La responsable de Política Social, Bea Martxueta, y el portavoz para Navarra, Igor Arroyo, han hecho público hoy el análisis de LAB sobre el primer año del Gobierno del Cambio. Aun reconociendo que es necesario tiempo para cambiar las políticas implementadas en 30 años de Régimen, LAB entiende que el primer año de de legislatura es insatisfactorio.
Los avances democratizadores en el ámbito político, social, cultural y sindical son lo más destacable, con el fin del apartheid político, social, sindical y cultural; respeto a la cultura vasca y normalización relaciones con el resto de Euskal Herria; reconocimiento de las víctimas del 36 y del Estado (en este punto sería deseable una mayor activación contra la dispersión de presos y presas navarras); posibilidad de abortar en la sanidad pública; eliminación de determinados privilegios como el seguro médico privado con fondos públicos de la plantilla del Opus Dei (aunque se mantiene el concierto para derivaciones).
Sin embargo, perviven vulneraciones de derechos democráticos principalmente en dos ámbitos. Por un lado, la discriminación laboral en grandes empresas como VW, que siguen contratando exclusivamente a afiliados de UGT y CCOO y mayoritariamente hombres. Por otro lado, la vulneración de los derechos lingüísticos que implementó la Ley del Vascuence y acrecentó los posteriores Decretos de UPN; en este ámbito se percibe una inaceptable tibieza ante los lobbys euskaráfobos.
También debe reconocerse cierto impulso en el área de las políticas sociales, aunque insuficiente para atender a las necesidades de la población. La renta garantizada ha supuesto una de cal (mayor inversión y protección para familias con menores) y otra de arena (recorte de prestación para personas sin familia).
Sin embargo, en lo referente a la política económica y laboral no se ha producido ningún cambio significativo. Aunque se ha recuperado el control público sobre lo que era Plan Moderna, el modelo de desarrollo del nuevo RIS3 sigue las pautas competitivas de la Comisión europea. Por otro lado, la insuficiente recaudación heredada, que no ha sido corregida por la tímida reforma fiscal impulsada por los cuatro partidos que apoyan al Gobierno, supone un lastre para el desarrollo de las políticas públicas. Y por último, se ha hecho oídos sordos a la petición de liderar el debate sobre un nuevo modelo de relaciones laborales, manteniendo el Consejo de Diálogo Social con tan sólo el 49% de la representación sindical (UGT y CCOO).
Respecto a la Administración, está instalada en una preocupante parálisis: no se ha abordado la reforma democrática y la reducción de la burocracia; no se ha puesto en marcha calendario de negociación tras 10 meses desde que se presentaron las propuestas sindicales; no hay nuevas inversiones significativas en personal o infraestructuras, ni reversiones de servicios; las OPEs no han sido negociadas y son insuficientes
En consecuencia, el proceso de cambio está estancado y los partidos firmantes del Acuerdo Programático deberían actuar para reactivarlo: el segundo año de legislatura es clave para que se perciban los efectos del cambio en las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Los agentes sociales también tenemos que reaccionar, impulsando dinámicas a favor del cambio social, tanto a nivel global como sectorialmente.
