Los sindicatos hemos comparecido en la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento de Gasteiz para explicar los diagnósticos y retos en el empleo público. Desde LAB, han comparecido Gorka Berasategi y Jon Otegi, de la Federación de Servicios Públicos, que además de contextualizar la situación del empleo público y de los fraudes en las contrataciones, han defendido que, ejerciendo todas las competencias que tienen tanto el Parlamento como el Gobierno Vasco, y mediante una negociación colectiva honesta, se puede encauzar bien el problema. En respuesta a las cuestiones de las y los parlamentarios, también ha aclarado que la solución satisfactoria para todos los trabajadores por la falta de negociación colectiva y la falta de voluntad del Gobierno vasco tendrá que venir a través de huelgas y movilizaciones.

Por hacer un resumen de la contextualización: más de 50.000 trabajadoras y trabajadores en la temporalidad, en fraude y abuso; en algunas administraciones más de 20 años sin convocatoria de puestos de trabajo; más de 20.000 puestos fuera de las RPT, aceptado esto descaradamente por las administraciones; no se cubren todos los puestos; cargas laborales y ratios insoportables; imposiciones, negación de la negociación colectiva, presupuestos neoliberales, leyes restrictivas y falta de voluntad del gobierno…

LAB propone una ley propia de procesos de consolidación que responda a una situación de excepcionalidad con medidas excepcionales. En concreto, la creación de una ley que incorpore los diferentes instrumentos legales para luego actuar a través de la negociación colectiva teniendo en cuenta la realidad de cada administración. Con el debido análisis de los puestos en fraude y ratios y cargas de trabajo, hacer constar los necesarios y realizar las convocatorias oportunas. Revertir los recortes, como la recuperación de la prima de prejubilación, y aumentar y apoyar la inversión en servicios públicos básicos.

En definitiva, la pandemia y la nefasta gestión del Gobierno ha dejado aún más claro que es imprescindible un empleo público de calidad para garantizar unos servicios públicos de calidad. Ante las imposiciones procedentes del Estado, el Parlamento puede y debe ejercer toda su capacidad legislativa y hacer cambiar el rumbo del Gobierno. Y para conseguirlo las y los trabajadores tenemos la movilización como herramienta.