Los sindicatos con representación en el sector de Ambulancias de la CAPV comparecimos el pasado viernes día 19 ante la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento Vasco para explicar cuál es la situación general en el sector, y explicar en qué condiciones se desarrolla el trabajo así como de las condiciones laborales que padecemos. Para el sindicato LAB el servicio de ambulancias es esencial para la sociedad, que debería ser público y desarrollado con personal propio de la Admnistración, pero mientras esto no se dé, se deben garantizar unas condiciones laborales dignas a los trabajadores y trabajadoras que lo realizan, y un servicio de calidad y eficaz a toda la sociedad.

No es de recibo que el Gobierno Vasco permita a las empresas a las que ha subrogado dicho servicio que no cumplan con los puntos recogidos en los pliegos, en cuanto a las condiciones en que se realiza el servicio, bien en cuanto en qué condiciones se desarrolla éste así como en aspectos materiales y recursos humanos, ni que se permita que las empresas, por medio de la reforma laboral, precaricen y no cumplan con los convenios laborales con los que se han presentado a los concursos .

Hace un año de que la Comisión de Salud y Consumo aprobó una proposición transaccional no de ley, donde instaba al Departamento de Sanidad a que hiciera seguimiento de que se cumplían todas las directrices y condiciones en las últimas adjudicaciones. Y de no ser así, que se tomasen medidas y actuase contra las empresas que no lo hicieran, y que se ayudase a impulsar un Convenio autonómico de sector para regular éste. Y que mientras éste no entrase en vigor, como forma de garantizar las condiciones laborales dignas y la estabilidad del servicio se exigiese a las empresas que no se aplicase el arbitraje obligatorio y se mantuviera la ultraactividad de los convenios.

Por desgracia, la Admnistración, lejos de garantizar un servicio de calidad para toda la sociedad y en condiciones laborales dignas, sigue primando los intereses económicos sobre otros, como los técnicos o laborales (el 53% de los puntos se otorga a la parte económica), o permitiendo que enpresas que concursan tiren los precios un 18 % sobre el precio ofertado, rayando el concurso temerario, trasladándose esto a la calidad del servicio y a las condiciones de los trabajadores y trabajadoras.

Para cambiar esta situación y que se prime un buen servicio a toda la sociedad y se garanticen las condiciones laborales de todos y todas las trabajadoras del sector, LAB exige a la Administración, que como administradora del servicio que es y responsable del dinero público que se pone en manos de las empresas a las que subcontrata en último caso haciendo papel de patronal con intermediarios, se implique tal y como hace en otros sectores que trabajan para la administración (limpieza en Osakidetza, comedores concertados, gestión directa…) exija a éstas que no impongan de manera unilateral la reforma laboral, hagan que se cumplan los pliegos, y que impulsen un Convenio Autonómico en el sector para homegeneizar condiciones en todas las empresas que quieran trabajar en la CAPV, y garantizar unas condiciones laborales dignas. Y mientras esta situación no se dé en los próximos pliegos de contratación, se incluyan cláusulas sociales que garanticen el empleo, la subrogación, los convenios existentes, el no descuelgue unilateral de las empresas de las condiciones con las que licitan, las sustituciones, unas condiciones de trabajo dignas y un servicio de calidad.