema derecha, distorsionando el problema, criminalizando a las personas en situación más vulnerable y abriendo la puerta a que sean desahuciadas. Todos los estudios apuntan a que dejar de pagar el alquiler es la última medida que familias y trabajadores adoptan ante las dificultades económicas, previa reducción en otro tipo de gastos. El PNV se posiciona así a favor de los desahucios y en contra de los derechos de los inquilinos y las inquilinas, poniendo por encima del derecho de todos y todas a tener una vivienda la posibilidad de que los propietarios alquilen sus pisos y reciban sus rentas – muchas veces de precios de alquiler muy elevados -.

También hemos conocido estos días que el Gobierno VAsco ha destinado 10,6 M de euros para el aval de viviendas propiedad de 61 jóvenes. Mediante estos avales se financia con dinero público la compra de viviendas de hasta 340.000 euros, cuando el precio medio de compraventa de la vivienda en la CAPV ha sido de 270.525 euros en 2025. De esta manera se crea una oportunidad para encarecer la vivienda a través de estos avales, que van directamente a los bolsillos de bancos y promotoras. En cuanto a Gaztelagun, en 2025 se destinaron 28,2 M de euros al pago de alquileres, también directamente a los bolsillos de los propietarios. Aunque estas medidas pueden ayudar a algunos jóvenes, este uso del dinero público perpetúa los altos precios de la vivienda, haciendo que el dinero de todos y todas acabe directamente en los bolsillos de los propietarios o de los bancos.

LAB considera que se ha demostrado, una vez más, que el PNV defiende los intereses de la patronal inmobiliaria y promueve una política de vivienda contra los trabajadores. Como consecuencia de esta política, que se resume en desamparo ante los desahucios, falta de un parque público de viviendas sólido y sin medidas efectivas para bajar los precios de la vivienda, cada vez hay más personas en situación vulnerable debido al conflicto de vivienda. 

Lo que necesitamos es una política de vivienda para deneter el negocio y bajar los precios, para dar pasos que garanticen estructuralmente el acceso a la vivienda, y en lugar de malgastar dinero público con subvenciones a la patronal., emplear los recursos públicos de manera efectiva para garantizar el derecho a la vivienda Necesitamos políticas públicas a favor de los trabajadores. 

La Marcha Mundial de las Mujeres* de Euskal Herria ha presentado una herramienta de lucha renovada para seguir articulando respuestas colectivas frente a la violencia machista

LAB asume el compromiso de participar en ella.

La reivindicación de la autodefensa feminista ha ocupado un lugar central, reforzando el protocolo para hacer frente a las violencias machistas y aportándolo como una contribución y una reivindicación política.

La Marcha ha renovado el protocolo e incorporado diversos cambios: una nueva sistematización y caja de materiales, la realización de ejercicios de memoria… El documento estará disponible próximamente en la web de la Marcha Mundial de las Mujeres* de Euskal Herria.

El documento es una herramienta de lucha viva, dinámica y fruto de una reflexión colectiva. No es una receta cerrada, sino un mapa que se irá completando junto con la evolución de nuestra lucha. Es el resultado de un debate colectivo y, por ello, es de todas.

No partimos de cero. Ha pasado más de una década desde que se acordó un protocolo para dar una respuesta unificada ante los asesinatos machistas. Comenzó en 2013, se volvió a actualizar en 2017 y lo ocurrido este fin de semana ha supuesto otro punto de inflexión, como resultado de las jornadas celebradas el año pasado en Atarrabia y del proceso de debate desarrollado en los pueblos.

En las jornadas, Miren Aranguren (Emagin) y Elene Lopategi (Euskal Herriko Bilgune Feminista) realizaron una mirada retrospectiva al Movimiento Feminista de Euskal Herria, situando el recorrido realizado en la lucha contra la violencia machista dentro de nuestras genealogías feministas y los principales retos actuales. A continuación, en la mesa redonda “Movimiento Feminista de Euskal Herria. La palabra de los pueblos”, participaron compañeras de distintos municipios para poner sobre la mesa las claves del proceso de reflexión. Y para finalizar, se presentó el protocolo renovado contra los asesinatos machistas.

