Hoy se han debatido en el Parlamento Vasco dos proposiciones de ley para modificar la Ley de Empleo Público; una propuesta de EH Bildu que, por un lado, daría garantía jurídica a la euskaldunización de las administraciones públicas, equipararía las exigencias del euskera y el castellano, establecería una gestión flexible en función del contexto sociolingüístico y aumentaría los recursos y las liberaciones para posibilitar la euskaldunización de todas y todos los empleados públicos. Y, por otro lado, la propuesta del PNV, que, bajo la excusa de la adecuación de los “perfiles lingüísticos a la realidad de cada institución”, no establece ningún tipo de índice de obligado cumplimiento.
Como ya ha señalado LAB anteriormente, la propuesta del PNV no recoge ningún criterio concreto y verificable a cumplir por las administraciones y prevé la supresión del índice de obligado cuplimiento. De hacerlo, quedaría en manos de la voluntad del responsable institucional del momento establecer el porcentaje de plazas con perfil lingüístico, lo que abriría la puerta al riesgo de retroceder en la euskaldunización de la administración. LAB considera grave que, en plena ofensiva judicial y política, el PNV, sucumba a las presiones del PSE y no dé una respuesta a la altura de lo que requiere la situación.
La tramitación de las dos reforma legales saldrá adelante ahora y LAB pide valentía al PNV para poder dar la máxima seguridad jurídica al euskera en el debate hasta que las propuestas se conviertan en ley. LAB considera que la ley renovada debe garantizar un muro de contención sólido ante las continuas injerencias de los juzgados.
Los agentes a favor del euskera llevan tiempo advirtiendo de la gravedad de la situación, y remarcando la necesidad de dar un gran salto para no ir hacia atrás en la euskaldunización. LAB también lo considera así y cree que hay que dar un paso más en la movilización para avanzar en la euskaldunización de las administraciones públicas. Los derechos y las exigencias del euskera deben ser equiparables al castellano, siendo ambos oficiales en la CAV, y las administraciones públicas tienen la obligacion de proteger los derechos lingüísticos de las y los ciudadanos y de las y los trabajadores: el euskera debe ser una lengua de tratamiento similar al castellano, contemplando algunas excepciones posibles, y se deben elaborar planes de euskaldunización eficaces.
Asimismo, para lograr las garantías legales necesarias para el euskera y la euskaldunización, será imprescindible la movilización social y la activación de las y los trabajadores, algo en lo que LAB se volcará en los próximos meses.