Desde LAB queremos denunciar que en todo el proceso de tramitación no se ha tenido en cuenta ni una sola aportación de peso hecha por los sindicatos. Este anteproyecto que tiene como objetivo regular las condiciones laborales de los 120.000 trabajadores que tienen que asegurar la oferta de los servicios públicos, no tiene en cuenta ni la situación de los servicios públicos en este país, ni la situación de los trabajadores y trabajadoras de los mismos.
En este momento en que nos encontramos entre los trabajadores públicos con una de las mayores tasas de interinidad de los últimos años, no se plantea ninguna medida eficiente para acabar con esta situación. No hay un planteamiento integral para la consolidación de los puestos de trabajo, y así, difícilmente se le podrá dar la vuelta a esta situación. Ni que decir para crear nuevo empleo público. Se abre la veda a un modelo gerencial basado en un punto de vista "coste-beneficio" propio de la empresa privada a través de la Dirección Pública Profesional; pero lo volveremos a repetir, los servicios públicos no se pueden medir desde un punto de vista exclusivamente empresarial, los servicios públicos son la mejor inversión que se puede hacer en el futuro de este país. Se da pie a que se incrementen las diferencias salariales entre trabajadores con los criterios arbitrarios que podrán determinar estos directores a través de la valoración al desempeño o la carrera profesional. Y además se deja pasar una oportunidad inmejorable para acabar con la situación de discriminación que vive el euskara en la administración.
Además de no poner encima de la mesa un planteamiento para hacer frente a los recortes impuestos desde Madrid, hace suyas estas medidas con la intención de debilitar y gerencializar el sector público. El Departamento de Administración y Justicia no muestra ninguna capacidad ni voluntad para acordar una ley de empleo en función de los servicios y los trabajadores y trabajadoras de aquí.
Nos parece especialmente grave que un proyecto que tiene la intención de regular las condiciones de trabajo de los trabajadores públicos haya sido rechazo por unanimidad por sus representantes. En este sentido, le recriminamos una responsabilidad directa al Vice-consejero Andres Zearreta, por las mentiras vertidas al decir que este proyecto sacia las necesidad de los trabajadores y los servicios públicos, y por la falta de voluntad demostrada para conseguir un acuerdo con los representantes de los trabajadores. A esto tenemos que sumar la imposibilidad de llegar a acuerdo durante los tres últimos años en Mesa General. Por todo esto, desde LAB pedimos la dimisión de este consejero de cara a dar solución a la situación creada en Función Pública.
En este sentido, hacemos un llamiento a los diferentes grupos parlamentarios para que en los siguientes pasos de la tramitación voten en contra de este anteproyecto y pongan los cauces para poner en marcha un proceso participativo y que sea determinante por parte de los diferentes sectores implicados.
Por nuestra parte, de cara a los próximos meses desde LAB pondremos en marcha una dinámica de movilización para denunciar la decisión tomada.