Con el objetivo de colectivizar responsabilidades, analizar estrategias para hacer frente a las violencias transistémicas y dar saltos cualitativos. El objetivo vuelve a ser exigir responsabilidades a las instituciones y hacer un llamamiento a ofrecer una respuesta más amplia, más allá del movimiento feminista: “Nos hemos reunido hoy aquí para interpelar a la sociedad y exigir responsabilidades a las instituciones, y lo tenemos claro: la lucha contra la violencia machista no es únicamente responsabilidad del movimiento feminista”.

Desde LAB, nos comprometemos a hacer nuestro este protocolo e incorporar nuevos pasos en la lucha contra la violencia machista.

¡Un paso más en la lucha contra la violencia machista!

LAB ha reclamado ante el Gobierno de Nafarroa que se garantice el derecho a vivir y trabajar en euskera

Dentro de la dinámica para hacer frente a las agresiones que está sufriendo el euskera en las administraciones públicas y para reivindicar las garantías jurídicas para poder trabajar y ser atendidos y atendidas en euskera, LAB ha realizado nuevas movilizaciones en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria junto con los sindicatos ELA y Steilas. Hoy se ha movilizado ante el Gobierno de Nafarroa, como lo hizo ayer ante las principales administraciones públicas de Bilbao, Donostia y Gasteiz.

Nos movilizamos para interpelar a las administraciones públicas, y también al Gobierno de Nafarroa, a los ayuntamientos, a los colegios públicos, hospitales públicos y entidades públicas. Y es que en estas instituciones públicas el derecho a trabajar en euskera y a recibir servicios en euskera está en grave riesgo y no está garantizado.

Ni que decir tiene en los ámbitos en los que el euskera no es oficial en Navarra. Y es que la imposición y división de la Ley del Vascuence, de hace 39 años, crea en Nafarroa ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda, con las graves consecuencias de que el euskera no sea oficial en todo el territorio. Así, la ley regula la concesión o supresión del derecho a recibir atención en euskera en función del lugar de residencia

La ofensiva vascófoba impulsada desde hace cuatro años en los juzgados de Hego Euskal Herria ha dificultado la normalización del euskera y ha dado pasos atrás. Así, CCOO y UGT siguen poniendo trabas para avanzar en la normalización del euskera mediante denuncias en los juzgados contra las competencias lingüísticas en el empleo público y utilizando argumentos falsos y totalmente vascófobos. Estos dos sindicatos alimentan a los jueces y juezas vascófobas y, junto con PSN-UPN-PP, buscan devolver el euskera a sus tiempos más oscuros, pretenden llevar el euskera a los tiempos del franquismo, sacándolo del ámbito público, paso a paso.

Están alimentando la falsa dicotomía entre los derechos lingüísticos y los derechos laborales. El camino, sin embargo, es impulsar más el euskera, creando una nueva ley para que sea oficial en toda Navarra; el euskera debe ser puente para la cohesión social; hay que ofrecer oportunidades de aprendizaje del euskera a todos los trabajadores, incluidos los subcontratados, y no al revés.

