Coincidiendo con el inicio de la campaña de la Renta 2015, la actualidad política y económica se ha visto sacudida por el escándalo de los “papeles de Panamá”. La mayor filtración periodística de la historia. Se ha destapado la vinculación de más de 200.000 empresas pantalla con los paraísos fiscales, salpicando a cientos de personalidades relevantes del mundo entero que ocultaban así sus inconfesables secretos patrimoniales, incluidos jefes de estado, miembros de la realeza, grandes empresarios, deportistas de élite, y todo tipo de celebridades.
A pesar del tremendo revuelo desatado por la trascendencia de la noticia, estamos ante un secreto a voces; y en realidad este episodio apenas representa la punta del iceberg de un problema estructural y sobradamente conocido.
Negar la evidencia resultaría hipócrita. Entre otras razones porque desde los años 70 han sido más de 500 los bancos y entidades filiales involucradas con el famoso bufete panameño en la constitución de las empresas opacas ahora descubiertas.
Por si fuera poco, existe una larga lista de paraísos fiscales, y algunos están enclavados en territorio de la propia Unión Europea. Por tanto, cabe preguntarse hasta qué punto los Estados miembro y sus autoridades tributarias están interesadas en la desaparición de estos espacios de impunidad, tan útiles para ocultar la identidad de personas relacionadas con el fraude, la evasión de impuestos y el lavado de dinero negro.
No obstante, el caso de los “papeles de Panamá” podría actuar como acicate, o incluso como elemento de presión, para avanzar hacia una nueva arquitectura tributaria internacional que impida la utilización de estas prácticas de ingeniería fiscal. En este sentido, es cierto que poner fin a los paraísos fiscales exige colaboración internacional, pero utilizar este argumento como coartada para mirar hacia otro lado sería una burda torpeza.
Por tanto, tras los acontecimientos de estos últimos días, las autoridades fiscales, también las forales, tienen una oportunidad inmejorable para demostrar su auténtica voluntad política y determinación para perseguir la evasión de impuestos, comenzando por cerrar los resquicios normativos que permiten eludir legalmente el pago de impuestos.
Es conveniente recordar que la clase trabajadora para subsistir depende de sus salarios, que están perfectamente controlados por el fisco y sujetos a retención. Por tanto, se trata de contribuyentes que mayoritariamente cumplen sus obligaciones fiscales.
En efecto, el grueso del fraude fiscal se concentra en las grandes fortunas y en las actividades económicas y profesionales, sobre todo de grandes empresas y multinacionales, ya que disponen de innumerables vías para evadir impuestos.
Además, las trabajadoras y trabajadores estamos sometidos a un sistema tributario que impone sobre las rentas del trabajo un sobresfuerzo fiscal desproporcionado e injusto. Los impuestos indirectos (como el IVA) tienen efecto regresivo en la distribución de la renta, y cada vez tienen mayor peso en la recaudación. Por otro lado, el IRPF es la única figura impositiva que contribuye a reducir la desigualdad en la distribución de la renta, pero recae casi en exclusiva sobre las rentas del trabajo, que son las que soportan la progresividad del impuesto. Mientras que, por el contrario, las rentas del capital y los beneficios empresariales reciben un tratamiento privilegiado y realizan un esfuerzo fiscal mucho menor que las rentas del trabajo.
Este doble agravio supone un ataque a los principios de equidad fiscal y justicia social, que son la clave de bóveda de toda democracia avanzada. La quiebra definitiva de estos principios supondría el derrumbe de un pilar básico sobre el que se sustenta la legitimidad del Estado, de manera que sus estructuras sólo podrían perdurar amparadas en la represión y el monopolio de la violencia.
Ante esta situación, LAB desde su propuesta fiscal reitera que el aumento de los ingresos públicos es una necesidad indiscutible si aspiramos a construir una sociedad más solidaria, con un modelo de protección social más amplio y generoso, y unos servicios públicos más desarrollados. Sin embargo, el aumento de la recaudación no puede venir del incremento de los impuestos a la clase trabajadora, que ya soporta un esfuerzo fiscal desproporcionado a través del IRPF y el IVA.
Por esa razón, la lucha contra el fraude fiscal debe convertirse en una tarea prioritaria de las administraciones con responsabilidad tributaria, para cumplir un doble objetivo: aumentar los recursos públicos disponibles y mejorar la equidad del sistema tributario. De lo contrario, cualquier intento por lograr una distribución más justa de la riqueza será una mera ilusión condenada al fracaso.
