El 31 de enero, en el pleno desarrollado en el ayuntamiento de Irun, fue presentada una moción sobre la necesidad de garantizar el futuro de las pensiones. Con el voto favorable de los partidos políticos EH BILDU, PSE, SI SE PUEDE IRUN, PNV, y con la abstención del PP, el ayuntamiento de Irun, cuyo alcalde es Jose Antonio Santano, se compromete a instar al Estado español a que cambie la ley de pensiones para garantizar la subida de estas con relación al IPC, así como la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, junto con la reforma laboral de 2010 y 2012.

Reflexiones que hace la organización sindical LAB con respecto a esto:

Sin duda alguna este acuerdo político se desarrolla al calor de un hartazgo manifiesto entre importantes sectores sociales de la ciudadanía Irundarra. Sin la organización y movilización de centenares de pensionistas cada lunes sin duda alguna no hubiera sido posible la posición favorable de ciertos partidos y por lo tanto aprobar dicho acuerdo político.

LAB entiende que es positivo el hecho de que el ayuntamiento, recogiendo la demanda mayoritaria de la ciudadanía, sea una herramienta de presión para confrontar con las políticas públicas reaccionarias del estado español y de su gobierno. Pero desde esta Organización sindical también debemos recordar a los trabajadores y trabajadoras de Irun, que detrás de estas decisiones hay responsables que con su postureo no quieren más que un lavado de cara.

El caso más evidente es el de Santano y los suyos, esto es el PSOE. Ahora nos hablan de derogar reformas cuando fueron ellos los que realmente abrieron el melón de las pensiones. Quizás hay que recordarles que fue el gobierno de Zapatero quien inició la reforma de las pensiones en 2011, por la cual se elevaba la jubilación a los 67 años. O que han votado, en repetidas ocasiones, contra una Pensión Mínima de 1.080 euros, como establece la Carta Social europea.

Y el PNV? El PNV sin duda defendiendo sus intereses de clase. La banca y la patronal. Posibilitando gobiernos de partidos que alternan el poder en España, sometidos a las élites económicas y legislando a base de decretazos y recortes laborales, sociales y políticos e imponiéndolos en Euskal Herria. Además, también se opone, junto a PSOE y PP, a la pensión mínima de 1.080 euros, defendiendo los planes privados, esas que pueden pagar quienes ganan sueldazos, y no la clase trabajadora.

Bajo la excusa de la austeridad, el PP y el PSOE, los partidos de la gurtel y los EREs de Andalucía, en alianza con la gran banca, han hecho todo lo posible para que las personas pensionistas sigamos siendo cada vez más pobres y con una pensión de miseria, por debajo del umbral de la pobreza. Pretenden liquidar el sistema público y apostar por la privatización, para aplauso y beneficio de las entidades financieras.

Nuestras pensiones no van a ser garantizados por un sistema de pensión español cada vez más raquítico, colapsado por decisiones políticas de gobiernos al servicio de la banca.

Para LAB la salida tiene que ser cambiando la situación de raíz. Reivindicamos la soberanía política y económica para Euskal Herria. Una soberanía, que en este caso nos debe llevar a garantizar, ahora y en el futuro, unas pensiones públicas que nos permitan vivir con dignidad nuestros últimos años de vida tras muchos años de trabajo.

Ese es el único camino posible que puede garantizar unas condiciones de vida dignas, de trabajo, y pasa por construir un sistema publico vasco de relaciones laborales y protección social que a su vez debería de reunir estas premisas:

– Un sistema de seguridad social vasco integral.
– Plena capacidad de decisión en materia normativa y financiera
– Política activas y pasivas de empleo de calidad.
– Pensión Mínima de 1.080 euros.
– Mas y mejores servicios públicos.
– Reparto de tiempo de trabajo, 35 horas semanales.
– Eliminación de la discriminación salarial, también en pensiones, hacia las mujeres. – Salario interprofesional de 1200 euros.
– Atención debida a todas las personas dependientes.
– Creación de un sistema de pensiones propio.

Y como demandan las plataformas de pensionistas de Hego Euskal Herria, la recuperación del IPC como referencia del cálculo de revalorización de las pensiones, romper con el 0,25% de crecimiento impuesto por Rajoy y establecer una pensión mínima de 1080 €.

Con estas premisas nuestras pensiones estarían aseguradas. Hay dinero suficiente para construir una sociedad vasca mucho mas próspera, solidaria e igualitaria. Hay dinero suficiente para garantizar nuestras pensiones. Y si no lo encuentran en las declaraciones de la renta de todos esos defraudadores, que lo busquen en los paraísos fiscales.

Ante la amenaza que se cierne sobre el futuro de nuestras pensiones no queda otra que movilizarse.

Hacemos un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras para que sigan ocupando las calles y participando en todas las convocatorias que se celebren en Irun, pero que no se dejen engañar con buenas palabras, con cantos de sirena de esos mismos que, hasta ahora, les han dado la espalda, les han recortado las pensiones o han votado en contra de peticiones tan justas como una pensión mínima de 1080€.