LAB quiere para el euskera los mismos derechos que tiene el castellano en las administraciones públicas de Hego Euskal Herria, nada más. En el camino por conseguirlo en Nafarroa, repetimos lo que propone LAB:

  • Una nueva ley que haga oficial el euskera.
  • Denunciar sentencias contra el euskera.
  • Equiparar la necesidad de conocimiento del euskera y el castellano en la administración pública.
  • Consensuar planes de euskaldunización integral, acordando recursos y plazos, garantizando los conocimientos suficientes para el puesto de trabajo y elaborando planes para poder trabajar en euskera.
  • Garantizar el derecho de las personas usuarias a usar el euskera como lengua de servicio.
  • Establecer mediante pliegos la obligatoriedad a las empresas prestadoras de servicios de elaboración de planes de euskera para garantizar el derecho de los trabajadores a trabajar en euskera y el derecho de los usuarios a ser atendidos en euskera en los ámbitos privatizados. Es decir, mediante cláusulas lingüísticas.
  • Garantizar, en tanto no exista una nueva ley, el derecho de los usuarios a que el euskera sea lengua de servicio en aquellos ámbitos en los que el euskera sea oficial. Por otro lado, establecer el conocimiento del euskera como mérito en aquellos ámbitos en los que el euskera no es oficial.
  • Hasta que todas las nuevas plazas exijan perfil, acordar anualmente un porcentaje incrementando el número de plazas con perfil de euskera en la administración.

Durante estas semanas el Gobierno de Nafarroa ha presentado un borrador de un nuevo estatuto de los empleados y empleadas públicas en el que no se tienen en cuenta las reivindicaciones expuestas anteriormente. Por lo tanto, pedimos que en el Estatuto se corrija lo siguiente: que se recojan las cláusulas que garanticen el derecho a trabajar en euskera y el derecho a que el euskera sea lengua de servicio.

Tal y como adelantamos en diciembre, LAB ya está activando a los trabajadores y trabajadoras y centros de trabajo. Ayer y hoy se ha movilizado en las capitales de Hego Euskal Herria, y no va a parar ahí. LAB va a intensificar la lucha

El descenso del desempleo queda en entredicho por el repunte del último mes, que ha dejado al descubierto las carencias estructurales del mercado laboral

En los últimos años, los datos han mostrado que la tasa de desempleo ha descendido en Hego Euskal Herria. Sin embargo, desde el mes pasado ha aumentado un 0,61 %, dejando claro que se trata de una tendencia débil y dependiente del ciclo de contratación temporal de Navidad. De hecho, una vez finalizada la fase de contratos navideños, hay 137.754 personas desempleadas, lo que está poniendo en cuestión la solidez de la tendencia a la baja.

El mercado laboral presenta brechas estructurales y, tras el ciclo navideño, la situación ha empeorado. Esta realidad se construye especialmente sobre las espaldas de las mujeres y de las personas trabajadoras migrantes, encadenadas a los empleos con peores condiciones laborales.

El 58,80 % de las personas desempleadas son mujeres, y en el último mes el desempleo femenino ha aumentado (1.639 mujeres más), mientras que el número de hombres desempleados ha descendido. Entre las personas desempleadas sin empleo previo, las mujeres son una clara mayoría (68,78 %), y entre las mayores de 25 años el porcentaje es aún mayor, alcanzando el 77,75 %. Una de cada cuatro mujeres tiene un contrato a tiempo parcial (25,1 %), mientras que entre los hombres este porcentaje es mucho menor (11,6 %). Estos datos evidencian que la brecha de género se refleja tanto en el tipo de contrato como en la distribución de la jornada laboral, predominando condiciones laborales precarias.

Entre las personas trabajadoras migrantes, el número de desempleadas ha aumentado ligeramente en el último mes, a pesar de haber descendido a lo largo del último año. Resulta especialmente grave que el 31,35 % de las personas migrantes desempleadas no tenga empleo previo. Asimismo, cabe destacar que el 52,97 % busca trabajo en el sector servicios, un sector donde predomina la precariedad. Tras las Navidades, el desempleo ha aumentado en los servicios, lo que ha tenido un impacto directo en el incremento del paro entre la población migrante.

En el sector industrial el desempleo ha aumentado (207 personas desempleadas más). No obstante, el incremento ha sido más acusado en el sector servicios (1.109 personas desempleadas más), debido a la finalización de numerosos contratos temporales tras las Navidades. Del mismo modo, en el último año se ha producido un notable aumento del desempleo entre las personas sin empleo previo, que ya representan el 12,69 % del total de personas desempleadas.

