El sindicato LAB quiere denunciar firmemente la decisión del Tribunal Constitucional de mantener en prisión a Rafa Díez al igual que lo hizo con al resto de compañeros condenados por el caso Bateragune, Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodriguez.
En el poder judicial español la justicia brilla por su ausencia. Los tribunales son peajes políticos al albur de las decisiones del poder ejecutivo. La condena que aquí denunciamos supone un sinsentido aún mayor, teniendo en cuenta el papel jugado y la aportación realizada por estas cinco personas en la superación del conflicto desde la práctica política. Son las políticas de venganza las que llevan al Gobierno español a impulsar decisiones tan crueles como la de mantener la condena de los procesados del Bateragune. Esto supone un atropello contra los derechos civiles y políticos de los cinco compañeros y una provocación, un insulto para la inteligencia colectiva de la ciudadanía vasca.
El Gobierno español no se quiere implicar en un proceso democrático de cambio. Hace uso de las medidas más repugnantes –lo hemos vuelto a ver estos días- , impulsando nuevos juicios políticos, en una contínua ofensiva contra los derechos civiles y democráticos.
Desde la implicación de los agentes políticos, sociales y sindicales vascos, y la movilización de la ciudadanía vasca, tenemos que avanzar y avanzaremos en el proceso de paz. Por ello, además de denunciar la sentencia, queremos hacer un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía en general, a participar en la manifestación convocada para el próximo 11 de octubre en Elgoibar, para exigir la libertad de todos los condenados por el caso Bateragune.
Reiteramos nuestra exigencia para que Diez, Otegi, Jacinto, Zabaleta y Rodriguez queden en libertad inmediatamente y de manera incondicional. Y queremos trasladarles tanto a ellos como a todas y todos sus allegados, nuestra solidaridad y apoyo.
En Donostia, el 27 de septiembre de 2014