A raíz de la participación de la Policía Municipal de Bilbao esta pasada noche en el desalojo del local de Arrakala en Alde Zaharra, el sindicato LAB quiere expresar lo siguiente:
– Denunciar la utilización de la Policía Municipal en funciones de orden público que no son de su competencia. Otra vez nos encontramos ante una nueva expresión de la deriva autoritaria y represiva a la que el gobierno municipal está llevando a la Policía Municipal de Bilbao. Cada vez aleja más a ésta del modelo de policía de proximidad que supuestamente defiende.
El hacer frente a problemas sociales mediante la represión es totalmente contradictorio con la idea de una policía de proximidad basada en la colaboración con los agentes sociales y en la mediación. La alcaldía y el gobierno PNV-PSE están aumentando la brecha entre la policía municipal y la ciudadanía en vez de reducirla.
– El gobierno municipal ha reventado el acuerdo de seguridad, aprobado en pleno por unanimidad. Asimismo, Amaia Arregi, alcaldesa en funciones, hace caso omiso a la declaración unánime del Comité de Empresa del Ayuntamiento en la que se insta al Equipo de Gobierno a no utilizar a los trabajadores y trabajadoras municipales en los desalojos de viviendas por desahucios, así como a no convertir a los trabajadores y trabajadoras públicos en instrumento al servicio de los intereses de la banca y los intereses privados, en general.
– Exigimos a la alcaldesa y al PNV-PSE que paren esta dinámica represiva y no participen ni apoyen los desahucios que están programados para los próximos días.
En este sentido, el desalojo del espacio Arrakala hemos de contextualizarlo. La problemática de la vivienda se está agudizando a raíz de la crisis del covid-19, encontrándonos en estos momentos inmersas en un ataque contra los y las trabajadoras y contra el derecho universal a la vivienda. Esta misma semana, a parte del desalojo de Arrakala, en Bilbo se prevén al menos otros dos desahucios, siendo esto una muestra más de que se están priorizando el capital financiero e inmobiliario por encima de los derechos de la clase trabajadora.
El derecho universal a una vivienda digna, a parte de ser un principio político de primer orden, es una necesidad material urgente para miles de familias. El sindicato LAB tiene claro que su lugar es estar en primera línea en la defensa de ese derecho. Animamos asimismo a todas y todos los trabajadores a participar de manera activa evitando todos estos desahucios que se quieren materializar.