Los sindicatos LAB, ELA y STEILAS hemos comparecido para informar de las huelgas y movilizaciones que vamos a organizar en el ámbito de la educación de la CAV. En concreto, las jornadas de huelga serán el 30 de noviembre y el 14 de diciembre en la educación pública.

Este es el comunicado de LAB, ELA y STEILAS con motivo de la comparecencia de hoy:

Los sindicatos reunidos hoy aquí decimos NO a este Anteproyecto de Ley de Educación. Analizado el borrador del Anteproyecto de Ley de Educación de la CAV, creemos que lejos de superar el actual modelo educativo dual, lo perpetúa. Así, manifestamos la necesidad de una ley que permita avanzar hacia una red pública única, euskaldun y propia, que garantice la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el proceso de euskaldunización. Por lo tanto, hacemos las siguientes reivindicaciones y exigimos que se recojan  en la ley:

Reivindicaciones a incluir expresamente en la Ley

1.- Queremos una Ley de Educación que tenga como eje la escuela pública. Es preciso superar el actual sistema educativo dual, haciendo frente a los intereses particulares y promover el camino hacia un sistema educativo vasco público y propio. Para ello, la escuela pública debe ser el eje real del sistema educativo, y es necesario encauzar un cambio estructural, realizando las inversiones necesarias y estableciendo medidas concretas: mejora de infraestructuras y creación de nuevas, actualización salarial y eliminación de brechas salariales, implantación de procesos de publificación sólidos, garantizar los puestos de trabajo de todo el personal, o la reversión de los servicios privatizados -subrogando al personal de las subcontratas-. Por otro lado, debe recoger la integración del Consorcio Público Haurreskolak en el Departamento de Educación, garantizando la gratuidad y universalizando el servicio.

2- Queremos una Ley de Educación que haga frente a la segregación y garantice la cohesión social.

Para evitar la segregación que genera el sistema dual, esta Ley debe contemplar tanto modificaciones estructurales como medidas concretas y efectivas. Entre otras:

  • Poner a la escuela pública vasca en el centro de la planificación y darle prioridad total.
  • Establecer mecanismos de control estrictos y visibles  para el cumplimiento de las obligaciones en la red concertada.
  • Habilitar una oficina única y real de matriculación. 
  • El derecho a elegir escuela de las familias no puede estar por encima de la cohesión social ni por encima de la igualdad de oportunidades.
  • También deben recogerse medidas concretas que incidan en la planificación, situando a la escuela pública vasca en el centro del mapa escolar y priorizando su oferta. 
  • Además de establecer la prohibición de cobrar las cuotas, se deben incluir por ley medidas concretas para garantizar la gratuidad real: crear, al menos, un equipo de inspección y una unidad de auditoría sólida; establecer la obligación  a los centros financiados con fondos públicos a que hagan públicas sus cuentas, determinando cómo se realizará el pago de las infraestructuras y estableciendo criterios equiparables para todas las escuelas. Además, se debe crear una mesa de transparencia formada por sindicatos, partidos políticos y asociaciones de padres y madres.

3.- Queremos que se establezca un marco y una normativa general y consensuada para la publificación.

La Ley debe definir un procedimiento para que las comunidades educativas de los centros de titularidad privada que así lo decidan se integren en la red pública, así como una cláusula para la subrogación de su personal, previa negociación de este proceso con la parte social.

4.- Queremos una Ley de Educación propia.

Para ello, la CAV debe asumir plenamente las competencias en materia educativa, entre otras cosas, para contar con personal propio. La Ley articulará su relación con el resto de territorios de Euskal Herria. Además, la Ley debe garantizar que la competencia para la determinación del currículum vasco sea de la propia CAV y que dicho currículum se desarrolle con la participación de toda la comunidad educativa, así como que se aplique a todo el sistema educativo. La Ley deberá establecer que el marco de referencia de dicho currículum se corresponderá con el territorio de Euskal Herria, y mostrar un compromiso expreso de defender dicho currículo ante el Gobierno de España.

5.- Queremos una Ley de Educación que prevea inversiones y recursos suficientes. El incremento de la inversión en educación debe recogerse por ley, y se debe recoger que el objetivo para los próximos 3 años será alcanzar la media Europea con objeto de ir dando pasos hacia el 6% del PIB.

6.- Queremos una Ley de Educación que ponga el euskera en el centro. 

