La sección primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por LAB contra la sentencia emitida por el juzgado número 4º que condenaba a 21 meses de prisión al sindicalista Imanol Salinas. La sentencia rebaja la calificación de los hechos a un delito “leve” de coacciones, estableciendo una multa de 450 euros. Así pues, Imanol no tendrá que ingresar en prisión y la Caja de Lucha del Sindicato LAB se hará cargo del importe mencionado. La sentencia desmonta la descabellada tesis del juez Labella según la cual la utilización conjunta de un megáfono, una pancarta y pegatinas suponían un acto de violencia.
El hecho de que Imanol Salinas no sea encarcelado por su legítima actividad sindical es una buena noticia para todo el sindicalismo y ha sido posible gracias a la solidaridad y movilización de numerosos colectivos y personas. A las actividades realizadas por el propio sindicato LAB se le han sumado durante los últimos días las muestras de solidaridad expresadas por diferentes sindicatos y colectivos sociales, así como la aprobación de mociones de apoyo por parte de varios comités de empresa. A todos y todas ellas expresamos nuestra gratitud y nuestro compromiso para corresponder solidariamente cuando cualquier sindicalista o activista social vea vulnerados sus derechos y libertades.
No obstante, seguimos denunciado el hecho de que una acción sindical legítima haya sido objeto de proceso judicial a pesar de existir un acuerdo en el que empresa y sindicato ponen fin al conflicto laboral y desisten de toda acción judicial. Lo que es más grave, un juez ha estado a punto de mandar a la cárcel a un sindicalista por un hecho que merece el calificativo de “leve” para la misma Audiencia Provincial. Al igual que tras la primera sentencia contra La Manada se denunció el sesgo patriarcal de gran parte de la judicatura, hoy tenemos que denunciar que también opera un sesgo antisindical en las decisiones de determinados fiscales y jueces. Se trata de la “patronalización” de la justicia: Policía Foral, Inspección de Trabajo o Fiscalía hacen dejación de funciones ante la explotación y precariedad, mientras que actúan punitivamente contra sindicalistas.
La sentencia de La Sangiovesa cierra un capítulo de la campaña Borroka sindikala aurrera (adelante con la lucha sindical) contra las numerosas multas y los cuatro procesos penales contra sindicalistas tras las existosas luchas de La Sangiovesa y Huerta de Peralta. El balance a día de hoy es el siguiente: tras una campaña de solidaridad, conseguimos un acuerdo por el que el trabajador de Huerta de Peralta Abdenabi Mellase evitaba el ingreso a prisión y su expulsión del Estado español; un procedimiento contra José Javier Osés, así como el presente procedimiento contra Imanol Salinas y otra trabajadora absuelta en primera instancia, se ha quedado en multa; y finalmente, el 10 de octubre se juzgará tanto a Salinas como a Osés por aparcar una furgoneta en la entrada de Huerta de Peralta, con el objetivo de denunciar la sustitución ilegal de trabajadores en huelga y el ingreso de materia prima procedente de Murcia y Almería.
Pues bien, es precisamente el juez Emilio Labella, que ha sido desautorizado por su descabellada sentencia en primera instancia contra Imanol Salinas, el que va a juzgar el caso de la furgoneta de Huerta de Peralta. A la vista de su proceder, tenemos razones para desconfiar de que pueda volver a emitir una nueva sentencia disparatada.
Anunciamos el inicio de una campaña de autoinculpaciones para proclamar precisamente que Imanol Salinas y José Javier Osés no tienen culpa alguna y para reivindicar que la acción sindical es más que necesaria que nunca para luchar contra la creciente precariedad.
Finalmente, tal y como hemos venido señalando durante los últimos meses, vamos a insistir en organizar y movilizar a los y las trabajadoras que sufren explotación y precariedad. Allá donde haya una injusticia laboral, habrá un megáfono de LAB para denunciarlo. En este sentido, queremos anunciar un nuevo impulso en la dinámica Piztu Alarma, herramienta que ofrece, a cualquier trabajador o trabajadora que sufre un abuso en un ámbito no sindicalizado, la posibilidad de “encender la alarma” y activar las solidaridad. Una solidaridad que, repetimos, ha sido fundamental para evitar el encarcelamiento de Imanol Salinas.