2025-12-05
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LAB reclama un cambio de 180 grados en política industrial

LAB ha presentado una propuesta para desarrollar una política industrial de transición ecosocial que responda a las necesidades sociales del territorio y que sea ecológicamente sostenible. El sindicato ha denunciado que el plan del Gobierno Vasco está dirigido a dotar de más dinero público a las empresas privadas pero a establecer menos obligaciones.

LAB ha presentado en Bilbo una propuesta que recoge sobre qué bases se debería construir una política industrial que responda a la transición ecosocial. Igor Arroyo, coordinador general de LAB, ha explicado que las políticas actuales se pueden resumir en “más dinero público y menos obligaciones para las empresas”, pero que eso no garantiza ni la transición ecosocial ni el empleo: “Las empresas piden más ayudas mientras priorizan los beneficios, ralentizan la transición y precarizan el empleo”.

Ante ello, Arroyo ha destacado la necesidad de un cambio de 180 grados y desarrollar una política industrial ecológicamente sostenible que responda a las necesidades sociales de nuestro territorio y, al mismo tiempo, garantice el derecho al empleo de las y los trabajadores. “Para ello habría que transformar varios sectores, reduciendo las emisiones, la energía y los materiales”, ha señalado

LAB considera que el cambio que necesita la política industrial se debe sustentar en cuatro pilares:

1. No a la expansión de la industria armamentística, sí a la industria socialmente necesaria y ecológicamente sostenible. LAB se opone firmemente a la expansión de la industria armamentística, puesto que sustrae recursos socialmente necesarios para alimentar la escalada belicista. Por ello, critica la hipocresía del Gobierno Vasco porque mientras habla de paz y valores impulsa la maquinaria de guerra. El rearme no aumenta la seguridad, sino más bien lo contrario.

2. Intervención pública para planificar la transición industrial: propiedad pública, condicionalidad y legislación antideslocalización. La lógica perversa que socializa las inversiones y privatiza los beneficios debe acabar. Las grandes corporaciones se benefician de la política fiscal, las ayudas, las infraestructuras y los ERTE, y su actividad no revierte en el territorio. LAB pide una planificación industrial real, con una participación real y vinculante de los sindicatos. Los gobiernos de la CAV y Nafarroa deben impulsar proyectos industriales de propiedad pública y las empresas que reciben ayudas deben tener prhobido repartir dividendos y deben mantener el empleo. Asimismo, se debe reforzar la legislación contra las deslocalizaciones y evitar que las empresas que reciben ayudas públicas destruyan o empeoren el empleo. Si es así, deben ser sancionados.

3. Llevar la negociación colectiva a la descarbonización y apostar por la inversión privada. Las empresas toman decisiones sobre el empleo en base a planes de descarbonización sobre los que no hay ninguna garantía de cumplimiento. Se debe reconocer la participación sindical en la descarbonización de la industria. Además, las empresas con beneficios millonarios deben destinar las ganancias a la inversión productiva que exige la transición energética.

4. Reducción de jornada y empleo digno: repartir, reconvertir y recualificar. Debemos avanzar hacia una semana de trabajo de 30 horas que redistribuya la carga de trabajo y amortigüe las transformaciones. Además, LAB apuesta por eliminar toda discriminación en la contratación y promoción de mujeres* en la industria. Junto a ello, las empresas deben impulsar mejoras laborales que dignifiquen el empleo; como la limitación de la subcontratación, la subrogación y la prevención de riesgos laborales. Se debe asegurar la formación y la recualificación hacia nuevos segmentos productivos y las mesas de reindustrialización deben ser obligatorias para aquellas empresas que tengan previsto el cierre o reducción de la actividad.

El Gobierno Vasco, en su línea

Además de presentar los pilares principales de la propuesta de LAB, el sindicato también ha valorado el Plan de Industria que ha presentado recientemente el Gobierno Vasco; no para bien, ya que no responde a la transformación que LAB reclama en su propuesta, según Kris Gete, responsable de la Federación de Industria de LAB. De hecho, Gete ha señalado que lo presentado por el Gobierno Vasco es una continuación de la política industrial de las últimas décadas: “La receta es la misma que hasta ahora: dotar de más dinero público a las empresas privadas y establecer menos obligaciones”. Ha explicado que se trata de un plan dirigido a las industrias a las que hoy les va bien y que, además, no incrementará el control público y la planificación industrial, ni garantizará el mantenimiento del empleo en los procesos de transformación.

Precisamente, el plan del Gobierno no es suficiente para una planificación industrial no es suficiente, según Gete, por varias razones: porque los proyectos transformadores que incluye responden principalmente a proyectos de grandes empresas ya en marcha; porque está lejos de ser una planificación con una ruta creíble para la descarbonización industrial; porque somete a beneficios privados la transición energética y el desarrollo de infraestructuras; porque no hay planificación sobre las transformaciones industriales más urgentes; y porque no se hace referencia explícita a la industria militar, aunque el Gobierno ha mostrado su voluntad de aprovechar el impulso que se le quiere dar a la industria militar a nivel europeo.

Gete ha denunciado la «absoluta» falta de medidas para garantizar un empleo de calidad y la participación de las y los trabajadores. En las condiciones de las ayudas públicas a las empresas privadas para impulsar su transformación industrial no se hace referencia al mantenimiento de los puestos de trabajo ni a las medidas que se adoptarán para impedir su deslocalización. Gete ha denunciado, además, que en el desarrollo del plan no ha habido participación de las y los trabajadores de la industria: “Es un plan que no ha contado con su representación”.

Para finalizar, Gete ha destacado la importancia de la acción sindical para “garantizar el derecho al empleo y lograr una verdadera transición energética en Euskal Herria”.

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