A pesar de que la afiliación ha crecido, en el último mes ha descendido, especialmente en el sector servicios, donde se han perdido 9.505 afiliaciones como consecuencia del fin de los contratos de invierno. Aquí se detecta otro cambio de tendencia, ya que en la CAV y Navarra la afiliación femenina interanual ha disminuido, lo que evidencia una tendencia a la salida de las mujeres del mercado laboral. En enero, el 75,97 % de los contratos firmados fueron temporales y la jornada parcial aumentó un 1,83 %.

El actual modelo socioeconómico presenta debilidades estructurales y perpetúa un mercado dependiente de la ciclicidad, incrementando la precariedad entre los colectivos en situación de vulnerabilidad. En épocas de crisis, son las mujeres quienes sufren las consecuencias de forma más dura, como demuestra el aumento de los contratos temporales y de las jornadas parciales.

Por lo tanto, no se están produciendo cambios estructurales en el mercado laboral; el crecimiento del empleo se basa en la precariedad y, aunque existan indicios de mejora en la tasa formal de desempleo, en la realidad lo que aumenta son las brechas, la precariedad y la inestabilidad.

Así pues, concluimos con un llamamiento a la lucha, invitando a sumarse a la defensa de unas condiciones laborales y de vida dignas para la clase trabajadora. Para ello, el próximo 17 de marzo habrá una huelga general en Euskal Herria, en favor de establecer un Salario Mínimo Interprofesional digno para toda la clase trabajadora. 

[OPINIÓN]: Respuesta a Amaia Antxustegi: los ratios se pueden cumplir, pero eso no es cuidar

Artículo de opinión de la secretaria de Bilbo Itsasne Núñez y del responsable del sector Sociocomunitario en Bizkaia Juankar Vizán.

Las recientes declaraciones de Amaia Antxustegi en las Juntas Generales de Bizkaia, asegurando que las ratios se están cumpliendo en las viviendas comunitarias, merecen una respuesta clara. Porque afirmar que las ratios se cumplen puede ser formalmente cierto y, al mismo tiempo, profundamente engañoso. Cumplir la normativa no significa garantizar cuidados dignos ni condiciones laborales humanas. Y cuando se gobierna, esa diferencia no es menor: es responsabilidad política.

Hace escasos días, desde el sindicato LAB hicimos pública una denuncia grave: la existencia de una red de explotación laboral en distintas viviendas comunitarias de Bizkaia. Trabajadoras en situación administrativa irregular denunciaron condiciones laborales peores que las de sus compañeras autóctonas y alertaron también sobre las condiciones en las que se encontraban las personas usuarias de esos centros.

La Diputación Foral de Bizkaia respondió afirmando que sus inspecciones no han detectado irregularidades. De nuevo, puede que sea cierto. Pero el problema no es solo qué se mira, sino qué se decide no detectar.

Cumplir la norma no es cuidar. Conviene introducir una precisión que rara vez aparece en el debate público. Las ratios en las residencias de mayores se rigen por el Decreto 126/2019, una norma ya insuficiente para garantizar cuidados dignos. Pero en el caso de las viviendas comunitarias, las ratios se establecen en un decreto de 1998: un decreto laxo, obsoleto y completamente desconectado de la realidad actual de los cuidados, de los perfiles de dependencia y de la complejidad creciente de la atención.

Cuando Amaia Antxustegi afirma que las ratios se cumplen, omite deliberadamente esta cuestión de fondo: se están cumpliendo ratios definidas hace más de 25 años, pensadas para otro contexto social, sanitario y demográfico. Presentar ese cumplimiento como garantía de calidad no es una simplificación técnica; es una forma de desresponsabilización política.

