Incluso antes de la llegada de la pandemia, vivíamos en un contexto general de emergencia de vivienda, que aumentaba la vulnerabilidad económica y social. Han pasado 12 años desde que estallara la burbuja inmobiliaria y la crisis, y ha faltado la voluntad política de las administraciones vascas para convertir lo que antes fue una emergencia residencial, hoy, en una crisis estructural. Desde entonces, el riesgo de pobreza ha aumentado un 41,4%. El aumento desmesurado de los alquileres y la pérdida de poder adquisitivo y de los salarios derivados del proceso de precarización del ámbito laboral han convertido las hipotecas impagables en alquileres impagables.
A pesar del desarrollo legislativo del derecho social y económico a la vivienda en la CAPV (2015) y Navarra (2018), el derecho no se ha materializado realmente en ningún lugar. En lugar de responder con políticas efectivas ante la emergencia de vivienda, han hecho de la vivienda una mercancia sistema neoliberal depredador. El COVID 19 ha acelerado estas opresiones sistémicas.
Como hemos insistido en las últimas semanas, Euskal Herria no es ningún oasis. Son cientos de personas, tanto en núcleos urbanos como rurales, que se encuentran en riesgo de perder su vivienda por la imposibilidad de pagar hipotecas o alquileres desmesurados, porque se les ha acabado el contrato sin renovarlo, porque viven en viviendas de protección oficial compradas por fondos buitre como Azora, Blacstone, Catella, o porque son expulsados de las viviendas que han encarecido por procesos de turistificación y gentrificación.
Asimismo, ante esta ofensiva neoliberal, estamos viendo florecer en toda Euskal Herria la organización popular para la protección entre vecinas y trabajadoras, y el clamor de la defensa del derecho a la vivienda extenderse entre numerosos movimientos sociales.
Al sindicalismo corresponde hacer una defensa firme de los derechos sociales. Por eso desde LAB, exigimos prioritariamente que se paralice la sangría de desahucios, que se regulen los alquileres en el mercado libre, que se ponga coto a las viviendas turísticas, y exigimos que se incremente el parque público. Reivindicamos que la vivienda debe ser estratégicamente propiedad pública y comunitaria.
Para ello, nos corresponde crear alianzas con agentes y colectivos que trabajan en este ámbito y actuar mano a mano en la construcción de un gran muro popular frente a quienes pretenden convertir la vivienda en negocio. Para que nadie esté sin hogar, nos corresponde fomentar la solidaridad entre las trabajadoras y ofrecer espacios organizativos. Y prioritariamente, nos corresponde llevar la reivindicación de este derecho humano universal a los centros de trabajo y a las calles, participando en las movilizaciónes a favor de la vivienda.
Por lo tanto, desde LAB hacemos un llamamiento a participar en la manifestación que se celebrará mañana, día 22, en Donostia. ¡La vivienda no es negocio! ¡Derecho a la vivienda!