Desde el sindicato LAB queremos denunciar que la muerte ocurrida en el piso del Gobierno Vasco de Donostia es fruto de los escasos servicios sociales y del racismo institucional. Queremos mostrar todo nuestro apoyo a las y los trabajadores y a su labor contra el racismo y la exclusión social.

Dado que el sistema hace imposible regularizar la situación administrativa de las personas de orígenes diversos, se trata de personas que sufren una situación compleja y doble, ya que sufren una vulneración de derechos fundamentales, y siendo menores de edad se agrava su situación de desprotección. Aunque mientras estén dentro de la red de servicios sociales lleguen a recibir protección, al cumplir los 18 años se encontrarán de un día para otro en la calle. ¿Qué función cumple los servicios sociales de base si después el sistema les devuelve a la situación de desamparo?

A raíz de este suceso hemos vuelto a ver a autoridades y medios de comunicación desviar el foco de atención del núcleo del problema. La muerte de este joven se debe a la insuficiencia de los servicios que se ofrecen ante la desprotección. La situación de incertidumbre no sólo continúa tras la finalización de la tutela, sino que se agudiza. La muerte de este joven se debe a que también se les deniega el derecho al empadronamiento. Se debe a que, en lugar de apostar por las políticas sociales y de inclusión y ofrecer nuevas oportunidades, los servicios han sido diseñados como una red interminable que cronifica y oculta las desigualdades sociales. Y en consecuencia, se ha producido por la falta de recursos en estos servicios es enorme. Se debe a la sobrecarga que sufren las y los trabajadores y las precarias condiciones laborales que hacen que en su función no puedan garantizar los derechos sociales que deben garantizar. Esta muerte se debe a que se esté haciendo negocio con la privatización de los servicios públicos.

En ese sentido, nos parece absolutamente vergonzosa la exhibición por parte de Beatriz Artolazabal, consejera de Políticas Sociales. Las palabras vacías de quienes están promoviendo la subcontratación y la privatización no van a calmar la situación de emergencia social que se ha extendido. Queremos acciones.

Ante todas estas carencias institucionales para garantizar una vida digna, en primer lugar, exigimos que ha de acabarse con las políticas migratorias asesinas, es necesario derogar la ley de extranjería y llevar a cabo la regularización de todas las personas. Con urgencia, las administraciones vascas tienen la responsabilidad de desarrollar políticas de acogida eficaces para garantizar la inclusión. Para ello es imprescindible reivindicar el sistema público, de calidad, gratuito y universal de servicios sociales.

Desde el sindicato LAB queremos mostrar nuestro apoyo a las trabajadoras que en su lugar de trabajo luchan día tras día por la defensa de los derechos de todas las personas, que hacen el acompañamiento en las situaciones sociales más difíciles. En LAB tenemos el compromiso de seguir trabajando con solidaridad de todas las personas jóvenes que sufren en su propio cuerpo la opresión de este sistema capitalista, racista y neocolonial, para acabar con toda situación de discriminación y exclusión.