Necesitamos un modelo de aprendizaje generalizado e inclusivo basado en la inmersión y el mantenimiento del euskera. Del mismo modo, es necesario acabar con los modelos lingüísticos, incluido en la Formación Profesional. La presencia del euskera debe estar garantizada en todas las actividades escolares (comedor, actividades extraescolare, etc.). Para ello, la Ley debe garantizar una etapa de transición y, por tanto, debe establecer planes de euskaldunización dirigidos a todo el personal de los diferentes colectivos del personal de educación.

7.- Queremos una Ley de Educación con obligaciones y mecanismos de control concretos. Las bases del sistema educativo deberán ser las siguientes: el currículum vasco, la coeducación, la laicidad, la equidad, la inclusión, el pensamiento crítico y la participación. Estas bases deberán ser de obligado cumplimiento por parte de todos los centros privados que se financien con dinero público, a fin de acabar con el sistema universal de concertación. Además, la oferta de horas lectivas de los centros privados concertados deberá equipararse a la educación pública, no pudiendo superar la misma. La estructura de la unidad de inspección para la participación y el control público deberá estar completa en el momento de la entrada en vigor de la Ley, que deberá incluir, entre otras, medidas de refuerzo para la inspección educativa. 

8.- Queremos una Ley que garantice el empleo y las condiciones laborales adecuadas de todas las personas trabajadoras que formamos el sistema educativo. 

Se deben mantener los puestos de trabajo del personal de educación, así como unas adecuadas condiciones de formación y trabajo.

La Ley debe recoger la obligación de negociar con la parte social todos los procesos de estabilidad y consolidación dirigidos a los y las trabajadores/as de la red pública, estableciendo un itinerario concreto para ello, con el fin de lograr que la temporalidad sea inferior al 8%. Asimismo, se deben establecer medidas para evitar que se vuelva a alcanzar una temporalidad superior al 8%. 

La ley también debe recoger la obligación de negociar, en un plazo determinado, la homologación de las condiciones de trabajo del personal de los centros concertados con las condiciones de la red pública, así como determinar un itinerario concreto para ello.   

La Ley deberá prever un acuerdo permanente que garantice la recolocación de los y las trabajadoras, siendo ésta una obligación inexcusable para poder recibir financiación pública.

En relación con el acceso de las personas trabajadoras, por un lado, deberá recogerse por ley la obligación de llevar a cabo una transición destinada a establecer un nuevo modelo de OPEs, en el que se priorice la competencia laboral real de las personas por encima de sus capacidades memorísticas. Por otro lado, se debe establecer un procedimiento para dar cumplimiento a la publicidad de las ofertas de empleo en la red concertada, a fin de garantizar un único acceso en igualdad de oportunidades, en función de los méritos y capacidades de cada aspirante.

9.- Queremos una Ley de Educación al margen de los intereses de los mercados y alejada del ámbito de negocio de las empresas privadas.

La eliminación de los procesos de subcontratación y privatización exigirá que se contemple legalmente, por un lado, la prohibición de subcontratar servicios cuando existan empleados públicos y, por otro, que se revierta la situación en los servicios actualmente privatizados (comedor, limpieza, extraescolares…), con obligación de garantizar la subrogación del personal tanto de las escuelas públicas como de las concertadas.  

La Ley debe incluir una cláusula destinada a limitar los poderes corporativos digitales, para lo cual se deberá prohibir el uso de datos y fomentar un software propio, estableciendo un período de transición de 5 años para implementar dicha medida.

10.- Queremos una Ley de Educación participativa que tenga en cuenta a las trabajadoras y trabajadores.

La Ley debe establecer que todos los decretos y reglamentos que se deriven de  la Ley de Educación deberán negociados con la parte social en la mesa de negociación (decreto de planificación, decreto de admisión del alumnado, o decreto de concertación). De cara a la redacción de la Ley, será imprescindible abrir vías y espacios de negociación con el personal.

Por todo ello, decimos NO a este Antepoyecto de Ley de Educación. Y, como los y las trabajadoras de educación tenemos mucho que decir, hacemos un llamamiento para participar en las movilizaciones que hemos organizado bajo el lema OBJETIVO:  PÚBLICA, EUSKALDUN Y PROPIA. “NO a este Anteproyecto de Ley de Educación, construir la ley con las trabajadoras y los trabajadores”.

Asimismo, en caso de que las reivindicaciones de los sindicatos no se contemplen en la redacción definitiva del Anteproyecto de Ley de Educación, haremos una valoración de las movilizaciones y dinámicas de huelga, y definiremos futuras dinámicas de movilización durante el periodo de tramitación en Parlamento Vasco.