Los sindicatos LAB, CCOO, ELA y UGT continuamos con las movilizaciones en las instalaciones deportivas de Nafarroa tras los dos días de huelga celebrados el pasado mes de agosto, con el fin de desbloquear la negociación del convenio sectorial de empresas de gestión deportiva, cuya vigencia finalizó el pasado 31 de diciembre de 2020.

De este convenio dependen las condiciones de trabajo de unas 2.000 personas, mayoritariamente mujeres y jóvenes, con salarios y condiciones precarias. La patronal está bloqueando la negociación desde hace meses y mantienen encima de la mesa una propuesta absolutamente insuficiente ante el aumento de la inflación de los últimos meses (incremento del 3,5% de los salarios de tablas).

Ante esta propuesta, los cuatro sindicatos con representación en el sector, estamos comprometidos a defender un convenio que garantice al menos la subida del IPC, y que incluya mejoras tan importantes como la reducción de la jornada de trabajo, la mejora de la cobertura salarial en caso de bajas y un sistema de mejora de empleo real y efectivo para tratar de reducir la parcialidad de la contratación, absolutamente mayoritaria en el sector.

Entendemos que exigir el IPC no es una reclamación desorbitada en un sector con salarios bajos. Renunciar a ello sería permitir el empobrecimiento de las personas que trabajan en el sector. Pese a ello, la patronal ya nos ha anunciado que no modificará su propuesta, por lo que la huelga dará inicio más que probablemente el 18 de octubre.

LAB, CCOO, ELA y UGT hacemos un llamamiento a quienes trabajan en el sector a sumarse a la lucha por un convenio justo y razonable. Llegados a este punto, y tras más de 20 meses sin convenio, la movilización del sector es de nuevo imprescindible ante una patronal que, como ya es tradicional en este sector, no tiene ningún interés en mejorar las condiciones de trabajo.

Por último, recordar que la inmensa mayoría de las instalaciones afectadas por la huelga son de titularidad pública, por lo que los ayuntamientos tienen una responsabilidad. Las instituciones deberían velar por eliminar la precariedad del ámbito de los servicios públicos, y, para ello, es imprescindible que los criterios de adjudicación no primen la oferta más barata, puesto que ello siempre va en detrimento del empleo y de sus condiciones.