Las inspecciones, además, se centran en el cumplimiento formal de la normativa. No comprueban si los grados de dependencia asignados se corresponden con las necesidades reales de las personas residentes, ni si las ratios se cumplen de manera efectiva en cada turno. Se revisan expedientes, pero no se inspecciona la vida cotidiana de los centros.

Pero incluso aceptando el marco normativo actual, el problema persiste. Ni el decreto de 2019 ni el de 1998 garantizan cuidados dignos. Son normas diseñadas para contener costes, no para asegurar tiempo de atención, acompañamiento y observación.

No se exige ni se garantiza un tiempo mínimo de atención directa por persona residente. No se mide cuánto tiempo real de cuidado recibe cada una. No se tienen en cuenta adecuadamente los distintos grados de dependencia ni las cargas reales de trabajo por turno. En muchos centros conviven personas mayores con usuarios y usuarias con enfermedades mentales severas, con necesidades de cuidados muy diferentes, sin que eso se traduzca en más recursos ni más personal. A pesar de todo, los centros «cumplen».

Una de las claves del problema está en la definición institucional de «atención directa». Para la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco, atención directa es prácticamente todo lo que hace una trabajadora durante su jornada: limpiar, preparar material, hacer registros, cubrir ausencias, suplir carencias estructurales. Todo cuenta para el ratio, aunque no implique cuidar a una persona.

Esta definición tramposa infla artificialmente las ratios y oculta una realidad incuestionable: el tiempo efectivo de cuidado con cada persona residente es insuficiente.

Consecuencias que se sufren cada día. Las consecuencias son graves y concretas. Las personas mayores reciben cuidados fragmentados, reducidos a lo básico, con tiempos cronometrados para ducharse o desayunar. No hay tiempo para el trato humano, lo que acelera el deterioro cognitivo, incrementa la soledad y el sufrimiento, y elimina la observación necesaria para prevenir problemas de salud evitables. Como decía una bertsolari: «Antes eras persona, ahora eres quince minutos».

Las trabajadoras, por su parte, sufren sobrecarga, lesiones, estrés y una profunda frustración por no poder hacer bien su trabajo. Realizan un servicio público esencial, pero lo hacen en condiciones que las enferman física y emocionalmente, mientras se les exige asumir carencias estructurales como si fueran responsabilidad individual.

Nada de esto es nuevo. Llevamos años denunciándolo. Por eso resultan especialmente graves las declaraciones que se limitan a afirmar que «las ratios se cumplen», como si eso cerrara el debate. No lo hace. Al contrario: lo evidencia. Las políticas públicas que han impulsado la privatización y han mantenido normativas obsoletas son las responsables directas de la situación que se vive hoy en las residencias y viviendas comunitarias.

Desde LAB exigimos a la Diputación Foral de Bizkaia y al Gobierno Vasco que reconozcan públicamente que las ratios actuales no garantizan cuidados dignos; que deroguen el decreto de 1998 y legislen una normativa acorde a la realidad actual; que definan la atención directa como tiempo efectivo de cuidado con la persona, y que dimensionen las plantillas para que cuidar no implique enfermar.

LAB seguirá impulsando este cambio. El próximo 4 de febrero llevaremos a la Mesa Sectorial del Convenio Colectivo de Residencias de Bizkaia una propuesta concreta de ratios que incluye una gerocultora por cada cuatro residentes en cada turno.

Zaintza langileak langile publikoak gara!

LAB rechaza cualquier tipo de destrucción de empleo en Tubos Reunidos y exige responsabilidades a la empresa y a las instituciones

LAB rechaza de forma rotunda el ERE anunciado por la dirección de Tubos Reunidos en las plantas de Amurrio y Trapagaran. 

No aceptamos que se pretenda hacer pagar a la plantilla una situación coyuntural y decisiones estratégicas fallidas, cuando la empresa ha recibido más de cien millones de euros de dinero público para garantizar la viabilidad industrial y el empleo.

