El avance de la vacunación y la reducción de las restricciones están permitiendo la recuperación del ritmo de actividad, sobre todo en aquellos sectores más afectados por las limitaciones a la movilidad. Estas circunstancias, unidas al hecho de que en mayo se inicia el arranque de la campaña de verano, se han traducido en un aumento de la afiliación a la Seguridad Social y la consiguiente reducción del paro registrado.
A pesar de ello, según las cifras difundidas por los Servicios Públicos de Empleo, en Hego Euskal Herria todavía hay un total de 161.178 personas en desempleo, es decir, casi 10.000 más que antes que al comienzo de la pandemia. Además, hay otras 28.267 personas en situación de ERTE.
En todo caso, una vez superados los momentos más duros de la crisis, es conveniente situar el foco de atención en los problemas que desde hace décadas arrastra el mercado laboral y sufre la clase trabajadora.
En primer lugar, debemos señalar la elevada tasa de desempleo, que tan solo es superada en dos estados miembro de la Unión Europea: el español y el italiano. Especialmente grave y preocupante resulta la situación de la juventud, que con una tasa de paro superior al 37% casi triplica la media comunitaria.
Asimismo, encabezamos el ránking europeo en precariedad, sin que las reformas aprobadas en las últimas cuatro décadas hayan contribuido a reducir la segmentación laboral y el abuso de la contratación temporal. Tal es así que el volumen de contratos temporales firmados continúa anclado en niveles superiores al 90% de la contratación total.
Y también es obligado señalar los reducidos niveles de cobertura del sistema de protección por desempleo. En concreto, solamente una de cada tres personas consideradas oficialmente en paro recibe algún tipo de prestación por desempleo.
Para empezar a darle la vuelta a esta situación será preciso derogar la última reforma laboral; pero esto no significa que dicha medida sea suficiente, porque el objetivo no es volver a la casilla de salida.
En todo caso, es evidente que la creación de empleo y el fin de la precariedad no vendrán de la mano de planes de empleo concebidos como mero instrumento de propaganda institucional, y mucho menos de aumentar la represión policial contra las protestas laborales.