Las pensiones públicas y dignas no están garantizadas. Las reformas de pensiones de los últimos años, las de 2011 y 2013, impusieron duros recortes y las decisiones que estamos conociendo ahora son insuficientes para revertir esta situación. Para garantizar unas pensiones públicas y dignas hay que dignificar los salarios, aumentar el dinero que se recauda de las cotizaciones y si es necesario garantizar las pensiones a través del presupuesto y la fiscalidad.

Para empezar, tal y como reiteramos en las movilizaciones del pasado sábado, nos gustaría volver a denunciar que estamos conociendo las medidas de la reforma de pensiones con cuentagotas y que esto no es casualidad, quieren evitar que tengamos una foto completa, que aunque las medidas que se están tomando ahora sean parciales, insuficientes y perjudiciales a medio plazo, se valoren como un avance y se abra paso a nuevos recortes que vendrán más adelante.

En julio conocimos que habían incrementado las dificultades para adelantar la jubilación y acordado incentivos para prolongar la edad para ésta. También manifestaron su compromiso de revalorizar las pensiones en función del IPC, pero tal y como denuncia el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, también se ha hecho pública la intención de llevar a cabo un fraude: se utilizará el indicador promedio anual en lugar de la referencia IPC anual, tal y como se establece en el proyecto presupuestario de este año, lo que reducirá la capacidad adquisitiva de las y los actuales pensionistas en un 3%.

Si no fuera poco con este fraude acabamos de conocer el compromiso con Bruselas de ampliar los años de cotización de 25 a 35 y que el plan para extender de las pensiones privadas avanza. Por lo tanto, los recortes en las últimas reformas de pensiones se mantienen y vienen nuevos ataques.

LAB considera insuficiente el Mecanismo de Equidad Intergeneracional que ha sustituido al factor de sostenibilidad sin el beneplácito de la patronal el 15 de noviembre, porque ni metiendo mano a las cotizaciones será capaz de garantizar unas pensiones públicas dignas y no levanta topes de cotización.

En el última día y sin el visto bueno de la patronal, el Gobierno español ha acordado con UGT y CCOO el nuevo indicador que sustituirá al factor de sostenibilidad. En 2022 aumentarán su cotización un 0,2%, de forma progresiva hasta alcanzar el 0,6 en 2026. Asimismo, si en 2033 los informes de envejecimiento de la Comisión Europea establecen una comparación entre 2024 y 2050 y se prevé una desviación del gasto, se abre la puerta a utilizar el 0,2% del PIB, volverlo a analizar en el Pacto de Toledo y reducir el gasto en pensiones.

Aunque el mecanismo conocido ayer se centra en las cotizaciones, es decir, en los ingresos, los límites de la medida son evidentes: el dinero que se recibirá no permite ofrecer la protección actual de las y los pensionistas actuales y futuros y mucho menos elevar las cifras. Queda lejos, por tanto, de la reivindicación de una pensión mínima de 1.080 euros o de las medidas necesarias para superar la brecha de género. A estas decisiones le vemos una dirección clara: dejar el sistema de pensiones públicas en los huesos, como una prestación que dé lo justo para sobrevivir y extender el modelo de pensiones privadas complementarias.

En opinión de LAB, quedarse paradas y mirando lo que viene de Madrid y del diálogo social sería un error, además de que debilita la fuerza social a articular aquí. Tener un sistema público, universal y propio es la única posibilidad

real de garantizar las pensiones presentes y futuras, y una utopía pensar que lo que no ha hecho el que se considera a sí mismo como el gobierno más de izquierdas de la historia venga algún día de Madrid.

Por eso nos gustaría una vez más hacer un llamamiento a multiplicar las fuerzas para construir un sistema propio de Relaciones Laborales y Protección Social y a incidir desde aquí. Necesitamos medidas que dejen a un lado las reformas laborales y de pensiones y den solución al proceso de precarización, y los nuevos escenarios sólo los conseguiremos con movilización social y lucha. Sobran razones para incidir desde Euskal Herria y en Euskal Herria para llevar a cabo una Huelga General.