Las mutuas patronales han estado desaparecidas durante los momentos más duros de la pandemia y ahora, han conseguido lo que venían reclamando desde hace meses, la posibilidad de vacunar contra el covid-19 en las empresas. LAB considera que la administración de la vacuna debería realizarse por parte del sistema público de salud, tal y como correspondería a una posición en defensa del sistema público de salud y contrario al negocio de las mutuas.

La Seguridad Social está ultimando un convenio de colaboración con la Fundación CEOE y con las mutuas como fórmula para reforzar el sistema de salud pública, alegando que próximamente van a llegar muchas más vacunas y que los centros públicos de salud no tendrán recursos suficientes para poder vacunar.

Han apostado nuevamente por privatizar, es decir, ampliar el nicho de negocio de las asociaciones privadas de empresarios que son las mutuas patronales, autorizando que la vacunación de trabajadores y trabajadoras frente al covid se realice por parte de éstas.

Para lo cual, pese a que no conocemos los términos del convenio, se abre una nueva vía de financiación y se les suministrará material fungible, formación a los y las trabajadoras de las mutuas.

Los gastos de las mutuas por la dedicación de sus recursos humanos y materiales serán a cargo de la Seguridad Social, para lo que aprobará una partida para asumir dichos gastos, es decir, se destinará dinero publico a manos privadas.

Esta privatización de la vacunación trae además otros daños colaterales, consecuencias que pueden poner en riesgos nuestro derecho a la intimidad, ya que puede existir riesgo de que, con la excusa de la pandemia, se les permita a las mutuas acceder a la historia clínica individual, algo que vienen años demandando desde hace años y supondría un grave ataque a los derechos a la salud de los y las trabajadoras.

Incluso puede existir el riesgo de que la vacunación por parte de la mutua ponga en cuestión la libertad del trabajador o trabajadora a la hora de optar por vacunarse o no vacunarse, al existir la posibilidad real de usar su decisión con fines discriminatorios en el trabajo o en la renovación de su contrato.

Solo la dispensación de la vacuna desde atención primaria de los centros públicos de salud puede garantizar el dar cumplimiento efectivo a los criterios de priorización de colectivos a mayor riesgo de exposición o de mayor gravedad de la enfermedad dictados desde los intereses de la salud pública.

La salud laboral debe contemplarse como parte de la salud pública y no de forma parcializada, para lo cual reclamamos capacidadnormativaparadecidirenEuskal Herrialaspolíticasdeseguridadysaludlaboral,paraasípoderdesarrollarun sistema público de protección y prevención propio, que tenga como prioridad la salud de las personas, libre de mutuas patronales.