Apenas un mes después de la exitosa huelga general a favor del SMI propio y después de que Confebask cerrara la puerta a la negociación, detrás del acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno Vasco, Confebask, CCOO y UGT está la intención de institucionalizar un modelo excluyente que deje a un lado la mayoría sindical, dando la espalda a medidas estructurales en favor de las y los trabajadores.
Casi un mes después de que miles y miles de personas se sumaran a la huelga general a favor de establecer un salario mínimo propio y de que éste sea de 1.500 euros, y pocas semanas después de que Confebask diera la espalda a la negociación, se ha producido un acuerdo en la Mesa de Diálogo Social entre el Gobierno Vasco, Confebask, CCOO y UGT. Un acuerdo que, a juicio de LAB, demuestra el fracaso del diálogo social y del sindicalismo dócil.
De hecho, la foto de ayer tiene un objetivo claro: blanquear al Gobierno Vasco y a Confebask. Los sindicatos CCOO y UGT han vendido barata esa foto. Esto demuestra, por un lado, la intención del Gobierno Vasco de seguir haciendo políticas a favor de una patronal de carácter autoritario y explotador y, por otro, la actitud favorable a mantener el SMI centralizado y participar en una foto así con una Confebask que no cumple con su responsabilidad de negociar no supone ningún beneficio para las y los trabajadores. Al contrario, blanquea a Confebask y vuelve a poner de manifiesto el fracaso del modelo sindical de CCOO y UGT.
Sin embargo, quienes no tienen otro objetivo que defender los intereses patronales tienen un problema, que la amplia mayoría de las y los trabajadores no se suma al modelo sindical dócil que les gusta a ellos, y que eso no lo van a solucionar con una nueva ley que excluya a la mayoría sindical.
Más allá de las intenciones no hay ninguna medida concreta para defender y dignificar el empleo. En el acuerdo de ayer no hay ninguna mención al salario mínimo propio, aunque los últimos datos de pobreza demuestran claramente que la pobreza y las desigualdades sociales están aumentando y que el reparto de la riqueza es cada vez más desigual. El salario mínimo propio sería una medida imprescindible para revertir esta situación.
Además, el acuerdo de ayer pretende dotar de estabilidad a un modelo absolutamente antidemocrático. Detrás de la institucionalización del diálogo social, y en nombre de la participación, está la intención de excluir a la mayoría sindical y, de dar estabilidad a políticas que favorezcan más a la patronal que a las y los trabajadores. Ello supondría un grave ataque a los y las trabajadoras de la CAV y un hito en el carácter autoritario del Gobierno Vasco, profundizando en el modelo que, con anterioridad, ha dado la espalda a iniciativas legislativas populares que han recibido miles de firmas.