Tubos Reunidos no es una empresa abandonada a su suerte. Ha contado durante años con ayudas públicas, avales del Estado y ERTEs financiados por toda la sociedad. Una empresa sostenida con dinero público no puede despedir personas trabajadoras. Por ello, LAB señala también la responsabilidad de las instituciones que han sido parte activa de este proceso.

El impacto territorial es especialmente grave en Ezkerraldea y Aiaraldea, dos comarcas castigadas por la desindustrialización y la pérdida continuada de empleo industrial. No hay plan real de reindustrialización mientras se acepta la destrucción de puestos de trabajo en el presente.

LAB no acepta ningún ERE ni destrucción de empleo. Apostamos por la activación, la organización y la lucha colectiva para defender el empleo, las plantas de Amurrio y Trapagaran y el futuro industrial de ambas comarcas. 

LAB ha reivindicado ante las administraciones públicas que se garantice el derecho a trabajar y vivir en euskera

LAB ha reivindicado que el euskara tenga los mismos derechos que el castellano en las administraciones públicas de Hego Euskal Herria ante las administraciones principales de Bilbo, Donostia y Gasteiz, y en Iruñea se movilizará mañana.

LAB se movilizará hoy y mañana en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria, junto a los sindicatos ELA y Steilas, para reivindicar garantías jurídicas que permitan hacer frente a las agresiones que el euskera está sufriendo en las administraciones públicas y garantizar el derecho a trabajar tanto en euskera como a ser atendido en euskera. Hoy se ha movilizado ante las principales administraciones públicas de Bilbo, Donostia y Gasteiz, y mañana se concentrará frente al Palacio de Nafarroa.

Las y los trabajadores se han movilizado hoy ante ayuntamientos, diputaciones forales, colegios públicos, hospitales públicos y sedes del Gobierno para interpelar a las administraciones públicas. Y es que en estas instituciones públicas no están garantizados el derecho a trabajar en euskera y a recibir los servicios en euskera, es más, se encuentran en grave riesgo.

La agresión euskarafoba que están impulsando los tribunales en los últimos cuatro años ha dificultado la normalización del euskera y ha causado retrocesos. Así, los sindicatos que de palabra se muestran a favor del euskera, CCOO y UGT, siguen poniendo trabas en los juzgados para cubrir sus puestos de trabajo con las exigencias del euskera, con denuncias contra los perfiles lingüísticos del empleo público y con argumentos mentirosos y totalmente euskarafobos. Estos dos sindicatos dan pasto a los jueces euskarafobos que, junto con los partidos PP-VOX y PSE, buscan la vuelta del euskera a sus tiempos más oscuros. Quieren llevar el euskera al franquismo, sacándolo paso a paso de la esfera pública.

Están alimentando una falsa dicotomía entre los derechos lingüísticos y los derechos laborales. El camino, sin embargo, es impulsar más el euskera; el euskera debe ser un puente para la cohesión social; hay que ofrecer oportunidades para aprender euskera a todas las personas trabajadoras, incluido el personal subcontratado, y no al revés.

LAB quiere para el euskera los mismos derechos que el castellano en las administraciones públicas de Hego Euskal Herria, nada más. Con el objetivo de conseguirlo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, esto es lo que propone LAB:

  • Denunciar las sentencias contra el euskera.
  • Equiparar el requisito de conocimiento de euskera y castellano en la administración pública.
  • Acordar planes para la plena euskaldunización de las administraciones, acordando recursos y plazos, garantizando el conocimiento suficiente para cada puesto de trabajo y elaborando planificaciones para poder trabajar en euskera.
  • Garantizar el derecho de las personas usuarias a que el euskera sea la lengua de servicio. 
  • Establecer mediante pliego la obligatoriedad de que las empresas que prestan el servicio elaboren planes de euskera que garantizacen el derecho del personal a trabajar en euskera y el derecho de las personas usuarias a ser atendidas en euskera en los ámbitos privatizados-concertados. Es decir, mediante cláusulas lingüísticas
  • Equiparar el requisito de conocimiento del euskera y del castellano en la administración pública mediante la modificación legislativa.
  • Que todos los puestos de trabajo cuenten con perfil lingüístico y fecha de preceptividad.
  • Respecto a los nuevos puestos de trabajo, que la fecha de preceptividad esté vencida en el momento de su toma de posesión.

