Utiliza para ello a Mutualia, que no reconoce la procedencia laboral de los accidentes ocurridos en el trabajo, siempre usando como coartada las minusvalías del personal y evitando reconocer los daños causados por el trabajo.
El comité de empresa de GUREAK denuncia el endurecimiento de esta mala praxis por parte de Mutualia, en alianza con GUREAK, de la cual se han conocido diferentes ejemplos los últimos años pero en la actualidad se está generalizando.
Con decenas de ejemplos en los últimos meses, accidentes traumáticos acaecidos en horas de trabajo, comunicados a Mutualia por el propio servicio de prevención de GUREAK, han sido denegados como contingencia profesional y han sido derivados a contingencia común, teniendo que ser atendidos por personal de Osakidetza.
Está praxis que puede parecer inofensiva condena al personal de GUREAK de baja por contingencia común a recibir un salario en ocasiones de no más de 600 euros (muy por debajo del SMI) y por consiguiente, debido a la extrema precariedad, en muchas ocasiones se ven obligados y obligadas a pedir altas voluntarias e incorporarse al trabajo lesionadas o enfermas. Las personas trabajadoras que sufren este fraude tienen diversidad funcional y muchas de ellas sufren afecciones mentales.
De este modo, GUREAK usa de brazo ejecutor a Mutualia para llegar a sus objetivos de controlar las bajas. Desde el comité iniciamos procesos de cambio de contingencia pero estos requieren procesos sindicales y jurídicos complejos a los que mucha parte del personal que los sufre no tienen acceso. El resultado de esta fraudulenta forma de hacer por parte de la empresa es que los y las trabajadoras no ejercen su derecho a la baja y se reincorporan enfermas o lesionadas.
El comité de GUREAK ha hecho pública esta situación y llevará a cabo una ronda institucional para poner soluciones a una injusticia empresarial que se ceba con los sectores más sensibles de la sociedad.
Queremos poner soluciones para impedir situaciones de este tipo. La Diputación de Gipuzkoa es la principal promotora económica de los centros especiales de empleo. La diputación tiene la capacidad de limitar estos abusos delimitando las condiciones de contratación en los pliegos de contratación de promoción pública. Se debe impedir una práctica empresarial abusiva que utiliza dinero público para ello. La contratación pública requiere de pliegos que impidan la contratación de Mutuas en los sectores que utilizan a personas con diversidad funcional, realizando esta directamente con la seguridad social.