Para hacer frente a la precariedad que sufren las trabajadoras del hogar en sus condiciones laborales y de vida, LAB ha presentado un decálogo con medidas concretas que será presentado a los agentes sindicales, sociales y políticos. El sindicato considera que no se puede aceptar que tantas mujeres vivan en condiciones de explotación extrema, y ha exigido responsabilidades a las instituciones y a la patronal.
LAB está trabajando en dos frentes para defender el derecho a la negociación colectiva de las trabajadoras del hogar, y hoy ha presentado iniciativas para fortalecer ambos. Por un lado, ha presentado un decálogo con medidas concretas para dignificar el sector, y por otro, ha anunciado que llevará el caso al Tribunal Constitucional español.
Garbiñe Aranburu, coordinadora general de LAB, ha destacado que las trabajadoras del hogar realizan un «trabajo imprescindible» para la supervivencia de las familias: «El sistema necesita este trabajo para sobrevivir, pero el capitalismo patriarcal y colonial no le da el valor que merece». Aranburu ha denunciado la grave situación del sector: explotación laboral, falta de protección legal e institucional y falta de visibilidad. Incluso la Inspección de Trabajo no interviene, alegando que es imposible actuar en los hogares privados. La mayoría de las trabajadoras son migrantes y racializadas, y en muchos casos trabajan como empleadas del hogar internas, en condiciones de pseudo-esclavitud, sometidas a violencia y abusos.
Según Aranburu, no se puede entender la situación del sector sin mencionar la Ley de Extranjería: «Para las mujeres migrantes que llegan al País Vasco, ser trabajadora del hogar se ha convertido en una de las pocas opciones laborales». Frente a esta situación, LAB ha hablado de la deuda patriarcal y colonial que afecta a toda la sociedad, incluyendo a los sindicatos: «Durante años, las trabajadoras del hogar han sido ignoradas, el sindicalismo no les ha dado un espacio como trabajadoras, y nosotros queremos ser una herramienta para todas las trabajadoras y llevamos tiempo organizando, escuchando y uniendo a las trabajadoras del hogar».
Aranburu ha subrayado que en los tiempos que vivimos esto tiene «aún más relevancia», debido al auge del fascismo, el fortalecimiento de tendencias machistas, homófobas y racistas, y el incremento de las «tendencias de explotación e instrumentalización de las trabajadoras migrantes». «Nosotros defendemos claramente que el País Vasco es un país de acogida, y todas las personas que quieran vivir y trabajar aquí serán bienvenidas. Queremos deshacernos de las miradas clasistas, reconocer la importancia de todo trabajo y reflejar ese valor en los derechos laborales».
Sin embargo, la lucha de las trabajadoras del hogar no es solo un asunto del sector. Aranburu ha señalado que mejorar la situación de las trabajadoras del hogar exige una nueva organización social en torno a los cuidados: «El reconocimiento, distribución y reorganización de todo el trabajo». En este sentido, LAB ha reafirmado su apuesta por un sistema público comunitario de cuidados.
En este contexto se enmarca el decálogo elaborado por LAB, que recoge medidas urgentes para mejorar las condiciones del sector. Algunas de estas medidas deben ser abordadas a través de la negociación colectiva, y otras requieren cambios legislativos. Mariana Urcuyo, responsable del Sector de Trabajadoras del Hogar de LAB, ha presentado estas medidas: garantizar el derecho a la negociación colectiva, hacer obligatorio el registro de la jornada laboral, abolir el régimen interno, controlar y reconocer las horas de presencia y las horas nocturnas, establecer indemnizaciones por fin de contrato iguales para todos los sectores, implementar una Inspección de Trabajo efectiva y sin prejuicios, aplicar de manera real y fiable la ley de prevención de riesgos laborales, reconocer las cotizaciones previas a 2022, avanzar hacia un sistema público comunitario de cuidados, y garantizar los derechos de las mujeres migrantes y racializadas.
El decálogo será presentado a los organismos políticos, sindicatos y movimientos sociales, y LAB también pedirá reuniones urgentes con el Gobierno Vasco y el Departamento de Trabajo del Gobierno de Navarra para interpelar a la patronal y promover cambios legislativos.
Lucha jurídica en marcha
Además, LAB ha expuesto los pasos que dará en la lucha jurídica en defensa del derecho a la negociación colectiva, y Ainhize Muniozguren, responsable de la Secretaría Jurídica de LAB, ha informado sobre ello. En mayo de 2022, LAB inició un procedimiento para establecer una mesa de negociación en el sector. En el caso de las trabajadoras del hogar, los empleadores son particulares, por lo que no existe una patronal formal. Por ello, se invitó a Confebask, la patronal con mayor representación en el País Vasco, a participar en la mesa de negociación.
Sin embargo, Confebask rechazó participar en las negociaciones. LAB considera que este rechazo supone una violación de derechos y discriminación, ya que deja a un colectivo de trabajadoras sin la posibilidad de acceder a un convenio colectivo. Ante esto, el sindicato recurrió por vía judicial. En la primera sentencia, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco reconoció el derecho del sector a la negociación colectiva, pero, debido a la falta de desarrollo legislativo, no sancionó la actitud de la patronal.
LAB llevó el caso al Tribunal Supremo, pero este no abordó el fondo del asunto, según explicó Muniozguren. En su resolución, el tribunal se centró en un problema de formalismo: que LAB y otros sindicatos no habían demostrado adecuadamente su legitimidad para solicitar la mesa de negociación. Muniozguren dejó claro que esto no es correcto: «Hay otros sindicatos, por lo que es suficiente con tener mayoría para iniciar un proceso de negociación». Además, ya estaba demostrado que existía mayoría sindical, y ni la patronal ni las instancias anteriores habían puesto en duda este punto.
Según Muniozguren, el Tribunal Supremo, ante la complejidad jurídica del asunto, evitó entrar en el fondo del debate. Sin embargo, LAB no dará por concluido el proceso, y Muniozguren ha anunciado que llevarán el caso al Tribunal Constitucional para garantizar que no se les niegue a las trabajadoras del hogar su derecho a negociar.