Durante estos meses se dará un debate de vital importancia en el parlamento de Gasteiz, se tomarán decisiones relacionadas con la normalización del euskera y su desarrollo. Pueden ser decisiones que puedan dar seguridad jurídica al proceso de normalización del euskera y que sean un muro de contención ante las injerencias de los juzgados. Esto dependerá del debate que cambiará la Ley de Empleo Público, ya que el resultado será decisivo de cara al futuro del euskera que está en jaque.

LAB considera que la propuesta que ha presentado el PNV en el parlamento perpetúa la situación de debilidad, que dificulta la euskaldunización de los servicios públicos, facilitando así el retroceso en la normalización del euskera. El euskera necesita garantías jurídicas: necesita los mismos derechos y garantías que el castellano, y, para ello, se deben equiparar las exigencias del euskera y del castellano. En esa dirección, LAB pide también hoy al PNV que tenga valentía y responsabilidad y se sume a la propuesta de EH Bildu de modificar la Ley de Empleo Público. Sería muy grave seguir en tibiezas y medias tintas y mantener el euskera en esta situación de debilidad.

Tal y como adelantamos en diciembre, LAB ya está activando a las y a los trabajadores y centros de trabajo. Hoy y mañana se ha movilizado en las capitales de Hego Euskal Herria, y no se va a parar aquí. Va a intensificar la lucha. 

Estaños Matiena enpresak langile baten heriotza eragin du, hainbat salaketa jasota bazituen ere

Ostiral arratsalde honetan laneko heriotz berri baten berri izan du LABek. Zumaiako Estaños Matiena enpresan. H.O.L. 32 urteko langileak pieza handi baten kolpea jaso du. 2026 urte hasi berri den honetan, 4. lan heriotza da dagoeneko.

Ezaguna da LAB sindikatuarentzat Estaños Matiena enpresa. Langile migratu eta prekarizatuak baliatzen ditu lan arriskutsuak egiteko. Enpresaren politika da prebentzio araudiaren aplikazioa inpunitate osoz saihestea, eta, ondorioz, azken urteetan hainbat lan istripu larri salatu behar izan ditugu. Joan zen abuztuan langile batek araudia betetzen ez zuen makina batekin kontaktu elektrikoa izan zuen, eta larri zaurituta erietxera eraman zuten. Enpresak istripuaren ardura langileari egotzi zion, eta jarraian, mutuak emandako bajan zela, kaleratu egin zuen.

LAB sindikatuak hainbat salaketa aurkeztu ditu Osalanen, Lan ikuskaritzan eta Lan Agintaritzan. Bilerak egin behar izan ditu bertako arduradunekin enpresak duen prebentzio faltaren aurrean neurriak hartzeko. Dena alferrik izan da. Abuztuko istripu larriaren salaketaren erantzunik ez du izan LABek orain arte.

Gaurko lan heriotza ez da istripua izan. Enpresariak eragindako heriotza izan da, eta insitituzioek onartu egiten dute hori horrela izatea. Bistan da badirela enpresariak herri honetan botere maila handiak maneiatzen dituztenak; instituzioen lana oztopatzeko edo baldintzatzeko gaitasuna dutela pentsatzera eramaten du egoera larriak. Edonola ere, utzikeria eta arduragabekeria instituzionalak langileok pairatzen ditugu, ondorio lazgarriekin.

LABek ekintza sindikala eta juridikoa erabiliko ditu arduraduna den enpresariaren aurka. Bitartean, ardura instituzionalak exijitzen jarraitzen dugu, dagokien ardura hartuko balute gaur hil den langilea bizirik egongo litzatekeelako.

Datozen orduetan izango diren mobilizazioetan parte hartzera deitzen dugu.

LAB dice que la mesa de negociación del convenio Udalhitz del sector de las Administraciones locales está sin convocar y bloqueada desde el 7 de noviembre

LAB iniciará en febrero una dinámica de movilizaciones para superar el bloqueo de Udalhitz 

Ha pasado un año desde que la dirección de EUDEL nos convocó a los sindicatos del sector y activó la mesa negociadora para negociar el convenio de Udalhitz, caducado desde 2010. Sin embargo, en este largo año ha habido pocos avances y pocas reuniones, y desde que el 7 de noviembre se celebró la 5ª reunión de la mesa de negociación la mesa sigue sin convocarse.

El 27 de junio presentamos las líneas prioritarias de LAB de cara a la negociación de Udalhitz, y desde entonces, no hemos avanzado en nada.

Echando la vista atrás, en este año han sido pocas las líneas que se han avanzado. Podemos afirmar que estamos en la misma situación o incluso en una situación peor y que la negociación de la mesa de Udalhitz vive un bloqueo.

  • El 16 de octubre de 2024 EUDEL nos convocó a todos los sindicatos con representación para comunicarnos oficialmente la intención de abrir la mesa de Udalhitz.
  • Desde LAB pedimos entonces que no se bloqueara ninguna negociación en las administraciones locales. EUDEL manifestó inicialmente la necesidad de renunciar a la negociación colectiva de cada Ayuntamiento durante el proceso. Conseguimos que retrocediera.
  • Aunque el 22 de enero de 2025 se reunió la mesa de negociación después de 14 años, no hubo acuerdo para su constitución, entre otras cosas porque ELA se levantó de la mesa. Esto no hizo sino alargar y retrasar el inicio de las negociaciones. Finalmente, el 10 de abril de 2025, 15 años después de la firma de Udalhitz, acordamos constituir la mesa negociadora.
  • Ha pasado año y medio desde octubre de 2024, sólo se han celebrado cinco reuniones y no se ha avanzado en los contenidos. La quinta y última reunión tuvo lugar el 7 de noviembre de 2025. En esa reunión, entre otras cosas, se abordaba la normalización del euskera y la seguridad jurídica para ello, pero EUDEL no trajo ninguna posición, ya que el partido que ostenta su presidencia, el PNV, vino sin posición y obstaculizó la negociación. Queremos recordar que LAB ha reivindicado la necesidad de garantías legales para el euskera, y se suma a la propuesta presentada por EHBildu en relación con el tema del euskera, para equiparar el euskera y el castellano en las instituciones municipales.
  • En esta última reunión LAB instó a EUDEL a actuar con responsabilidad y respeto hacia las personas trabajadoras y a enviar y presentar a la mesa un borrador de acuerdo integral para el nuevo Udalhitz. Ya que, se han celebrado reuniones, pero a día de hoy los contenidos siguen sin ponerse sobre la mesa y no hemos recibido ningún borrador. 

Así las cosas, después de un año y medio largo y a falta de avances en las líneas de prioridad propuestas por LAB y ante la situación de bloqueo que tenemos desde el 7 de noviembre, LAB señala que es hora de empezar con movilizaciones, valorando incluso ir a la huelga. En ese sentido, preferiríamos que esas movilizaciones se hicieran de forma conjunta entre ELA y LAB y tenemos la disposición de trabajar en esa dirección. Mientras tanto, LAB comenzará a movilizarse a partir de febrero y anima a todas las personas trabajadoras a unirse a la dinámica de movilizaciones para que EUDEL convoque de una vez por todas la mesa de negociación y la llene de contenido.